Pide Oaxaca frenar criminalización contra comunidades indígenas productoras de cannabis
El Congreso local aprobó un exhorto dirigido a la Sedena, la FGR y la Cofepris para que no actúen de manera arbitraria contra los campesinos que cuentan con cultivos legales; pide atención de la CNDH
Oaxaca de Juárez.– El pleno del Congreso de Oaxaca aprobó esta semana un exhortó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris), para que eviten “actuar de manera arbitraria en lo relacionado con los cultivos legales de cannabis en Oaxaca”.
Este exhorto fue promovido por Horacio Sosa Villavicencio, diputado local de Morena, y también incluyó un llamado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para que “vigile la actuación de los agentes”, daso que en días pasados se presentaron en la comunidad de Santa Marta Chichihualtepec, Ejutla de Crespo, para “amedrentar a productores”.
De acuerdo con Sosa Villavicencio, hace unas semanas, al menos 150 elementos del Ejército Mexicano, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Cofepris, a bordo de 20 camionetas militares y otras 10 aparentemente particulares, se apersonaron en el domicilio de una mujer sembradora.
Sin identificarse, pidieron a la productora que llamara a las demás personas con autorización para sembrar cannabis que “dejen de hacerlo, porque se va a proceder a destruir los plantíos y además se incautarán las tierras”.
Ante ello la Asociación Indígena de Productores de Cannabis ha expresado su temor de que las autoridades puedan cumplir esa amenaza, y además detener a las agricultoras.
La preocupación se debe sobre todo dado que en la entidad existen 113 personas que realizan cultivos en comunidades indígenas de seis municipios de Oaxaca, cuyos sembradíos están amparados por 63 autorizaciones sanitarias de Cofepris, tanto individuales como colectivas, quienes no han cometido ningún delito, ni contravenido los términos de la autorización de Cofepris.
Foto: Especial
Según Villavicencio, la destrucción de los cultivos contravendría los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que exigió a las instituciones, dejar de criminalizar el cultivo de cáñamo y cannabis.
El primero de dichos artículos indica que “nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho”.
Mientras que el 16 expresa que “nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.
