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Tijuana.— La Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) fue la que solicitó la aprehensión de Julio César Chávez Carrasco y otros 12 miembros del grupo de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.
EL UNIVERSAL tuvo acceso a la orden de aprehensión, fechada el 14 de enero de 2023 en la ciudad de Hermosillo, Sonora.
En el documento se establece que la orden de aprehensión fue solicitada por un agente “adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, dentro de la causa penal número 15/23”.
La orden es contra Ovidio Guzmán López, alias El Ratón; Archivaldo Guzmán Salazar, Martín León Romero, Marx García Rodríguez, Isidro García y/o Néstor Ernesto Pérez Salas, alias Nini y/o 09 y/o 19 y/o Chicken Little; Mario Alberto Gaspar Martínez, alias Pokémon; Germán González Monjaraz, Juan Pablo Vargas Báez, alias El Chuki; Antonio González Zermeño, Héctor Gustavo Cruz Fuentes, alias Tavo y/o Tigre; Andrés Felipe Espinoza Huerta, alias Chonqui; Néstor Alfredo García Rodríguez y Julio César Chávez Carrasco y/o Julio César Chávez Junior.
Archivaldo Guzmán es señalado como el líder de la facción de Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa.
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Chávez Junior fue detenido en Estados Unidos el 3 de julio pasado. Aunque la orden de aprehensión en su contra es de 2023, no pisó una cárcel mexicana hasta que fue deportado a México, el pasado 20 de agosto, y trasladado al penal de Hermosillo. Tres días después fue vinculado a proceso en una audiencia en la capital de Sonora.
A pesar de que el delito por el cual se le acusa es grave —delincuencia organizada— el juez ordenó su liberación al considerar que la Fiscalía General de la República (FGR) no acreditó la justificación para mantener la medida cautelar de prisión preventiva.
Los señalamientos en su contra son por presuntamente pertenecer a una célula del Cártel de Sinaloa que se dedica al tráfico de armas.
En esa misma audiencia el hijo del campeón mexicano se dirigió al juez y dijo: “Soy boxeador profesional desde hace 18 años y le he dedicado mi vida al boxeo (...) investiguen lo que tengan que investigar porque no tengo nada de ocultar”.
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Aunque Julio César llevará su proceso en libertad, el juez ordenó que no salga del país y que no hostigue al personal que encabeza la investigación.
“No hay pruebas suficientes”
Respecto al proceso contra Julio César Chávez Carrasco, el abogado Rubén Fernando Benítez, encargado de la defensa del boxeador, reconoció el trabajo de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), pero aseguró que las 21 pruebas presentadas en la audiencia son insuficientes, pues sólo nueve tienen relación con Julio César, y de ellas, sólo una está vinculada con un posible delito.
Parte de la evidencia, enfatizó Benítez, consiste en un análisis de redes sociales basados en publicaciones de usuarios y una serie de audios, resultado de intervenciones telefónicas que datan de 2020 a 2023, así como unos guantes del boxeador autografiados.
“El trabajo que hizo la fiscalía está excelente, mis respetos, sólo no estamos de acuerdo con el alcance que quieren darle en cuanto a mi cliente —a Julio César—, lo rechazamos”, advirtió.
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De acuerdo con el expediente y con el abogado, la prueba que vincula a Julio César Chávez Junior con el delito de delincuencia organizada, según el agente del Ministerio Público Federal, es un extracto obtenido a través de una intervención telefónica en el que una persona dice a otra que el pugilista golpeaba a personas bajo órdenes del cártel.
Según la evidencia presentada por la FGR, una persona no identificada relata que ha visto a Chávez Jr. en compañía de los otros acusados.
El testimonio
En el documento oficial se documenta una conversación en la que se expone: “que antier fueron y estaba Chávez, el Julio César Chávez Jr. que ahí se las lleva con ellos, y ya van dos veces que lo ven en ese lugar(...) Dice que estaba Markito Toys, el Gordo Toys y le dice a uno de los morros del Nini que le pegaron una verguiza, por lo que resulta que llevó a la novia a una oficina donde tienen una bola de levantados, argumentando que ahí lo tenía el Nini, dice que para eso le hablan a Julio, para pegarle a las personas, que los cuelga y que éste, refiriéndose a Julio César, los agarra como costal de box”.
Para Benítez, esa evidencia no es suficiente porque sólo se sustenta por una plática entre personas desconocidas o no identificadas por la autoridad, sin que se haya realizado un trabajo riguroso para corroborar que la información sea verdadera.
Además del resto de la evidencia, en donde acusan a Chávez Junior de pertenecer a un grupo del crimen organizado, ninguno de los datos de prueba se relaciona con el delito del que lo acusan, argumentó.
El abogado explicó que la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas presentó como evidencia al juez un análisis de redes sociales, es decir, capturas de pantalla tomadas de distintos grupos en Facebook, en los que usuarios no identificados realizaron publicaciones sobre el boxeador y sus presuntos nexos con el crimen organizado.
Otras de las pruebas fue el hallazgo de unos guantes de box firmados por el deportista en un inmueble cateado y asegurado por personal de la FGR.
La defensa explicó que las pruebas presentadas por la autoridad sirvieron para obtener una vinculación a proceso, pero no serán suficientes para una sentencia.
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Agregó que presentó una queja administrativa contra el sistema penitenciario, porque retuvieron a su cliente “hasta 18 horas de más”.
