“Hemos dado la vida por estas tierras”: guardianes de Los Chimalapas en Oaxaca abrazan fin del conflicto

San Miguel Chimalapa.- El clima es clemente debajo del domo de acero en medio de San Antonio, pueblo zoque considerado como uno de los “guardianes de la selva” de Los Chimalapas y defensor del territorio oaxaqueño. Para ser invierno, el calor a las puertas de la selva está arriba de los 30 grados, así que María García y Emiliano Pérez Gutiérrez, emblemáticos defensores del territorio zoque, buscan la sombra de  la construcción junto con una comisión de comuneros nombrados por los habitantes para platicar con EL UNIVERSAL.

María no titubea, su voz se vuelve suave cuando asegura que la  lucha agraria es “el marido más hermoso” que tuvo en la vida. María llegó a la selva de Los Chimalapas en el vientre de su madre, a los nueve meses de gestación. Su familia paterna fue enganchada en Michoacán por la empresa maderera de Rodolfo Sánchez Monroy  hace 59 años, para trabajar en su aserradero instalado en las tierras comunales de Oaxaca.

“La empresa llevaba años talando árboles en la zona de Los Chimalapas. Mi madre me contaba que en esa arribada llegó mucha gente, casi como para poblar una comunidad. Llegaron maquinistas, camioneros, oficinistas y  se instalaron por la Ciénega de León. Mi familia trabajó en el aserradero 14 años, esa edad tenía cuando todo estalló y los corrieron”, recuerda la única mujer que en 45 años ha encabezado la  lucha por la recuperación del territorio de la invasión chiapaneca.

En 1977, los obreros, los zoques de San Miguel y Santa María Chimalapas que trabajaban en el aserradero junto con comuneros de las dos poblaciones  que nacieron ahí se unieron para correr a la empresa maderera y crear las congregaciones agrarias San Antonio y Benito Juárez, surgidas para defender los límites y conservar la selva de la depredación.  Muchos de los trabajadores  michoacanos y chiapanecos se fueron, otros más como la familia de María decidió permanecer y adherirse a la lucha de los oaxaqueños.

A los 14 años María ya estaba en la lucha y era la única mujer que se atrevía a participar de manera decidida, convirtiéndose en una pieza clave. 

Fue, por ejemplo, la única comisionada  especial para el problema agrario ante el gobierno federal y estatal. Al ser un personaje visible, fue tomada presa por el gobierno de Chiapas hace 32 años,  la policía de ese estado  la detuvo junto con 16 comuneros mientras cosechaban café en tierras que ellos consideraban de Oaxaca pero Chiapas reclamaba suyas. Estuvo presa tres meses en una cárcel de Cintalapa y  el exgobernador oaxaqueño  Heladio Ramírez pagó 150 mil pesos para su liberación.  

“A mí nadie me puede venir a decir de quién es el triunfo de esta lucha... es mío, es de todos los que hemos dado la vida. Los que hemos sido encarcelados, perseguidos, asesinados. Yo estuve huyendo para que no me mataran, por eso estoy feliz que esto se haya resuelto, porque mis hijos y nietos ya no heredarán un problema”, dice la comunera y partera de 59 años.

La vida por la lucha

La familia de Emiliano Pérez Gutiérrez, -a diferencia de la de María-, llegó de Cuauhtémoc Guadalupe, agencia de San Miguel Chimalapa. Su madre Teodola Gutiérrez Miguel lo trajo a los seis años, junto con cuatro hermanos más. Su padre fue asesinado meses antes por su interés de ir a poblar la comunidad de San Antonio. Su hermana Gabina murió  tras defenderlo en 1989, durante un enfrentamiento con la policía estatal de Chiapas, así que de pérdidas Emiliano sabe mucho.

“Mi familia ha dado la vida por estas tierras, la ha defendido. Hemos sido perseguidos, encarcelados, pero al final la justicia nos dio la razón. Nunca dudamos que estas tierras eran nuestras, explica el campesino que desempeñó el cargo de agente municipal y secretario auxiliar de Bienes Comunales.

Emiliano es uno de los 130 comuneros guardianes de  las 15 mil hectáreas de una reserva natural campesina que posee San Antonio y sabe que la recompensa recibida  por defenderla de las invasiones no ha sido justa. La justicia no les llegó durante estos años de lucha agraria y para muestra hay 45 kilómetros de camino terracero en terribles condiciones que tienen que transitar para llegar a la carretera federal Panamericana,  una agencia municipal sin concluir y un centro de salud sin ambulancia ni  medicinas ni médicos permanentes.

El encino como testigo

A 15 kilómetros del domo de acero en San Antonio está plantado un viejo encino en medio del pueblo de Benito Juárez. Es el lugar de reunión de los comuneros. Debajo del árbol se recibieron secretarios del gobierno federal y estatal durante más de dos décadas. Allí también se armaron estrategias de recuperación de tierras invadidas.

Bajo la sombra del gran árbol, Alberto Ramírez y Jesús Cruz Ramírez, dos de los primeros fundadores, recibieron la noticia de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a favor de Oaxaca sobre las 161 mil hectáreas de tierras que han defendido por más de 40 años.

Alberto es un campesino de 69 años, que llegó de Miahuatlán atraído por el trabajo en el aserradero de Sánchez Monroy a los 22 años. Jesús también llegó en su juventud de Cintalapa, Chiapas. Al sumarse a la lucha de los zoques de San Miguel obtuvieron tierra y se convirtieron en comuneros defensores de la selva.

“Llegué sin nada, sólo con ganas de trabajar. En la zona sólo estaba el ganado, mucho, de la empresa y el aserradero. Entendimos que la tierra no era de ellos, pero ellos la destruían, así que nos organizamos y peleamos. Hoy tengo un terreno que siembro y defiendo.”, dice satisfecho Alberto Ramírez sentado en una banca.

Jesús Cruz , asienta afirmativamente a todo lo que Alberto cuenta, y agrega que todos están felices con la decisión de los jueces. Para él los rencores quedaron en el pasado y dice que a partir de ahora sólo les queda construir la paz con sus hermanos de los ejidos asentados en tierras comunales de Oaxaca y un día verlos reunidos debajo del encino.

 

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