Tras violencia en Juquila, indaga defensoría muerte de mujer en El Pedimento

La DDHPO solicita a las autoridades tanto estatales como federales actuar en estricto respeto y apego a los derechos humanos.

Foto: Cortesía
Seguridad 01/12/2019 15:57 Fernando Miranda Oaxaca Actualizada 17:02

Luego de los hechos violentos que se registraron ayer en el sitio religioso de El Pedimento, tras la disputa que mantienen Santa Catarina Juquila y Santiago Yaitepec, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) indaga las circunstancias en las que murió una mujer de la tercera edad.

Habitantes de Yaitepec denunciaron que durante el operativo realizado en el lugar por elementos de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional, murió Maximina Carmona Salinas, de 77 años, quién era comerciante en dicho sitio, luego de ser aventada durante las acciones de seguridad  en el lugar. 

Pese a la acusación, él gobierno estatal informó que el operativo se había desarrollado "sin incidentes", pero reconoció que habitantes de Yaitepec habían bloqueado el tramo El Vidrio-Juquila, para exigir que la Guardia se retirara.

Por estos hechos la DDHPO  inició una investigación respecto a la intervención de los cuerpos de seguridad  en El Pedimento y envió 
una misión de observación "in situ", integrada por el personal del órgano autónomo que se entrevista con autoridades y personas que estuvieron presentes en el lugar de los hechos

La defensoría también acopia información respecto a "las circunstancias en las cuales habría fallecido una persona adulta del sexo femenino", informó el órgano autónomo.

Reiteró además su llamado al diálogo a las comunidades de Santa Catarina Juquila y Santiago Yaitepec, para "solucionar de manera pacífica el conflicto que enfrentan".

Y pidió  al gobierno estatal, "realizar acciones tendientes a privilegiar el diálogo, generar condiciones para la realización del mismo, escuchando a ambas  partes y buscando soluciones integrales a la problemática".

 También recordó a las corporaciones  de seguridad pública estatal y federal presentes en la zona de conflicto que actúen con "estricto respeto y apego a los derechos humanos".

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