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Por los temblores de septiembre, la Cámara de Diputados aprobó para el Fonrec una ampliación presupuestal de 2 mil 500 millones, a los que se sumaron otros 279.3 millones a los que renunciaron los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Encuentro Social (PES).
Uno de los supuestos beneficios de los créditos del Fonrec es que los estados únicamente están obligados a pagar los intereses de la deuda, mientras que el capital se toma del fondo, por lo que dicho esquema no debería comprometer sus finanzas. En los hechos esto no se cumple.
El estudio detalla que hasta ahora la deuda de estos tres estados ha generado 68.1 millones de pesos de interés. Oaxaca, con 51 millones, es la entidad que acumula mayores intereses, de los cuales sólo ha pagado 7 millones. Le siguen Morelos, con 12.5 millones, de los que se han pagado 2.6. En el Edomex el monto es de 4.6 millones, y se ha pagado un millón de pesos.
La diferencia entre lo que cada entidad ha acumulado por intereses de la deuda se debe a que cada una adquirió el préstamo en diferentes fechas y a una tasa distinta. En el caso de Morelos, la deuda se contrató en 2017, y en Oaxaca y Edomex la dispocisión de la deuda fue en 2018.
El esquema crediticio del Fonrec, con el que se le prestan recursos a las entidades, ha sido criticado tanto por la Comisión Nacional de Gobernadores (Conago) como por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Tras su creación, en 2011 la Conago aseguró que el Fonrec “no resuelve en el corto y mediano plazos las necesidades derivadas de la urgencia de la reconstrucción [por desastres naturales] e incluso compromete su capacidad crediticia futura”.
A su vez, la ASF en su auditoría financiera 16-0-06100-02-0037, revela que los intereses que pagan las entidades por préstamos del Fonrec superan 1.6 o más veces el capital, como ocurrió en los casos de Jalisco, Baja California y Oaxaca en la revisión de la Cuenta Pública de 2016, por lo que recomendó evitar construir mecanismos financieros de este tipo.
Estos señalamientos son retomados por las organizaciones civiles Transparencia Mexicana y Fundar, que sostienen que el uso de este esquema de financiamiento diseñado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) limita la viabilidad financiera de las entidades federativas para atender otras prioridades, pues compromete sus recursos futuros del Fondo General de Participaciones hasta por dos décadas.
Sobre el destino de estos recursos obtenidos a través de deuda, el gobierno del Edomex informa apenas la aplicación 6.7 millones de pesos; mientras que el de Morelos no reporta este crédito. “No se conoce el avance físico y financiero de las obras realizadas”, afirman las organizaciones.
