Discriminación y desprotección jurídica, la vida de indígenas en Oaxaca

Discriminación, pobreza, exclusión social y huecos en el sistema jurídico, son problemas que persisten en la realidad de los pueblos indígenas de Oaxaca, y aunque se han dado pasos importantes en el tema a nivel internacional, el panorama local sigue desfavoreciendo a los representantes y propietarios de nuestra cultura.

Para el ex asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), Adelfo Regino Montes, la discriminación es un problema cotidiano que viven quienes pertenecen a una etnia y que hay que abatir desde la educación.

El error que solapa las conductas racistas y clasistas en la sociedad actual, explica, es el “asistencialismo atroz”, que practican los gobiernos de los tres niveles, otorgando dádivas. Por ello, señala que es urgente caminar hacia el desarrollo sostenible, que permita generar empleos y oportunidades.

Por su parte, según el presidente del consejo directivo del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Tradición (Cepiadet), Tomás López Sarabia, “mientras el racismo permee la mente del ciudadano mexicano y las políticas institucionales, difícilmente podremos ver resultados. Ello implica no solamente poner presupuesto, sino reconocer los derechos como han sido puestos en la Constitución, en la declaración de la ONU, en los tratados internacionales”.

Según el Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) 2010, en Oaxaca, hay un millón 165 mil 186 personas mayores de cinco años que hablan alguna lengua indígena, lo que representa al 34 por ciento de la población de la entidad. En contraste, Cepiadet señala que en Oaxaca 65.7 por ciento de la población se considera indígena, mientras que el 4.9 se considera afromexicana.

Declaración guía

Para el quien fuera secretario de Asuntos Indígenas en el sexenio estatal anterior, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas aprobada en Nueva York el 13 de septiembre de 2007 es el instrumento rector que debe servir de guía a los estados a n de legislar en materia de derechos, para garantizar una vida digna a las comunidades.

Recuerda que en 2014, se presentó la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca en Materia de Derechos de los Pueblos Indígenas y Negro Afromexicano, que pretendía armonizar las disposiciones de la ONU con las locales.

“El reconocimiento de los derechos colectivos que se propone en la presente iniciativa, nos plantea la necesidad de consolidar en nuestra Constitución, la categoría jurídica de pueblos indígenas y de reconocer, por primera vez en nuestra historia estatal, al pueblo negro afromexicano, ambos como sujetos de derecho, con personalidad jurídica de derecho público”, cita el documento presentado a la Legislatura.

Leyes insucientes

Previo a la propuesta que se llevó al Congreso local, en 2012 se realizó un proceso de reconocimiento y consulta para realizar la iniciativa. Fue hasta el 30 de junio de 2015 cuando se aprobó una parte que pretende garantizar los derechos electorales de los pueblos indígenas.

La reforma establece en su artículo 25, apartado C, fracción VII, que la asamblea general comunitaria es la institución de máxima autoridad de las comunidades y municipios indígenas y negro afromexicanas.

A pesar del paso hacia adelante, hay muchos temas pendientes. Adelfo Regino Montes indica que faltan los temas referentes a la autonomía, para fortalecer los procesos de organización en las comunidades. También, legislar en tema de tierras, territorios y recursos; el precepto legal resolvería conictos limítrofes, además frenaría la explotación que particulares realizan en tierras oaxaqueñas.

De éste último deriva también uno de los grandes huecos en derechos indígenas, el derecho a la consulta, que garantizaría que los habitantes de las comunidades serían tomadas en cuenta para el aprovechamiento de recursos naturales, para “no caer en el neocolonialismo, ni en la sobre explotación de recursos”, recalca el también defensor de derechos humanos.

Un problema es que los mal llamados Usos y Costumbres se convierten en abusos y costumbres, expresó al respecto el responsable del Cepiadet, López Sarabia. En las comunidades hay temas tan complejos como los que tienen las sociedades urbanas, las comunidades deben resolver sus conictos, sin la actuación de actores externos, completó.

Y añade: “El tema del reconocimiento del ejercicio de derechos, cruza por un racismo que atraviesa el país y que no deja que las comunidades indígenas se desarrollen, pues se les ve como incapaces de poder conducir su propio destino”.

Pocos avances

El panorama sigue siendo desalentador para el estado, sin embargo, las acciones van abriendo paso a posibilidades de legislar a favor de las comunidades indígenas. Cepiadet, por ejemplo, trabaja desde el ejercicio de la jurisdicción indígena para posibilitar que las comunidades resuelvan sus propios conictos desde la Constitución. “Hemos empujado procesos de fortalecimiento de las propias comunidades. Oaxaca es una de las únicas entidades que impulsó procesos de formación para servidores públicos”, señala.

En el tema de lenguas indígenas hay avances sustanciales en temas de presupuesto. Las necesidades requieren presupuesto público. En 2012 el poder judicial federal en Oaxaca registraba la asistencia de 20 intérpretes, En 2016, la cifra se quintuplicó, derivado del aumento de condiciones para su colaboración. El ejercicio anual de ese año contó con 600 mil pesos para erogar salarios; hasta el mes de julio de 2017, Cepiadet recibió 400 mil pesos para pagarle a traductores.

Actualmente, Oaxaca tiene 16 lenguas indígenas reconocidas con más de medio centenar de variantes dialectales, algunas de ellas, como el ixcateco, en proceso de extinción, al hablarlo solamente una docena de personas.