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“Pero la forma en cómo se resolvió (el inicio del ciclo escolar) provoca esta tensión en el marco jurídico”, insiste. En particular con los artículos de la Ley General de Educación que refieren sobre la certificación de los estudios, de la inclusión y equidad en el sistema educativo, y en el uso de las tecnologías de la información.
Desde el punto de vista de Samael Hernández, la SEP primero debió reformar los planes de estudio y ajustarlos a los mínimos necesarios.
Una vez que esos programas estén ajustados a la situación de la pandemia, entonces se publica el calendario escolar con los ajustes necesarios para ejercer esos programas especiales en el sentido de que son los mínimos que se pueden poner en práctica en estas condiciones.
“Es decir, aclarar que están reduciendo al mínimo para que se puedan aplicar en estas condiciones, en este periodo, incluso marcar que el periodo que no será presencial; en lugar de publicar un calendario escolar normal, como si continuaran las clases de forma presencial”.
Según el especialista, esta propuesta eliminaría las contradicciones en el marco legal porque facilita el proceso de certificación de los grados escolares. Explica que, en las actuales condiciones, será difícil que un estudiante cumpla con la totalidad de los contenidos educativos establecidos en el calendario escolar y que, según la ley, para acreditar un grado escolar se debe cumplir con al menos el 95% de la enseñanza de los contenidos.
“Porque entonces la falta de desarrollo de los programas no se va a reflejar en la certificación, eso técnicamente sería un grado fraudulento. Le estoy dando un certificado de secundaria a un muchacho que no tiene el nivel de aprendizaje requerido y van a ser muchos. Es el riesgo que se corre de facto, de instrumentar un calendario tal y como lo está planteando la SEP”.
Samael Hernández opina que la decisión del SEP, aunque problemática porque genera contradicciones con la Ley General de Educación, fue para cubrir la formalidad y con lo que establece el artículo tercero constitucional que señala el derecho a la educación.
