Exigen reparación del daño para 25 activistas detenidos arbitrariamente

Dirigentes de la organización Sol Rojo, acompañados de otros líderes de organismos civiles, exigieron la reparación del daño para 25 de sus miembros quienes en el año 2015 fueron detenidos durante una protesta contra la reforma educativa y para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Lo anterior en cumplimiento a la recomendación emitida por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) al gobierno del estado.

Denunciaron que a seis meses de la emisión y aceptación de dicha recomendación, el Poder Ejecutivo de Oaxaca no ha llevado a cabo ninguna acción en atención a esta recomendación, al menos no de forma consensada con las víctimas. Las acciones emprendidas por el Estado son más de carácter administrativo, formal y unilateral que de carácter satisfactorio en términos de una reparación integral del daño.

En conferencia de prensa recordaron que el 7 de junio de hace tres años fueron privados de la libertad los integrantes de su organización en la ciudad de Oaxaca y fueron acusados de terrorismo y portación de explosivos.

Según las organizaciones fueron detenidos de forma arbitraria, incomunicados, golpeados y torturados, finalmente trasladados a cárceles federales de alta seguridad en Nayarit y Veracruz, respectivamente.

Además de que estuvieron privados de su liberta16 meses, y durante todo ese tiempo estuvieron en otras cárceles federales como la de Mengolí, en Miahuatlán y también la cárcel de Etla, Oaxaca.

El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió la Opinión Número 17/2016, donde exigió al Estado mexicano su libertad, reconociendo que fueron objeto de detención arbitraria y tortura, también exigieron la reparación del daño causado.

Tres años después de estar sujetos a proceso y con medidas anticonstitucionales en contra de sus derechos a la libertad de asociación, manifestación y expresión, el Juez Tercero de Distrito decretó su inocencia, señalando que los elementos aprehensores actuaron con mendacidad; es decir: que mintieron al fabricar el parte informativo que los inculpaba, porque que no existía una sola prueba material en su contra.

“Ellos forman parte del grupo de defensores que fueron presos políticos por órdenes de los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Gabino Cué”, aseguraron.

Mientras que el abogado que los defendió, Ernesto Sernas García, fue desaparecido desde el 10 de mayo de 2018, hasta la fecha la Fiscalía General del Estado de Oaxaca no tiene ningún avance respecto a las investigaciones, pero sí asegura que “su desaparición no tiene nada que ver con su labor como defensor”.

“La Fiscalía no ha asumido el caso de desaparición vinculada a su labor de defensa de derechos humanos, por lo que refleja la complicidad, acción que ha sido denunciada ante las Naciones Unidas”.

Afirmaron que la misma defensa estratégica establecida por el Sernas García ha logrado confirmar en materia de Derechos Humanos, la responsabilidad del estado, entendiendo que los elementos aprehensores, sus mandos jerárquicos y las instituciones para las que laboran, se confabularon en la fabricación de delitos, la criminalización de la protesta, la detención arbitraria y tortura del que fueron objetos.

“Con la defensa del Doctor Sernas García y la colaboración de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, se logró que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emitiera la Recomendación 05/2018, en donde se exige al gobierno oaxaqueño asumir su responsabilidad tras los hechos violatorios en materia de derechos humanos, y la reparación integral del daño con medidas satisfactorias para las víctimas del terrorismo de estado”.