Ausentes. Investigan desaparición forzada
Derechos Humanos va por 6 casos que incluyen 10 víctimas; sus familiares acusan a agentes estatales
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) investiga seis casos de probable desaparición forzada que incluye a 10 víctimas, luego de las quejas interpuestas desde el 2016 a la fecha ante este organismo. Juan Rodríguez Ramos, visitador general del organismo autónomo, señala que aún no han emitido alguna recomendación contra la instancia responsable porque las investigaciones continúan, pero conforme a los avances de éstas, consideran que sí existe la posibilidad de que se trate del delito de desaparición forzada.
“Estos seis casos los estamos analizando porque se deben incluir ciertos elementos para considerarse, donde agentes del Estado sean los responsables o particulares con la complicidad del Estado”, indica; no obstante, niega que el crimen organizado esté involucrado en alguno de los casos.
Tres de estas quejas se recibieron en 2016 y el resto el 3 de marzo, 21 de julio y 21 de agosto de 2017, en las cuales los particulares han responsabilizado de la desaparición de sus familiares a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Agencia Estatal de Investigaciones, autoridades municipales y a la Secretaría de Marina (Semar).
Entre estas se encuentra el caso de linchamiento de cinco personas en San Francisco Jayacaxtepec, comunidad perteneciente al municipio de Totontepec Villa de Morelos, en la Sierra Juárez de Oaxaca, que fue denunciado el pasado 30 de enero. Las cinco víctimas fueron asesinadas y sus cuerpos hallados calcinados dos meses después dentro de una camioneta abandonada en un barranco de la localidad de Santa María Yacochi.
Sobre este caso, el visitador explicó que pese a que tienen identificadas a las autoridades municipales de la comunidad como los responsables, es investigado como desaparición forzada porque los compañeros universitarios de una de las víctimas, Higinio Martínez Marcial —pasante de Derecho, quien fue linchado—, interpusieron nuevamente una queja ante la DDHPO el pasado 21 de agosto de este año bajo este delito.
México es una fosa
Del año 2006 al 2017, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reportó la localización de mil 143 fosas clandestinas en el país, las cuales contenían tres mil 230 cadáveres. De estas fosas, siete fueron ubicadas en el estado de Oaxaca en las que se hallaron ocho cuerpos humanos; lo anterior, de acuerdo con el Informe Especial sobre Desaparición Forzada y Fosas Clandestinas en México 2017.
La Defensoría afirma que hasta el momento no tiene registrado algún hallazgo de fosas en Oaxaca, pero sí investiga, desde más de cinco meses, a un velatorio en Ciudad Ixtepec, en la región del Istmo de Tehuantepec, donde aparecieron ocho cadáveres que no habían sido puestos a disposición del Ministerio Público.
A la fecha, aún no han identificado a las personas y, de acuerdo con el visitador, es probable que se trate de desaparecidos porque nadie los ha reclamado. “Estamos investigando las irregularidades en las que pudo haber incurrido el velatorio, trabajamos con la Secretaría de Salud y la Fiscalía General del Estado para la identificación de las víctimas y si hay otros casos de este tipo”, explica el visitador.
Aunque hasta el momento, la DDHPO no ha emitido recomendaciones sobre desaparición forzada, sí lo ha hecho por tortura y privación ilegal de la libertad; en dichas recomendaciones se identificó como responsable al Estado.
Entre estas resoluciones se encuentran la del 21/2011 donde se responsabiliza a la Agencia Estatal de Investigaciones de torturar y privar de la libertad a una mujer, esposa de un probable responsable de un asalto a la empresa de valores Cometra. Se confirmó que la persona fue víctima de tortura física y psicológica, además que estuvo en prisión cuatro años.
Otra resolución es la del 26/2011 en contra de la Policía Estatal, en Puerto Escondido, donde elementos de seguridad detuvieron ilegalmente a una mujer y un hombre, representantes de un bar, quienes fueron torturados luego de que un agente ministerial fuera baleado.
En el 2012 también se emitió una recomendación por tortura y privación de la vida contra policías de la capital por la detención de un individuo que fue golpeado y murió debido a las lesiones. La más reciente fue la número 13/2015 por el delito de tortura física y psicológica contra seis mujeres recluidas en el penal de Tanivet, en Tlacolula de Matamoros.
El 14 de febrero de ese año, las mujeres fueron desnudadas frente a los guardias, les pusieron perros, las maltrataron y encerraron por tres días en un lugar inadecuado, violentando de esa forma sus derechos humanos.
Este hecho sucedió horas después de que un grupo de internas protestara en el comedor del Centro de Readaptación Social Femenil para exigir mejores condiciones de vida.
