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francisco.resendiz@eluniversal.com.mx
“Soy consciente de que este ordenamiento es especialmente sensible para la vida pública del país. Por eso no emitiré declaratoria de protección de seguridad interior en los términos de esta ley hasta que el máximo tribunal decida sobre su constitucionalidad”, indicó el mandatario.
Destacó que la Federación no dejará de auxiliar a los estados que necesitan el respaldo de las Fuerzas Armadas y que esta ley permite tomar conciencia sobre la urgencia de que las autoridades locales fortalezcan su capacidad para proteger a la población ante el crimen.
Aseveró que los retos que enfrenta el país en esta materia “son muy grandes y no nos permiten detenernos, no nos permiten equivocarnos y no nos permiten fallar”. Llamó a los gobernadores a seguir fortaleciendo las capacidades institucionales en el combate a la delincuencia.
El presidente Peña asentó que México necesita policías locales bien capacitadas y equipadas, sólidas y eficaces, que garanticen la seguridad de la población. Afirmó que sólo trabajando juntos con compromiso, perseverancia y visión de largo plazo “alcanzaremos el México en paz que todos anhelamos”.
Acompañado por el gabinete de seguridad nacional, el mandatario enfatizó ante los gobernadores, legisladores y representantes de la sociedad civil, que uno de los retos legislativos había sido regular la intervención de los efectivos militares y navales en la lucha contra las organizaciones delictivas.
Esgrimió que con el fin de superar este vacío legal el Congreso le remitió el decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior y afirmó que el espíritu de esta norma da certeza a la actuación militar en la preservación de la seguridad interior y establece límites a su uso discrecional.
Aceptó: “Durante la discusión y aprobación de la ley, por parte del Congreso de la Unión, distintas organizaciones de la sociedad civil, colectivos de derechos humanos y académicos han expresado que a su criterio el contenido de la ley es inconstitucional.
Por otra parte, el Consejo Nacional de Seguridad Pública instruyó a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), a la Procuraduría General de la República (PGR), al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y las autoridades estatales y municipales a elaborar el Protocolo Nacional de uso Legítimo de la Fuerza.
“Hoy más que nunca se exige que las corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno actúen en estricto apego al marco normativo, y específicamente con respecto a los derechos humanos”, comentó el mandatario poblano.
“Estimamos que es necesario contar con un protocolo nacional, toda vez que el uso de la fuerza se rige por principios internacionalmente aceptados, tales como la legalidad, racionalidad, gradualidad, oportunidad y necesidad”, puntualizó.
Esto, dijo, permitirá generar procesos de capacitación homologados.
Posteriormente, al presidir en el Patio de Honor de Palacio Nacional la III Sesión del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, el presidente Enrique Peña Nieto destacó la labor del gobierno de la República en favor de este grupo de la población y llamó a avanzar con determinación en su protección para asegurarles un mejor futuro.
