Transparencia, la gran deuda que heredan a Oaxaca los diputados de la 64 Legislatura al dejar las curules

Oaxaca de Juárez.- Durante los tres años de gestión que duró la 64 Legislatura del Congreso de Oaxaca, que concluirá el próximo 12 de noviembre, se ejerció un presupuesto de mil 930 millones 475 mil 85 pesos. Esto, sin tomar en cuenta los recursos que se asignaron al Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFEO), el cual está bajo el control del Poder Legislativo.

Con ampliaciones presupuestales cercanas a los 200 millones de pesos por año, los diputados locales —63%  de Morena— en 2019 ejercieron 564 millones 949 mil 854 pesos; en 2020 gastaron 715 millones 24 mil 50 pesos, y este año 650 millones 501 mil 180 pesos.

En este periodo del Poder Legislativo local, los diputados reportaron haber presentado 5 mil 11 iniciativas de reforma y 2 mil 89 exhortos dirigidos a titulares de las diferentes dependencias del gobierno de Oaxaca y al propio gobernador Alejandro Murat. En total, fueron 7 mil 200 documentos presentados ante el pleno o la Comisión Permanente del Congreso, de los cuales, según la información pública, sólo 2 mil 153 fueron aprobados, es decir, 29.9%.

Los legisladores,  sin embargo, únicamente transparentaron 161 dictámenes de iniciativas aprobadas o desechadas y 728 exhortos aprobados o rechazados, lo que representa  12.34% de las iniciativas y puntos de acuerdo para exhortos que afirman haber presentado.

Entre las iniciativas que adquirieron mayor relevancia mediática destacan la despenalización del aborto, la prohibición de  comercializar  envases elaborados a base de PET y la conocida como Ley Antichatarra, en la que se castiga la venta de alimentos procesados y refrescos a menores de edad. Ninguna de estas se ha cumplido a cabalidad y siguen como letra muerta. 

Además, los diputados  aprobaron  una nueva deuda pública al gobierno de Oaxaca y la autorización para que una institución financiera administrara, a través de un fideicomiso privado, la deuda pública por más de 12 millones de pesos.

Enfrentaron la polémica de desaparecer el Instituto de Aceso a la Información Pública (IAIP) para crear otro órgano, lo que originó controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

También en esta Legislatura se aprobaron mayores sanciones a la violencia contra las mujeres, así como la obligatoriedad de hacer público un registro de deudores alimentarios.

Entre los más caros del país 

Foto: Edwin Hernández

Según el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), una forma de entender el costo de los congresos  en términos relativos es evaluarlo per cápita: el presupuesto del Poder Legislativo estatal dividido entre el número de  habitantes,  que en  Oaxaca ascendía a 4 millones 132 mil habitantes en  2020. 

Con este parámetro, cada diputado, durante los tres años de la 64 Legislatura, costó  467.2 pesos a cada oaxaqueño, sin importar su edad.

Otra forma de entender su costo  es el  presupuesto designado al Congreso local y dividirlo entre el número de diputados, que en el caso de Oaxaca es 42, para obtener el costo promedio por legislador estatal. Con esta fórmula, por los tres años que estuvieron,  cada uno costó 45 millones 963 mil 692 pesos.

A nivel nacional, según el informe de 2021 del IMCO, el presupuesto anual destinado a un congresista estatal fue de 12.4 millones de  pesos, lo que significa que en el Congreso de  Oaxaca los diputados costaron tres veces más, lo que los ubica entre los más caros del país. 

¿Qué faltó?

Foto: Edwin Hernández

“La 64 Legislatura le quedó a deber al pueblo oaxaqueño garantías para la rendición de cuentas y una genuina transparencia en el gasto público para combatir la corrupción”, considera en una evaluación autocrítica, el diputado local César Morales Niño. 

Según el legislador, que ya no cuenta con partido por diversas razones, entre ellas la falta de cohesión de la bancada morenista y de sus aliados, el PT y el PVEM, así como  la prevalencia de intereses personales, no fue posible modernizar y fortalecer al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (OSFEO), que bajo las condiciones actuales “no garantiza la transparencia ni la rendición de cuentas y facilita la corrupción”, explica.

En esa misma dirección apunta el legislador Pavel Meléndez Cruz (Morena), quien coincide en que un pendiente de la legislatura que termina, “por la falta de voluntad” de sus pares, fue precisamente la profesionalización del OSFEO, como instancia técnica del Congreso que fiscaliza la cuenta pública de  las instancias gubernamentales.

La diputada Aleida Serrano Rosado, de la bancada de Mujeres Independientes,  coincide en que faltó fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas del gasto público para combatir la corrupción. “Espero que los nueve diputados que lograron la reelección impulsen en la 65 Legislatura todas las herramientas jurídicas que garanticen la plena transparencia”, dice.

A pesar de ello,  Serrano Rosado afirma que la 64 Legislatura sentó las bases para el reconocimiento de los derechos de las mujeres. “Fueron logros muy importantes que nadie puede regatear. En lo personal, estoy satisfecha de nuestro trabajo legislativo, al margen de las gestiones que realizamos desde nuestros distritos”, añade.

En términos generales, insiste Morales Niño, los diputados salientes trabajaron a favor de los derechos de las mujeres, como la despenalización del aborto, aunque quedó pendiente fortalecer el tema de la equidad de género, sobre todo en la participación de ellas en los órganos de gobierno como en el propio gabinete y en el Poder Judicial del Estado, agrega.

“Al pueblo oaxaqueño le hubiera gustado que desde la 64 Legislatura se hubiese avanzado en el fortalecimiento de la Defensoría Pública de Oaxaca, y además, faltó voluntad para que el Congreso hubiese recuperado la facultad de designar a las autoridades municipales en casos como la desaparición de poderes o por la suspensión de las elecciones”, dice el diputado.

Pero insiste: “La gran deuda que deja la 64 Legislatura  es la ausencia de garantías para transparentar la cuenta pública. Faltó reestructurar el OSFEO para desterrar las complicidades en materia de corrupción. No se generaron las garantías para una auténtica rendición de cuentas”, finaliza.