Crean observatorio de DH sobre México
La integran 10 ONG de Europa, EU y AL; Ley de Seguridad Interior, un retroceso: afirman
Una decena de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos de Estados Unidos, América Latina y Europa anunció ayer en Costa Rica la creación del Observatorio Internacional sobre México, que tiene la función de monitorear y documentar “el deterioro de la situación de los derechos humanos” en el país tras la aprobación de la Ley de Seguridad Interior en el Congreso que, afirman, “implica un grave retroceso para una nación que ya se enfrenta a niveles de violencia sin precedentes”.
Los fundadores del observatorio son Amnistía Internacional (Reino Unido), la Organización Mundial contra la Tortura (Suiza), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Costa Rica, Argentina y EU), la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, así como la Fundación para el Debido Proceso, Latin American Working Group, la Oficina de Washington para América Latina, Open Society Justice Initiative, Peace Brigades International y Robert F. Kennedy Human Rights, de EU.
“Mientras México se aleja de los valores democráticos, el mundo lo está observando”, alertaron en una declaración conjunta, en la cual informaron que esperan que otras organizaciones internacionales se sumen.
La aprobación la semana pasada de la Ley de Seguridad Interior, primero en el Senado y luego en la Cámara de Diputados, generó controversia dentro y fuera de México.
La norma, afirmaron las agrupaciones, representa un retroceso para México, debido a que enfrenta niveles de violencia sin precedentes y una situación generalizada de violaciones a los derechos humanos, por lo que instaron al presidente Enrique Peña Nieto a que la vete.
“Lejos de abordar la impunidad generalizada de crímenes atroces —incluidos los cometidos por las Fuerzas Armadas en el contexto de la larga ‘guerra contra las drogas’— la Ley de Seguridad Interior consagra y fortalece el papel del Ejército y la Marina en tareas de seguridad públicas, reservadas para autoridades civiles”, aseguraron.
“Durante los últimos 10 años, esta estrategia de militarización ha aterrorizado a la población civil mediante ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos, mientras hay casos que han sido plenamente documentados y permanecen prácticamente en absoluta impunidad”, señalaron.
