Prevén aplicación gradual de sistema estadístico delictivo

A partir de enero próximo, la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías y procuradurías estatales implementarán gradualmente el Sistema Estadístico Nacional de Procuración de Justicia (Senapj), en conjunto con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), una base de datos sobre incidencia delictiva e información ministerial que sustituirá al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Estará a cargo de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), conformada por el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, y los 32 fiscales y procuradores de los estados. Asimismo, concentrará información relacionada con el número de homicidios; órdenes de aprehensión obtenidas y ejecutadas por el Ministerio Público; vinculaciones a proceso dictadas por los jueces de control cada mes y por qué delito; sentencias condenatorias, y acuerdos reparatorios impulsados por los ministerios públicos.

“El proyecto es sustituir lo que realiza el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública por este nuevo Sistema Estadístico Nacional de Procuración de Justicia, que será responsabilidad de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia”, anunció ayer el vocero de la CNPJ, Rubén Vasconcelos Méndez, al concluir la Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, realizada en la sede de la Fiscalía General de la República, en la Ciudad de México.

“El sistema será una fuente de información de todas las actividades de investigación y de orden procesal que realizamos las fiscalías del país”, aseguró.

Vasconcelos Méndez, también fiscal de Oaxaca, afirmó que actualmente las fiscalías y procuradurías de los estados “no saben cuántas vinculaciones a proceso se dictan cada mes y por qué delito; los jueces de control; cuántos acuerdos reparatorios impulsan los ministerios públicos y acuerdan positivamente los jueces, y cuántas sentencias condenatorias se emiten cada mes”.

Por lo que, enfatizó, el Sistema Estadístico Nacional de Procuración de Justicia les permitirá recoger y reunir toda la información para que, de forma validada y concentrada, esté disponible para quienes la quieran consultar.

“Hoy se nos pide por todos lados información relacionada con el número de homicidios, de robo de vehículos, de suspensiones provisionales del proceso que impulsamos, de vinculaciones a proceso, de órdenes de aprehensión solicitadas o ejecutadas por el Ministerio Público... Cada fiscalía va dando su información a los órganos privados y sociales que nos la piden”, indicó.

Vasconcelos Méndez dijo que se trabajará sobre una estadística base que obedezca a variables específicas, como datos de la denuncia, de las carpetas de investigación, de las víctimas, la defensa legal, la asesoría legal, los mandamientos judiciales, estado procesal, mecanismos alternativos y todos los datos que realizan las procuradurías y fiscalías del país.

“Estamos preocupados porque haya mecanismos de confidencialidad en torno a esta información para que no se presenten problemas en su difusión”, señaló.

Durante la sesión plenaria de la CNPJ, Adrián Franco Barrios, integrante de la Junta de Gobierno del Inegi, dio a conocer los datos que en materia de información cada procuraduría y fiscalía tiene que responder según los requerimientos a las instituciones, particularmente de la información que está contenida dentro de las carpetas de investigación.

Se está trabajando en tópicos conceptuales que resulten en el avance del Registro de Datos Estadísticos para que a nivel nacional se tenga información adecuada, homogénea y bajo un seguimiento compartido de reglas vinculado con determinados estándares de calidad correspondiente”, concluyó el fiscal Rubén Vasconcelos.

Cabe señalar que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) es un órgano que cuenta con autonomía técnica, de gestión y presupuestal, cuyo propósito es ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, instancia superior de coordinación y de definición de las políticas públicas en la materia de seguridad pública.

Se trata del órgano operativo, el eje de coordinación entre las instancias federales, estatales y municipales responsables de salvaguardar la integridad de las personas, la seguridad ciudadana, así como de preservar el orden y la paz públicos.