Sin avances, ley de pueblos indígenas

Han pasado cuatro años desde que la empresa Plata Real dejó de extraer oro y plata de la zona montañosa  de Magdalena Teitipac, un municipio de los Valles Centrales, pero aún se mantienen procesos penales contra 40 pobladores que defendieron sus tierras y exigían una consulta previa a la operación minera.

Fernando Martínez Molina,  ex tesorero del Comisariado de Bienes Comunales, explica que la lucha de la comunidad contra la minera inició hace nueve años, cuando la mayoría de habitantes y autoridades comunales reclamó la incursión de la empresa en su territorio.

“No hubo ninguna consulta previa ni información al pueblo; un año después empezaron a abrir brechas, los animales murieron y lo que más encabronó a las mujeres es que el agua que usaban para la elaboración de tortillas estaba contaminada”, platica.

El ex tesorero dice que fue la Secretaría de Economía la que en 2009 otorgó la concesión para la minera, con la aceptación del entonces comisariado de Bienes Comunales,  Andrés Molina. Esa decisión inconformó a la población indígena que, a pesar de no contar con una ley que proteja sus derechos, emprendió y mantiene una lucha en defensa de su territorio.

La situación de Magdalena Teitipac se repite en decenas de comunidades que a pesar de contar con una organización, sus derechos no son respetados por los gobiernos federal y estatal, pues no existe una legislación que reconozca jurídicamente el valor y la autonomía de los 16 grupos étnicos de Oaxaca.

Aunque se han propuesto iniciativas de ley para garantizar los derechos de los pueblos originarios, el Congreso de Oaxaca ha congelado estos proyectos, uno de ellos es la reforma a la Constitución Política estatal, que este 21 de marzo cumple cuatro años estancada, desde que en 2014 fuera presentada por el ex gobernador Gabino Cué Monteagudo.

Una ley urgente

La propuesta de ley que este mes cumple cuatro años  surgió en 2012 y pugnaba que los pueblos indígenas y afromexicanos de Oaxaca sean respetados jurídicamente. Su nacimiento se dio luego de 24 foros realizados en  diversas regiones del estado  en los que participaron 5 mil personas, entre ellas mil 500 autoridades de 273 municipios, 250 representantes agrarios y cerca de 500 integrantes de organizaciones indígenas, así como  instituciones académicas.

El contenido de esta iniciativa de ley exige, entre varios derechos, el respeto a la libre determinación y autonomía de las comunidades, la consulta previa a  legislaciones o decisiones sobre su población, la protección de sus territorios y sus recursos naturales para que estos estén al servicio de las comunidades, y  el reconocimiento de los saberes intelectuales colectivos para evitar el plagio de sus creaciones culturales y artísticas.

Para el activista mixe Joaquín Galván, la aprobación de esta ley es necesaria y urgente, no porque los pueblos indígenas ignoren que históricamente sus recursos y territorios le pertenecen, sino para que el mismo gobierno respete su autonomía, pues ha sido éste quien ha incurrido en las violaciones a sus derechos.

“El Estado impone nuevas reglas jurídicas ajenas a su sentir y pensar”, expone, al señalar que las leyes establecidas en la Constitución han sido, hasta ahora, discriminatorias hacia 70% de la población indígena e incluso generadoras de violencia política los  estos pueblos.

Contrario a esa necesidad, el ex secretario de Asuntos Indígenas, Adelfo Regino Montes, asegura que el  desinterés por aprobar esta iniciativa de ley viene desde el gobierno federal,  que hace cuatro años modificó su contenido y mutiló 21 de los 40 artículos originales. La razón, explica, es de naturaleza económica.

La modificación al proyecto legislativo fue hecha, en su momento, por la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), instancias federales presididas en ese entonces por Miguel Ángel Osorio Chong y Nuvia Mayorga Delgado.

“El PRI siempre buscó pretextos para no aprobarla. La Segob y la CDI, al detener este proceso de reforma, violentaron la soberanía de Oaxaca y el procedimiento legislativo” señala Regino Montes, quien encabezó el desarrollo de la iniciativa. Una vez mutilada la iniciativa, en 2016 el Congreso de Oaxaca avaló un dictamen donde sólo aprobó 19  artículos vinculados a la reforma político-electoral y al sistema anticorrupción, dejando de lado el reconocimiento de los derechos de  comunidades indígenas, necesario para su desarrollo y trascendencia.

—Nuestros pueblos viven en graves condiciones de marginación, de exclusión, de pobreza, estamos hablando de los pobres entre los pobres, reitera el defensor de los derechos de los pueblos del estado, señala.

Pueblos invisibles

No sólo este proyecto  está rezagado, también se encuentra detenida la ley de derechos lingüísticos de los pueblos originarios presentada  en   2016, con la que se pretendía el rescate y la conservación de las 16 lenguas maternas de Oaxaca que, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en  2010 eran habladas por un millón 203 mil 150 personas.

Para Regino Montes, quien  también fue asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el estancamiento de ambas iniciativas  se traduce en una invisibilización de los pueblos originarios, que  no parece próxima a terminar porque legislaturas han pasado y ambas propuestas de ley quedaron en el olvido.

 Actualmente, la Comisión de Asuntos Indígenas de la 63 Legislatura local no ha retomado estos proyectos legislativos ni para debatirlos.

Eufrosina Cruz Mendoza, diputada panista integrante de esta comisión, confirma que ambos proyectos, al igual que otros referentes al tema, están detenidos; unos porque fueron propuestos en legislaturas pasadas, y otros por su naturaleza “polémica” y por estar relacionados con la impartición de  justicia.

“Como Comisión, depende de la presidenta y ya feneció la anterior  legislatura y todos los documentos, ya no hay materia que dictaminar”. Cruz Mendoza agrega que  dentro del Congreso existen “miedos y tabúes” para aprobar iniciativas en favor de los pueblos originarios de Oaxaca.