Opinión

Los gobiernos precedentes al de López Obrador tenían artimañas para desviar recursos públicos y desaparecer el rastro de la cadena y destino que asignaban para darle uso privado. Durante los gobiernos del PRI, se hacían referencias a que organismos como Petróleos Mexicanos o la Sedesol eran utilizados como la caja chica del gobierno. Durante los gobiernos del PAN esa calificación pasó a los organismos de seguridad con la guerra contra el narco; Parece que Morena eligió para su caja chica a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

El Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) –programa estrella del joven secretario Román Meyer; hijo de buenos amigos del presidente y buen amigo de los hijos de éste– está siendo sujeto de serias auditorías que dejan a los funcionarios públicos en una posición muy comprometedora, ya sea por corrupción o por ineptitud.

No son menores los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación. Existen 11 procesos vigentes, cuatro del ejercicio 2022, seis del ejercicio 2023, todas del Programa de Mejoramiento Urbano y una más la 288, también del ejercicio 2023 de Concertación Agraria.

Dentro de las observaciones más graves está un posible desvío de recursos y daño al erario, por más de 96 millones de pesos (procesos como el pueblo yaqui), pagos dobles con estadios de beisbol en Tabasco con las butacas pagadas de forma individual y luego de forma colectiva, todo esto consta en el Informe Individual de Fiscalización a la espera de los informes finales.

Otro fajo de la caja chica es el Parque Lineal de Río Grijalva (Auditoría 2261) iniciado en 2021 con un presupuesto de 760 millones pero que al concluir la Auditoría Superior de la Federación detectó un daño al erario de 200 millones de pesos, es decir más del 30% del costo total de la obra tuvo irregularidades y anomalías.

Les dejo una lista rápida de irregularidades documentadas por la ASF en su pliego de observaciones: 1) identificó una deficiente planeación de los trabajos a ejecutar, así como en la asignación de recursos para obras de infraestructura al comprobar que las obras estaban inconclusas, sin mantenimiento, en condiciones de abandono y sin posibilidad de operar; 2) omisión de presupuestos y precios; 3) inexistencia en la residencia de obra; 4) no se les cobró a las constructoras penas por retrasos o fallas por 75 millones de pesos; 5) operaciones sin convenios justificados; 6) en Nayarit se detectó un desvío por 650 millones; 7) asignación por 100 millones para un proyecto de intervención urbana sin soporte documental de ningún tipo.

Habríamos de sumar los inexplicables movimientos que detectó la auditoría de Concertación Agraria y Mediación, pero esa merece tratarse aparte por los personajes que involucra.

Todo indica que no tienen integrados todos los expedientes de las operaciones realizadas, por lo que envían cuadrillas de funcionarios en fin de semana a los archivos intentando cuadrar documentación que no existe y todo en medio de intrigas, golpeteo bajo la mesa y hasta la intención de integrar información para negociar con la próxima titular.

La llegada de su sucesora debe tener nerviosos a Román Meyer y a su equipo, ya que además de la expropiación y pagos duplicados por millones de pesos para el tramo 5 del Tren Maya (mismos que documenté en una columna previa), la auditoría ha detectado un patrón de inconsistencias administrativas en la actuación de la Sedatu. Suponemos que, con la renovación de la nueva titular, ella será cuidadosa para deslindarse de los despojos que ha ejercido la anterior administración, a menos que se quiera mantener el referente de corrupción rampante con el que se manejó el llamado primer piso de la 4T.

@MaiteAzuela