Van 118 agresiones a la prensa en Oaxaca
De esa cantidad sólo 5 llegaron a un juez; DDHPO tiene 154 expedientes sólo de 2016 a la fecha
“¡Abre la puerta o disparamos!”, grita amenazante una y otra vez un comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de Oaxaca, acompañado de más una veintena de hombres. Apenas la puerta se entreabre, los agentes irrumpen en la vivienda que habita Deimos Sánchez, periodista de MVM Televisión, y su familia.
Los integrantes de la corporación, que depende de la Fiscalía General del Estado, no muestran la orden judicial para irrumpir en el lugar y realizar el cateo. En cambio, separan al periodista de su esposa e hija de cinco años. Junto con su cuñado, todo el tiempo lo mantienen encañonado con armas de grueso calibre.
Los agentes despojan a Deimos de su celular. A mentadas, les preguntan sus nombres, los fotografían y graban. El periodista exige a los agentes que dejen de apuntar sus armas contra su hija y esposa; en respuesta, los agentes cortan cartucho.
Esa misma noche, se interpone una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), que le exige garantías de seguridad a la fiscalía; esta última, en un comunicado, sostiene que el cateo fue legal.
A esta agresión reciente se suman otras, como el atentado que sufrió Jaime Méndez, director de un portal informativo, cuya casa fue incendiada en diciembre de 2017 y la desaparición un mes después del periodista Agustín Silva, en el Istmo. Así viven los periodistas en la entidad.
La Unidad Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión de la Fiscalía General del Estado, creada en agosto de 2017, asegura que hay registro de 118 agresiones desde 2013; aunque es común que agresiones contra comunicadores no se denuncien ni se les dé seguimiento.
Desde su instalación, la fiscalía presume que de los 118 expedientes que existen, 67 se arrastran de años anteriores y que desde la creación de la unidad a septiembre de 2018 se han iniciado 51, principalmente por amenazas contra la libertad de expresión, lesiones, robo y abuso de autoridad, entre otros. De esos 118 casos, 64 se concluyeron, pero sólo cinco se han judicializado.
En julio de 2018, la Unidad Especializada se quedó acéfala luego que su titular, Jorge Flores, fue designado como vicefiscal en la región Mixteca. A más tres meses del cambio no hay fecha para nombrar a quien la encabezará.
“No es territorio inseguro”
Las cifras que proporciona la fiscalía difieren de recuentos de organismos civiles y de derechos humanos. La DDHPO, por ejemplo, ha iniciado 154 expedientes de 2016 a septiembre de 2018: 74 en 2016, 55 en 2017 y 25 en este año. Mientras que el “Reporte de Agresiones y Violaciones a los Derechos Humanos para Personas Defensoras y Periodistas 2017” reveló que Oaxaca es la segunda entidad con más agresiones contra periodistas, al acumular 45 casos, antecedido por Chiapas con 56.
A su vez, organizaciones ciudadanas en el informe “Bajo ataque, los derechos humanos en Oaxaca” contabilizan 144 agresiones, sólo en 2017. De ellas, 37 fueron contra mujeres y tuvieron connotaciones misóginas. Por estos ataques se emitieron 18 medidas cautelares para proteger la integridad de 15 hombres, dos mujeres y una para las instalaciones de un medio.
Sobre esas cifras, el fiscal Rubén Vasconcelos asegura que el escenario ya cambió: “Por lo menos, en los dos últimos años ha cambiado, las agresiones o ataques no son graves”, expresa, pese a casos de alto impacto, como la desaparición del reportero Agustín Silva y el asesinato de la fotógrafa María del Sol Cruz, ambos en el Istmo. Al respecto, Vasconcelos asegura que “no se ha comprobado que se traten de hechos relacionados directamente con su ejercicio periodístico”.
El cambio de escenario que defiende el fiscal se debe, dice, a diferentes factores, “entre ellos que los periodistas han aprendido y ejercido medidas de autoprotección, pero también a que hemos [como fiscalía] enviado mensajes de que no habrá impunidad”.
Todos son agresores
Pese a los dichos de la fiscalía, un factor de riesgo para los periodistas es que los ataques provienen de una diversidad de agresores. Durante 2016, por ejemplo, la defensoría identificó a organizaciones sociales, elementos de las policías Municipal y Estatal, así como de agentes de investigación, pertenecientes a la propia fiscalía, como los principales perpetradores. Las agresiones fueron amenazas, golpes e intentos de homicidio.
Mientras que en 2017 se suman a lista los particulares y sindicatos, tanto de transportistas como de trabajadores de la educación, quienes ejercieron hostigamiento, intimidación y vigilancia, así como amenazas y agresiones físicas. Aún así para la DDHPO, los funcionarios siguen a la cabeza de la lista, pero la fiscalía asegura que son los particulares quienes más agreden.
