Activistas de Oaxaca advierten que militarización del Corredor Interoceánico aumentará resistencia
Tras detenciones de personas que se oponen a obras, representantes de pueblos indígenas y defensores del territorio piden al Presidente López Obrador que priorice diálogo con comunidades, por encima de la violencia
Juchitán.— Ante la presencia “creciente, provocadora, intimidante, violenta y coercitiva” de las Fuerzas Armadas de México para vigilar la ejecución de las obras del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), la representante mexicana ante el Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de la ONU, Irma Pineda, solicita al gobierno federal que apueste al diálogo con los pueblos indígenas del sur del país.
Su preocupación creció luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la Secretaría de Marina (Semar) operará los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, y administrará el Tren Transístmico, cuya modernización estaba bajo el control del CIIT.
Tras la compra de ametralladoras, pistolas y municiones por casi 300 millones de pesos para los marinos asignados a 10 obras del tren, Pineda pide al gobierno dialogar con las comunidades.
“Ese proceso de militarización que se está registrando en el Corredor Interoceánico es sumamente riesgoso para los pueblos indígenas. El gobierno de AMLO debe cuidarse para que no vuelva a caer en prácticas coercitivas en que cayeron gobiernos anteriores y que dejaron muertes, desapariciones, encarcelamientos y persecución en contra de defensores”, señaló.
Betina Cruz, de la Asamblea de los Pueblos por la Defensa de la Tierra y el Territorio, rechaza que la lucha de las comunidades indígenas tenga el propósito, como acusó el Presidente, de extorsionar para permitir los trabajos del plan transístmico.
“Los pueblos indígenas luchamos por la vida y por la defensa de los recursos naturales”, dice Cruz Velázquez, quien advierte que, en el afán de dar certeza a inversionistas con la presencia de Semar, el Presidente “nos está diciendo que no permitirá oposición a sus proyectos y que no dudará en usar la fuerza pública para imponerlos, a costa de dividir y confrontar a hermanos de un mismo pueblo, como San Blas Atempa”.
En esa comunidad el CIIT pagó más de 56 millones de pesos por 332 hectáreas, para instalar un Polo de Desarrollo para el Bienestar, pero campesinos de Puente Madera presentaron un recurso de nulidad ante un tribunal en contra de la asamblea que autorizó la venta de las tierras en 2021.
“Si el gobierno mexicano insiste en la respuesta militar, si prioriza el uso de la fuerza pública en lugar de buscar consensos y atender las peticiones de las comunidades, lo más seguro es que la conflictividad social que hay en estos momentos en varios frentes de resistencia crecerá”, expresa Betina Cruz.
Acoso y criminalización
En su última visita a Salina Cruz, el Mandatario pidió a las familias istmeñas apoyar la modernización del puerto petrolero y el tren; la construcción del Rompeolas Oeste, un gasoducto, una planta de licuefacción y una coquizadora en la refinería.
“Todas esas obras, además de la modernización de la red ferroviaria de Ciudad Ixtepec a Ciudad Hidalgo, ya no están bajo el dominio del CIIT sino de la Semar. Esas señales de la 4T van de la mano con el acoso y la criminalización en agravio de las comunidades indígenas”, dice Carlos Beas Torres, de la Unión de Comunidades de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni).
La preocupación de los líderes sociales creció con el arresto del agente municipal de Salinas del Marqués, Eusebio Osorio Escobar, acusado del delito de obstruir una obra pública.
Aunque el delito y la obra son de orden federal, nadie explica por qué ninguna autoridad estatal o federal informó en manos de quién estaba el detenido, lo que las organizaciones interpretan como una señal de que cualquiera que esté contra el CIIT podría sufrir un arresto.
Luego de que el Presidente advirtió que ningún interés “mafioso y corrupto” impedirá que se materialice el Transístmico, policías estatales intentaron arrestar al delegado local de la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT), Juan Carlos Osorio, quien fue liberado por sus compañeros.
En septiembre de 2021, la Guardia Nacional arrestó al campesino Salvador Pinal, de Tehuantepec, por oponerse a la modernización del Tren Transístmico, y en octubre fue arrestada la profesora Micaela Valdivieso, por “oposición a una obra federal”, pues demandó indemnización por daños a su vivienda causados en la ampliación de la carretera transístmica.
