Mecanismo de Protección para Defensores y Periodistas, “con graves problemas de funcionamiento”
El integrante del Consejo Consultivo del Mecanismo, Víctor Hugo López, sostiene que debe cambiar de enfoque y atender la fuente de riesgo para las víctimas que van desde el crimen organizado hasta autoridades
Víctor Hugo López Rodríguez, integrante del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, aseguró que esta instancia federal tiene un “error de origen” y graves problemas en su funcionamiento que provocan que no garantice una debida protección de las víctimas.
En principio, explicó, el mecanismo se resiste a reconocer que las agresiones que sufre un periodista o persona defensora están vinculadas a su labor. Siempre intenta sostener que las agresiones se tratan de hechos aislados o de asuntos particulares.
“Nosotros insistimos en que es importantísimo que cualquier agresión a periodistas y personas defensoras sea investigado como un riesgo atribuido a su labor, ya sea si entraron a tu casa, si te rompieron el cristal, si te quitaron el celular en la calle”.
En segundo lugar, dijo, las medidas de protección que el mecanismo ofrece, generalmente son medidas materiales o de infraestructura, como cámaras instaladas en los edificios, en los domicilios, o un botón de emergencia, un teléfono, chalecos, y quizás, rondines policíacos. Pero, señaló que han insistido en que es “importantísimo sentar” a las autoridades o a los perpetradores, que muchas veces son servidores públicos.
Muchas veces, explica, los agresores son la policía municipal, el agente del Ministerio Público, un servidor público y estas personas “no son tocadas”, simplemente continúan realizando su trabajo y representan un riesgo para las víctimas.
“Entonces, el mecanismo debe de cambiar su enfoque y debe de atender las fuentes de riesgo. Está bien que provean medidas materiales, pero es importante que atiendan las fuentes de riesgo específico”, apuntó.
Víctor Hugo López, quien también forma parte de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Red TDT), opinó que el Mecanismo de Protección únicamente es un “salvavidas” para situaciones de emergencia, y para lo cual, “quizá sí ha funcionado”.
Cuando una persona tiene un riesgo inminente, detalló, el mecanismo bajo la presión del propio periodista, de organizaciones y del consejo consultivo, lo que hace es resguardarlo. De alguna manera, o lo saca o le manda policías o habla con las autoridades y dice: 'Oye, bájale ahí porque ya se abrió de nivel el tema'. Entonces, le lanza un salvavidas”.
Sin embargo, sostuvo que no se necesita un “salvavidas”, sino que se garantice a los periodistas y personas defensoras continúen realizando su labor, porque estos ataques en su contra pueden ser del crimen organizado y autoridades, quienes tienen como objetivo que dejen su labor, que la persona defensora o el periodista deje de publicar, deje de denunciar.
“Nosotros hemos insistido con el mecanismo eso, que debería de garantizar las condiciones para que periodistas y personas defensoras puedan seguir realizando su labor, no solo que le salve la vida unas horas o unos días, porque al cabo y a la vuelta de la esquina vamos a ver lo que ha sucedido con colegas.
“El mecanismo tiene graves falencias, de verdad tiene graves problemas de funcionamiento, lo hemos señalado, continúan siendo incorporadas más personas”.
El activista criticó que los titulares del Mecanismo de Protección se “jacten” presumiendo el número de personas incorporadas y que cada vez agregan a más. Actualmente, tres mil 500 personas están incorporadas a este mecanismo.
“Dicen ellos: ‘Estamos incorporando a más’. Pues lejos de ser un dato que pueda alegrar, les debería de dar vergüenza, porque en realidad están incorporando a más personas que no pueden realizar su trabajo en condiciones seguras”.
Además, López Rodríguez afirmó que el propio gobierno federal reconoce que hay zonas del país que son ingobernables por los intereses políticos y los del crimen organizado. Hay zonas y localidades en el país que el nivel de violencia es tal que ni el gobierno puede controlar, y en las que tampoco conocen el contexto.
En Oaxaca, aseguró, hay “zonas y localidades ingobernables” como aquella donde desapareció la activista Sandra Domínguez, y en la que ha sido desplazada de manera forzosa la defensora Silvia Pérez, es decir, en María Lombardo de Caso del municipio de San Juan Cotzocón Mixe.
“Si vemos un poco la radiografía de agresiones que han ocurrido en los últimos dos meses, pienso en el Istmo de Tehuantepec, pienso en el norte de Oaxaca, en la zona con límites de Veracruz, la capital aún con nuestras compañeras defensoras que viven acá, este son zonas en las que han ocurrido más”.
