Solicita Defensoría de Oaxaca medidas cautelares tras asesinato de defensor del Río Verde contra proyectos hidroeléctricos

Oaxaca de Juárez.–  Tras darse a conocer el asesinato del defensor ambiental y presidente del Comisariado Ejidal de Paso de la Reina, Fidel Heras Cruz, quien se dedicó a proteger el Río Verde, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) condenó el homicidio y solicitó medidas cautelares para garantizar la integridad de las personas que resulten víctimas directas e indirectas. 

Heras Cruz era un reconocido defensor comunitario e integrante del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever), organización que se ha manifestado en contra de dos proyectos hidroeléctricos que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) construye en dicho afluente. 

Foto: Especial

Además, se había pronunciado para regular la extracción de material pétreo del lecho del río, por lo cual había recibido amenazas de muertes según las propias autoridades de la agencia municipal  Paso de la Reina. 

De acuerdo con las autoridades, el pasado domingo 17 de enero se celebró una asamblea de ejidatarios en la que Fidel Heras rindió un informe sobre la situación de la explotación del material pétreo y del avance de la construcción del edificio que albergará la sede del comisariado, donde se acordó invertir los recursos de la extracción, donde presuntamente se notificó de un adeudo de 500 mil  pesos a la comunidad.

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“Debido a estos acontecimientos, previos al crimen cometido contra el defensor comunitario y autoridad ejidal de Paso de la Reina, Fidel Heras Cruz, no se descarta un móvil político en esta ejecución, debido a su activa defensa del territorio y del Río Verde. Además de los antecedentes de defensa en contra de la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Paso de la Reina y del Proyecto Hidroeléctrico Río Verde”, informaron. 

El sábado 23 de enero, en dicha localidad, perteneciente al municipio de Santiago Jamiltepec, en la región Costa de Oaxaca, el activista fue asesinado en una ataque con armas de fuego, cuando viajaba abordo de su camioneta.

Ante ello, la Defensoría inició el expediente DDHPO/CA/022/(09)/OAX/2021, pidió a la Fiscalía General el Estado de Oaxaca (FGEO) dictar medidas de protección a las personas que resulten víctimas directas e indirectas tras el ataque y a la Secretaría de Seguridad Pública  (SSPO), implementar rondines de vigilancia en el tramo que va de la agencia municipal Paso de la Reina a la cabecera de Jamiltepec, en el paraje La Esperanza, donde ocurrió el ataque.

De acuerdo con datos de la DDHPO, entre 2015 y 2020 se iniciaron 232 indagatorias relacionadas con violaciones a derechos humanos cometidas contra personas defensoras. Lo anterior, explica el organismo, es grave dado que la labor de estos actores sociales es esencial “en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, pues le dan voz a grupos históricamente invisibilizados”.

Asegura que las agresiones en su contra afectan a toda la población y dejan en la indefensión a las personas que apoyan, por lo que considera que es indispensable garantizar el acceso a la justicia a personas defensoras o colectivos víctimas de agresiones, lo cual implica conocer la verdad de los hechos, sanción a los responsables, atención a las víctimas directas e indirectas, y garantías de no repetición. 

“Respetar y garantizar la labor de quienes se dedican a defender derechos de tierra y territorio, comunitarios, así como económicos, sociales, culturales y ambientales es prioritario, pues con sus acciones de defensa de tierras, aguas, bosques, se enfrentan a una situación de riesgo agravado por los intereses políticos y económicos que enfrentan, sobre todo, cuando se trata de la implementación de proyectos de infraestructura y desarrollo a gran escala”, indicó en un comunicado. 

Por la DDHPO exige a las autoridades estatales crear una “política integral de protección a personas defensoras” que parta del reconocimiento de la obligación institucional de garantizar condiciones para que “puedan ejercer en forma libre y segura sus labores de defensa de los derechos humanos”, así como sancionar a las personas responsables de las agresiones en su contra.