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Diana Lastiri y Alexis Ortiz
“La instrucción dada en el sentido de dejar del aplicar los contenidos constitucionales y realizar el manejo de diversos aspectos y cuestiones vinculadas a la educación mediante procedimientos y medios ajenos a los previstos por la Constitución (...) genera el riesgo de que se produzcan vulneraciones mayores a los derechos de niñas, niños y adolescentes”, señaló la CNDH.
Subrayó que “nada debilita más al Estado de derecho y a las instituciones que el hecho de que se promueva y ordene desde las instancias de poder el que la ley se desconozca, se incumpla y se deje de aplicar. Los derechos humanos sólo pueden ser vigentes en un entorno de legalidad, donde se respeten las atribuciones y funciones constitucionalmente concedidas a autoridades y poderes”.
Por ese motivo, la dependencia hizo un llamado al Jefe del Ejecutivo para apegarse a la Constitución y rectificar los términos de su memorándum en favor de la infancia y el derecho a la educación.
El pasado 16 de abril el Presidente de la República firmó un documento para derogar “la mal llamada reforma educativa” impulsada en el sexenio anterior, pues consideró que el marco jurídico educativo actual no asegura la calidad en las escuelas y debe ser modificado.
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Al emitir su postura sobre el tema, el consejo señaló que es preocupante que el documento no está debidamente fundado y motivado, por lo que en sí mismo resulta contrario a la Constitución.
“El memorándum emitido por el Presidente viola el principio constitucional de la división de poderes, al desvirtuar de facto el contenido de las disposiciones constitucionales en materia educativa, ya que con este documento el Presidente de la República invade atribuciones no sólo del Poder Legislativo sino del Constituyente Permanente al ‘arrogarse facultades extraordinarias para legislar’”, indicó.
“México tiene complejos y profundos problemas sociales, pero ninguno justifica que para solucionarlo se violen los principios de nuestra Constitución”.
Al respecto, el Consejo General de la Abogacía Mexicana coincidió en que al impedir la ejecución de una ley vigente y un mandato constitucional, los funcionarios a quienes está dirigido el memorándum también podrían ser responsables penalmente, al no cumplir con su deber como servidores públicos.
Señaló que la solicitud de López Obrador de dejar sin efecto la reforma educativa implica una “clara transgresión a la protesta que rindió como Presidente de ‘guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen’”, misma que además es obligatoria para todos los servidores públicos del país.
“El Poder Ejecutivo no puede abstraerse del ejercicio de una de sus principales atribuciones constitucionales, que es ‘promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión’. No hacerlo es un franco desacato a lo dispuesto en la fracción primera del artículo 89 de la Constitución”, indica el documento firmado por el presidente del consejo, José Mario de la Garza.
El Consejo General de la Abogacía Mexicana es un organismo que une a los colegios de abogados más prestigiados de México: Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados; la Barra Mexicana, Colegio de Abogados y el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. La postura de los abogados se difundió en redes sociales, donde el ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz calificó de técnicamente impecables sus argumentos.
