Opinión

Hael Nahomi tenía 9 años y su hermano Sergio de 15 años fueron baleados por integrantes de la Guardia Nacional. Hael Nahomi murió y Sergio resultó gravemente herido. ¿Alguien se atrevería a decir que estos niños estaban cometiendo algún delito? O peor aún: ¿Alguien podría responsabilizarlos asegurando que eran parte de un grupo criminal y por eso había que dispararles?

Los hechos ocurrieron el sábado pasado en el km 62+900 de la carretera 57 en San Luis Potosí. Hael y Sergio viajaban con su mamá Patricia Martínez Sánchez y su papá Herminio Rodríguez Velázquez. A ojos de la Guardia Nacional, su delito radicaba en circular de madrugada, porque claro, con la lógica militar que rige las acciones de la Guardia Nacional no hay nada más sospechoso que andar de madrugada en coche, eso te convierte de inmediato en “delincuente”.

La evidencia marca que lo que sigue es la impunidad. ¿Qué esperar ahora que Claudia Sheinbaum ha anunciado que no sólo reforzará el trabajo de la Guardia Nacional sino que la colocará al mando de la Sedena?

Inevitable pensar en un hecho similar sucedido el 31 de agosto de 2022 en Nuevo Laredo. La víctima era aun más joven. Heidi Mariana Pérez tenía 5 años cuando los militares le dispararon al automóvil en el que viajaba con su hermano de siete años y la persona que los cuidaba. Iban camino al hospital porque a Heidi le dolía el estómago cuando de pronto empezaron a escuchar disparos. Fueron guardias militares los responsables de esa balacera en la que Heidi perdió la vida.

Como en el caso de Hael y Sergio en San Luis Potosí, las autoridades de Nuevo Laredo en Tamaulipas prometieron en su momento que los hechos serían investigados. Raymundo Ramos, defensor de derechos humanos acompañante de la familia de Heidi, afirma que si bien la carpeta de investigación sigue abierta “El Ministerio Público Federal no quiere imputar el delito de homicidio a los militares que participaron en la agresión ‘por falta de elementos’”. Y todo indica que tampoco los quieren buscar, pues “tampoco quieren hacer actos de investigación en materia pericial (científicos) que demuestren la responsabilidad en la muerte arbitraria de la Heidi”.

Con esos antecedentes y la idealización inexplicable de la “Cuarta Transformación” sobre el desempeño de la Guardia, queda claro que la investigación del asesinato de Hael Nahomi y las heridas de su hermano Sergio tienen pocas probabilidades de llegar a buen puerto.

Este patrón impune contra civiles está documentado en “Permiso para Matar”. Un proyecto coordinado por el periodista Daniel Moreno que logró documentar casos de 1,524 víctimas de la política de seguridad de México.

“Permiso para Matar” documentó que las autoridades de las fuerzas armadas han asesinado a 143 niños, niños y adolescentes en solo 16 años. “En la gran mayoría de los casos no hay indicios que involucren a estos menores con actividades criminales al momento de su ejecución o desaparición. En algunos casos, la autoridad los ha acusado de ser parte de actos criminales en flagrancia o de ser miembros de grupos delictivos, sin probarlo”, señala la investigación. La simple aclaración evidencia la criminalización con la que avalan sus actos atroces.

Para Jacobo Dayán, encargado del análisis en la investigación, “la ‘estrategia’ de seguridad incluye el disparar y luego averiguar. Por supuesto también la impunidad”.

La tragedia no se detiene, parece que no alcanza el tiempo ni siquiera para detenerse a pensar qué estamos haciendo mal. Porque tal vez mientras Ud. lee esta columna, un elemento de las fuerzas de seguridad puede estar asesinando a un civil inocente en cualquier parte del país.

De la investigación además puede extraerse una conclusión: esta tragedia no es propia de un gobierno. Pero está en manos del gobierno actual, o mejor, dicho, el entrante, en modificar la política fallida de seguridad. Para Dayán, la clave está en “desmilitarizar seguridad y fortalecer capacidades y controles externos a policías civiles”.

@MaiteAzuela