Exigen en Oaxaca cancelación de presa hidroeléctrica y protección para comunidad de Paso de la Reina

Oaxaca de Juárez.— La Red de Defensoras y Defensores Comunitarios de los Pueblos de Oaxaca (Redecom) advirtió que los índices de tensión y violencia se agudizan en el estado por la insistencia del gobierno de llevar a cabo “una dinámica intervencionista de minería, proyectos eólicos, hidroeléctricos y gaseoductos”, entre otros.

Ante este incremento en la violencia, informó que los y las defensoras se encuentran en una mayor vulnerabilidad.

“Ya que nuestro esfuerzo por nutrir, guiar y organizar la resistencia comunitaria de nuestros territorios implica, hostigamiento, acoso y persecución dentro de nuestros territorios y más allá de nuestras comunidades”, sostuvo.

En este contexto de agudización de la violencia, exigió justicia para el defensor comunitario Fidel Heras Cruz; que se garantice la seguridad  para la comunidad de Paso de la Reina y garantías colectivas para las personas defensoras de los territorios y de la vida.

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De la misma forma, demandó la cancelación definitiva del proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina y del proyecto hidroeléctrico Río Verde; justicia para Bernardo Vásquez Sánchez, líder de la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (Copuvo) a nueve años de su asesinato, que sigue impune.

Y condenaron la actitud del Estado “en todas sus expresiones, desde las agresiones hasta la persecución y la violencia que sufrimos las y los defensores comunitarios que defendemos nuestros territorios”.

“Nos queda claro que el ataque es contra todo intento de organización y de decisión por parte de la comunidad de Paso de la Reyna sobre su territorio y particularmente contra quienes han formado parte del proceso de defensa del Río Verde”, agregaron respecto del asesinato de Fidel Heras.

La Redecom afirmó que la instrumentalización de la violencia, que va desde amenazas, ataques, persecución, asesinatos y desapariciones forzadas de las personas defensoras del territorio y la naturaleza, son parte de la imposición de estos proyectos de desarrollo dentro de sus territorios comunitarios organizados.

También sostuvo que el despojo que pretende el gobierno federal y las empresas, traen consigo una cultura de muerte: los confina a más empobrecimiento, a la aniquilación de sus lugares sagrados y en consecuencia a la pérdida de su identidad. 

Quienes están especulando en este modelo de “desarrollo”, señaló, están pensando en aniquilar la vida de sus pueblos y devastar formas de vida comunitaria.

“Las alternativas que se construyen desde nuestras comunidades dan constancia que la defensa de los territorios es un proceso que se nutre desde la colectividad y la lucha por nuestros derechos, pero también por la cultura, la lengua, el tequio, la asamblea; en contraposición al discurso desarrollista de las instituciones gubernamentales, que menosprecian nuestras prácticas y modos de relación y de producción comunitaria en nuestros territorios”.