Opinión

El cierre del sexenio del presidente López Obrador sigue marcado por voltear y señalar a todos lados, menos a la justicia para las víctimas. Son decenas de seres humanos que además de sufrir violaciones a derechos humanos, han sido sometidos ya sea a presión o a negligencia con la que este gobierno ha materializado su legado de impunidad.

A casi año y medio de la tragedia en la estación migratoria de Ciudad Juárez, a cargo del Instituto Nacional de Migración, las víctimas están en el olvido. En lo que sí han dado la batalla las autoridades es por la defensa de Francisco Garduño.

En días recientes se dio a conocer en la revista Proceso que una de las víctimas sobrevivientes del incendio recibió un correo electrónico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Segob) para inducirla a aceptar que Garduño cuente con un beneficio procesal. De tal manera que, como víctima de lo sucedido en el incendio que cobró decenas de vidas de migrantes, no se opusiera a la posibilidad de que el juez aprobara una solución alterna para evitar que el funcionario responsable caiga en la cárcel.

¿En lugar de buscar la justicia para las víctimas las instituciones de gobierno operan para favorecer a quienes violan derechos humanos?
“La responsabilidad se relaciona con la justicia y la verdad. Lo que se busca es que se esclarezca no solamente quién prendió las colchonetas, sino por qué no se tenían las condiciones de auxilio que permitieran a los migrantes salir. ¿Por qué estaban encerrados si no cometieron un delito?”, se pregunta Yesenia Valdez, coordinadora de Defensa Integral de la Fundación para la Justicia.

La responsabilidad de Garduño como funcionario público definitivamente no atraviesa por el hecho de que él, con un encendedor, haya prendido fuego a las colchonetas que desembocaron en un gran incendio, ni siquiera se le acusa de ello. La tragedia de Ciudad Juárez no fue un hecho aislado de la política migratoria de este gobierno, sino que fue una consecuencia de una cadena de negligencias en la que hasta hoy no hay sentencia contra los responsables.

“Con relación a Garduño, se trata de esclarecer que un Comisionado debe prever este tipo de situaciones y hacer todo lo que esté a su alcance para que no suceda, pues no se puede partir nada más de quién provocó la primera chispa”, explica Valdez.

Pareciera que el derecho a la verdad quiere reducirse en este caso a las responsabilidades materiales obviando las responsabilidades administrativas. Se conforman con “encontrar un culpable de la primera chispa”, como afirma Yesenia Valdez. Los tratados internacionales y las leyes en materia de derechos humanos obligan al Estado a entender la verdad y a la justicia de una manera integral. Se trata de derechos que además de corresponderle a las víctimas, también son derechos la sociedad en general.

“Cuando hablamos de verdad implica esclarecer los hechos. Cuando se obtiene una sentencia es porque ya se esclarecieron los hechos”, me dice Valdez. Es precisamente una sentencia lo que el gobierno –todo indica que a través de la CEAV– intenta evitar. Especialistas y defensores de derechos humanos han declarado que, con una investigación exhaustiva, lo más probable es que la cadena de responsabilidades llegue hasta el comisionado Garduño.

Mientras el Estado mexicano se enfoca en empujar una solución alterna para Garduño, ninguna de las víctimas ni sobrevivientes, ni los núcleos familiares de las víctimas han sido reparadas en ninguno de los 7 procesos penales. “Es importante que se termine todo el proceso porque es en ese punto cuando se va a determinar todo el daño causado a las víctimas. El proceso mismo es una medida de reparación para las víctimas”, afirma Marcos Zavala, abogado litigante del caso en la Fundación para la Justicia.

La audiencia en la que se pretendía exonerar a Garduño pasando por encima de las víctimas no se ha llevado a cabo. Habían acudido 16 víctimas para manifestar su repudio a la impunidad que se le estaba preparando al comisionado. Por ahora, existe aún la esperanza para las víctimas de que haya una investigación que llegue a las últimas consecuencias y al escalón mas alto del Instituto Nacional de Migración. ¿Pues no asegura López Obrador que las escaleras se barren de arriba para abajo?

Mientras el gobierno ejerce artimañas para burlar la justicia, persigue a las defensoras de derechos humanos Ana Lorena Delgadillo, Marcela Turati y Mercedes Doretti. Su entendimiento de lo que significa la justicia en la llamada cuarta transformación ha quedado evidenciado.

@MaiteAzuela