Zoques de Los Chimalapas: entre la conciliación o el desalojo de ejidos chiapanecos en Oaxaca
Aunque el gobierno de Oaxaca informó que impulsará juicios de nulidad de 20 ejidos de chiapanecos, defensores coinciden en que no aceptarán convertir su territorio en reserva de la biósfera, como lo propone AMLO
Juchitán.— Representantes del gobierno federal y estatal informaron a las autoridades comunales de los municipios zoques de San Miguel Chimalapa y Santa María Chimalapa que el próximo viernes 20 de enero presentarán, junto al gobierno de Chiapas, el plan de trabajo para ejecutar la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ante la controversia constitucional 121/2012.
En reuniones sostenidas el 26 de diciembre pasado, el secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López, y funcionarios de la Procuraduría Agraria (PA) y la Secretaría de Gobernación (Segob) destacaron que el estado presentará el 24 de enero, ante el Tribunal Unitario Agrario de Tuxtepec, los juicios de nulidad de unos 20 ejidos chiapanecos que ocupan 12 mil hectáreas de tierras comunales.
Desde que la SCJN falló a favor de Oaxaca la disputa limítrofe con Chiapas, los zoques de ambos municipios tienen posiciones divididas en torno a la permanencia de unos 2 mil chiapanecos en esos ejidos, en la franja de 162 mil hectáreas al oriente de Los Chimalapas.
A principios de diciembre pasado, en un comunicado del Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas (CNDyCCh), los zoques plantearon el desalojo de 124 supuestas propiedades privadas y la nulidad de expedientes, solicitudes y resoluciones presidenciales de dotación y ampliación de ejidos, posteriores a las resoluciones del Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales de Los Chimalapas.
Reclamo único, posturas distintas
La postura fue ratificada el 25 de diciembre por la comunidad de Benito Juárez, San Miguel Chimalapa, que durante los últimos 56 años ha protagonizado severos conflictos por la tala de madera preciosa, la ampliación de potreros y el robo del resino por parte del ejido chiapaneco Gustavo Díaz Ordaz, creado después de Los Chimalapas.
En San Antonio, también en San Miguel, que ha librado batallas en defensa de los recursos naturales y el territorio al oponerse a la creación del municipio Belisario Domínguez en tierras comunales, la asamblea del 29 de diciembre propuso la conciliación con sus vecinos, pero rechazó la propuesta presidencial de convertir la franja en reserva de la biósfera federal.
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el 14 de julio de 2022 la idea de convertir esa zona de biodiversidad en área natural protegida o zona de reserva de la biósfera federal, lo que prendió las luces de alerta entre las comunidades zoques que rechazan la intervención gubernamental en el manejo de sus recursos naturales.
Los pobladores de San Antonio y de Benito Juárez, San Miguel, y de José López Portillo, en Santa María, lidian desde hace más de medio siglo con ganaderos y talamontes, quienes acusan a los zoques de invasores; sin embargo, las posturas de ambas congregaciones reflejan la opinión de ambos municipios. Unos apuestan por la conciliación y otros quieren el desalojo; todos coinciden en los juicios de nulidad.
De acuerdo con la resolución de la Corte, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 25 de marzo de 2022, los diputados de Oaxaca y Chiapas tienen hasta mediados de 2025 para cambiar sus constituciones en materia de límites; mientras que los gobiernos estatales tienen hasta el 25 de marzo de 2024 para crear mecanismos de atención a las familias de la línea limítrofe y proteger la biodiversidad de la zona.
La presidenta municipal de San Miguel Chimalapa, Ceyla Cruz Gutiérrez, quien asumió el cargo el 1 de enero pasado, dice que las comunidades zoques desean la conciliación, aunque hay desacuerdo con la creación de una reserva federal, “en todo caso, si hay consenso, que sea una reserva campesina, como la que tenemos en El Cordón del Retén, que son como 15 mil hectáreas ubicadas entre San Antonio y Benito Juárez”.
Como autoridad municipal, explica, “apoyaremos las medidas que acuerden las comunidades con el gobierno federal y estatal en ese tema que, como lo mandató la SCJN en su sentencia, significa proteger, preservar el medio ambiente, pero respaldaremos las acciones ante el TUA de Tuxtepec, para que proceda la anulación de ejidos chiapanecos creados después que Los Chimalapas, en 1967”.
Los gobiernos de Oaxaca, Chiapas y México, añade, deben procurar que ninguna comunidad o habitante, al margen de su origen, queden desamparados y que cuenten con los servicios básicos de salud, educación y agua potable, dice la edil.
En días pasados, legisladores de la 65 Legislatura del Congreso de Oaxaca conformaron una comisión que acudirá a la zona para constatar la situación.
“El tiempo se acorta, se agota y lo tenemos muy claro”, señala la diputada Denis García Gutiérrez (Morena), de la Comisión de Asuntos Agrarios.
