Aumentan violaciones a derechos humanos en Oaxaca

La violación a derechos humanos en el estado de Oaxaca se ha incrementado y actualmente, involucran a comunidades enteras o a pueblos indígenas, de acuerdo organizaciones de la sociedad civil.

Asociaciones como Código DH y Servicios para una Educación Alternativa (Educa), aseguraron que se deben a la implementación de grandes proyectos de desarrollo o megaproyectos en territorios indígenas.

De manera contraria, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) redujo a la mitad el número de recomendaciones emitidas por este tipo de violaciones, en comparación con las que dio a conocer en el año 2016.

Alba Cruz Ramos, abogada e integrante de la organización Código DH, afirmó que los megaproyectos son sólo una de las partes en donde hay la omisión de derechos humanos; también advirtió un incremento en los casos de tortura o de agresiones a las protestas sociales como marchas y plantones por fuerzas de seguridad pública.

“Hay muchas recomendaciones, más reconocimiento tanto de organismos internacionales como de personas en la defensa de sus derechos, pero la situación del respeto y la garantía desde las mismas instancias gubernamentales o desde los agentes del Estado, no. No ha mejorado, ha empeorado”, sostuvo.

Este 10 de diciembre se celebra el Día de los Derechos Humanos, que coincide con la Declaración Universal de Derechos Humanos y que el próximo año cumplirá su 70 aniversario.

DDHPO, menos recomendaciones

Mientras las asociaciones civiles advirtieron un aumento en la incidencia, la DDHPO sólo emitió este año la mitad de las recomendaciones de 2016 y desde el año 2013 no emite una “declaración especial” que advierta graves violaciones a un sector de la sociedad.

El año pasado, la Defensoría resolvió 16 recomendaciones. Pero recibió un total tres mil 131 quejas o denuncias en los que se habrían violentado el derecho al agua, agua potable y saneamiento; de asociación; de circulación y residencia; conciencia y de religión; al debido proceso, garantías judiciales; a defender los derechos humanos; a la educación; a no sufrir desaparición forzada; igualdad ante la ley y no discriminación; a la seguridad jurídica; entra otras.

En el 2017, según su información estadística, únicamente ha emitido siete recomendaciones. Estas están relacionadas con violaciones a los derechos humanos de la niñez y a la identidad; a la educación; a la salud; a la integridad personal; a la vida y a la seguridad jurídica.

Las principales autoridades señaladas ante la DDHPO son las municipales, la Fiscalía General de Justicia del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y el Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Incrementa la tortura

La abogada de Código DH, Alba Cruz, advirtió un incremento en los casos de tortura y nuevos patrones de tortura, en donde lo que impera es la impunidad.

Según datos de la asociación civil del 2007 a finales del 2016, se presentaron más de siete mil 695 quejas por tortura en las comisiones estatales de derechos humanos y en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Si se incluyen las quejas calificadas como tratos crueles, inhumanos y degradantes, el total aumenta a más de doce mil quejas anuales en años recientes. En el mismo periodo, la CNDH ha emitido al menos 144 recomendaciones en donde se aprecian actos de tortura, que involucran a 730 víctimas.

La organización, sin embargo, no precisó sobre cuántos casos hay registrados en el estado de Oaxaca.

“Hay distintos agentes de gobierno”, apuntó “que están involucrados a lo largo de toda esta cadena donde empieza esta tortura hasta llegar al momento de las violaciones al debido proceso, de la falta de impartición de justicia, de la falta de acceso a la justicia; de las víctimas o de aquellos que sufren algún tipo de violación a los derechos humanos”.

Megaproyectos y derechos

Para Educa, las inversiones económicas que se han anunciado en Oaxaca, entre las que se encuentran 67 proyectos de presas hidroeléctricas, 21 parques eólicos, 299 concesiones mineras vigentes hasta 2016, 2 gasoductos, construcciones inmobiliarias para turismo, además del anuncio reciente de la implementación de la Zona Económica Especial del Istmo de Tehuantepec, han provocado una serie de agresiones hacia defensoras y defensores del territorio, quienes realizan su trabajo en contextos comunitarios, rurales e indígenas.

Dentro de las agresiones más comunes se encuentran: las amenazas, agresiones directas, criminalización y procesos de judicialización y detención arbitrarias. “Los principales agresores se encuentran caracterizados por ser caciques locales, presidentes y cuerpos de seguridad municipal, además de grupos de choque contratados presuntamente por las empresas ligadas a determinado proyecto de inversión”.

Asimismo, sostiene que el sistema de justicia, ha sido utilizado para generar procesos judiciales contra defensoras y defensores, fabricando delitos y criminalizando la defensa de derechos humanos.

CNDH y DDHPO

Alba Cruz aseguró que los organismos públicos defensores de derechos humanos han demostrado no ser autónomos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por ejemplo, “quedó mucho a deber a todos los mexicanos por su última recomendación sobre los hechos ocurridos en Asunción Nochixtlán, en la que avaló la violación a derechos humanos y fue omisa en los casos de tortura”.

Mientras que la DDHPO, dijo, no se ha atrevido a denunciar muchos casos de violación a los derechos humanos pese a tener conocimiento de ello.

“No se han atrevido a dar el paso que les corresponde como un organismo autónomo, no hacen las denuncias cuando los afectados están limitados a hacerla o falta de confianza en las instituciones; la DDHPO que tiene esa obligación tampoco lo hace, por ser omisa”, afirmó.

Educa, por su parte, advirtió que pese al avance y reconocimiento de diversas leyes y mecanismos en el país y en el estado de Oaxaca para garantizar el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, existe una grave contradicción en los procesos de defensa comunitarios, además del poco interés mostrado por las autoridades estatales y federales en el tema de protección, hemos observado que no existen políticas encaminadas a resolver dichas agresiones.

“Tal es el caso del gobierno de Alejandro Murat quien en sus diferentes discursos no contempla una agenda de derechos humanos, y por ende en protección hacia personas defensoras”, aseguró.

Aun así, la representante de Código DH opinó que el Día de los Derechos Humanos es un día para celebrar como sociedad; sin embargo, también insistió en que es necesario que se avance en el reconocimiento de la sociedad sobre sus derechos, ejercerlos y que las instituciones garanticen los mismos.