El clan Taddei ramificó su presencia en al menos 13 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) a donde llegaron funcionarios que, desde puestos clave, otorgaron contratos a las empresas del emporio de José Alfredo Hernández Casillas a través de concursos simulados.
EL UNIVERSAL publicó el lunes que el conglomerado de empresas de los hermanos Hernández Casillas recibió más de mil millones de pesos, desde 2014, de al menos 13 OPLE.
Parte del modus operandi era postularse como competidoras en diversas licitaciones para asegurar los fallos a su favor.
Además de estas simulaciones en 13 OPLE, en los institutos de Sonora, Oaxaca, Veracruz, Estado de México y Quintana Roo se pudo identificar que estaban activos funcionarios cercanos a la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, o designados bajo su presidencia, cuando se otorgaron contratos.
Tan solo en Sonora, el consejero presidente del Instituto Electoral local, Nery Ruiz Arvizu, ha sido compañero de relaciones institucionales de Guadalupe Taddei desde que ella presidía el organismo, en 2014. “Siempre ha sido mi jefa”, llegó a admitir el hoy consejero en alguna ocasión.
Aunque empresas como Comercializadora JVLY dejaron de ser contratadas en 2019 por el Instituto Electoral de Sonora, otras como Cajas Graf han sido adjudicadas en compras recientes.
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Por ejemplo, el año pasado se les otorgó un contrato de 29 millones 996 mil pesos para la compra del material de la elección judicial.
El fiscal de Sonora, Gustavo Rómulo Salas, aseguró que la dependencia estatal no tiene ninguna denuncia relacionada con las presuntas irregularidades que han colocado bajo escrutinio las contrataciones realizadas por organismos electorales.
Otro caso especial de unión entre Taddei y titulares de OPLE es el de Oaxaca, donde se dieron contratos al Corporativo Zeg por 32 millones de pesos y otro por 36 millones de pesos durante la gestión de Iliana Araceli Hernández Gómez como secretaria Ejecutiva del organismo local.
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Hernández Gómez es tan cercana a Taddei que la nombró directora de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del INE, hasta ayer, cuando presentó su renuncia a petición expresa de los 10 consejeros que se quedan en el instituto.
Además de eso, Iliana Hernández aparece en los videos y fotografías de las fiestas organizadas por los empresarios investigados y de los cuales se presume conflicto de interés y corrupción en la adjudicación de contratos en el INE, y los cuales llevaron a la renuncia de Guadalupe Taddei.
El modus operandi
Por ejemplo, en Quintana Roo, el último contrato que obtuvo una empresa del conglomerado de Hernández Casillas fue en 2022, cuando Mayra San Román Carrillo Medina era la consejera presidenta del Instituto Electoral en el estado.
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El contrato IEQROO/LPN/07/- 2022, por un importe de 29 millones 802 mil pesos, es uno de los que está bajo investigación de la Auditoría Superior de la Federación y fue otorgado en la administración de la exconsejera presidenta del IE Quintana Roo Mayra San Román Carrillo Medina.
Las contrataciones volvieron en 2025, cuando Guadalupe Taddei ya controlaba totalmente las operaciones en el INE y Rubí Pacheco Pérez llevaba dos años de presidenta en el organismo local.
En noviembre de ese año se nombró desde el Instituto Nacional Electoral a la consejera Patricia del Rocío Cortés Pastrana, quien había sido secretaria particular de Mayra San Román.
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Es el caso del contrato IEQROO/LPN/16/2025, por un monto de 34 millones 798 mil pesos, entregado a Litho Formas. En estricta teoría, Litho Formas ganó la licitación, pero tres de sus competidoras eran Cajas Graf, Gráficas Corona y Formas Finas y Materiales, empresas del conglomerado dominado por los hermanos Hernández Casillas.
El contrato fue otorgado durante la administración de la consejera presidenta del organismo local Rubí Pacheco Pérez, a quien han relacionado por ser cercana al consejero del INE Jorge Montaño, a su vez, cercano a Guadalupe Taddei.
Otro caso es el del Estado de México, donde pasó algo parecido: Francisco Javier López Corral, quien ha sido secretario Ejecutivo del Instituto Electoral por más de 13 años, ha autorizado varios contratos a empresas del clan Taddei.
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En 2023, para la elección de gobernador, el IEEM otorgó un contrato de 57 millones 325 mil pesos a una propuesta impulsada de manera conjunta entre Gráficas Corona, Formas Inteligentes y Litho Formas, todas empresas de Hernández Casillas.
Ante los señalamientos que pesan contra el secretario Ejecutivo del IEEM, la consejera presidenta del organismo local, Amalia Pulido Gómez, explicó que “cada uno de los procedimientos de adquisición —y en especial los que corresponden al de material y documentación electoral— se realizan de manera transparente y apegados a la norma.
“Ese año no se pudo realizar una licitación pública nacional, como se hace de costumbre, sino que se tuvo que recurrir a una adjudicación directa, de manera obligatoria por los tiempos en que se definió la celebración de esos comicios, que fue sólo tres meses y medio antes de la jornada electoral”, dijo sobre la adjudicación directa a la propuesta de las tres empresas.
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Esta misma forma de fingir competencia ocurrió en Veracruz, con el contrato 2/LPN/OPLEV-21- 114001002-002/2025, entregado por un monto de 113 millones 778 mil pesos a Litho Formas, en un concurso donde únicamente competía con Cajas Graf y Formas Finas y Materiales.
En el caso del OPLE de Veracruz, publicaciones de medios de comunicación locales señalan directamente a Luis Fernando Reyes Rocha, actual secretario Ejecutivo, de ser la mano detrás de ese contrato millonario.
El funcionario rechazó ayer tener relación con las empresas ligadas a la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei, y aseguró que, desde su toma de protesta, en enero de 2023 y a la fecha, el OPLE no mantiene ni ha tenido vínculo alguno ni relación contractual con las empresas ligadas a Alfredo Hernández Casillas, pero los contratos públicos comprueban lo contrario.
Los otros estados en donde se corroboraron compras con el mismo esquema de falsa competencia fueron Jalisco, Chihuahua, Sinaloa, Hidalgo, Campeche, Aguascalientes, Querétaro y Zacatecas, de acuerdo con las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación.
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