Opinión

Con un expediente de más de un millón de páginas con cargos por corrupción y crimen organizado, Genaro García Luna parece estar acorralado por el gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué, entonces, los fiscales que lo acusan de haber recibido millones de dólares en sobornos para dar protección al Cártel de Sinaloa, solicitaron y obtuvieron el martes pasado que el juez Brian Cogan, de la Corte Federal de Nueva York, pospusiera hasta dentro de un año el inicio del juicio contra el secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón? A la luz de los hechos se pueden sugerir algunas respuestas.

Los fiscales estadounidenses tienen la fundada expectativa de obtener más información sensible que alcanzaría muy altos niveles del poder, luego de que el pasado 19 de octubre, Iván Reyes Arzate, exmando de la Policía Federal y cercanísimo colaborador de García Luna como puente para intercambiar información con la DEA, se declarara culpable ante un tribunal federal en Brooklyn de conspirar para traficar cocaína.

De acuerdo con un comunicado de las autoridades estadounidenses, Reyes Arzate, alias “La Reina”, participó en noviembre de 2016 en una reunión con el grupo criminal “El Seguimiento 39” —organización vinculada al Cártel de Sinaloa— en la que a cambio de un pago de 290 mil dólares dio información sobre investigaciones que llevaban a cabo la DEA y otras agencias de seguridad estadounidenses.

Estaba previsto que “La Reina”, quien fue comandante de la Policía Federal desde 2008 hasta 2016, fuera puesto en libertad y deportado a México el 27 de enero de 2020 tras cumplir una condena de 40 meses en Chicago por filtrar información confidencial a un cártel mexicano de la droga. Pero la Fiscalía de Nueva York aportó nuevos cargos contra Reyes Arzate, por lo que el caso fue asignado al juez Brian Cogan y vinculado al que ese mismo impartidor de justicia sigue contra García Luna.

Tras conocerse la declaratoria de culpabilidad de Reyes Arzate —a partir de la cual acepta colaborar en las investigaciones contra el exsecretario de Seguridad Pública— un exagente de la desaparecida AFI que accedió a hablar sobre el asunto a cambio de mantener en secreto su identidad, reveló que García Luna y subordinados como Luis Cárdenas Palomino, Facundo Rosas y Ramón Pequeño García, se reunían periódicamente en una hacienda ubicada en el Desierto de los Leones de la ciudad de México, donde definían las estrategias de protección al Cártel de Sinaloa y donde salían a relucir los nombres de los narcotraficantes Ismael “El Mayo” Zambada y Arturo Beltrán Leyva.

Cárdenas Palomino y Pequeño García están presos en cárceles mexicanas y las autoridades de EU han planteado su extradición. De hecho, son los siguientes objetivos de la estrategia legal de los fiscales estadounidenses para que, junto con los testimonios de Reyes Arzate, se corrobore que García Luna forjó una alianza con el narcotráfico, de acuerdo con la expectativa recientemente declarada el fiscal Breon Peace, del Distrito Este de Nueva York, quien consideró que “tenerlos a todos ellos servirá a Estados Unidos para reconstruir la corrupción interna generalizada que hubo durante el sexenio de Calderón en México”.

Esto pondría contra la pared a la defensa de García Luna que, encabezada por César De Castro, ha negado las acusaciones sobre su involucramiento con los cárteles de la droga y ha buscado por todos los medios lograr su libertad y evitar su ya largamente solicitada extradición a México.

Es claro que durante los 12 meses que deberán pasar para el inicio del juicio de García Luna —a menos de que antes se declare culpable y acceda a colaborar con las autoridades estadounidenses— la fiscalía neoyorquina seguirá haciendo acopio de información que incrimine al exsecretario de Seguridad Pública. Y vaya que hay mucha tela de dónde cortar.

Instantáneas:

1. ¿DEMOCRACIA EN EL SNTE? Parece que al dirigente magisterial Alfonso Cepeda se le ha caído el circo. En Consejo Nacional Extraordinario del SNTE anunció la suspensión de los procesos seccionales en puerta, salvo los de la 21 en Nuevo León y la 27 en Sinaloa. Cepeda despotricó contra la Secretaría del Trabajo y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y denunció movimientos internos y externos que andan agitando las aguas en el SNTE. Pero tales excusas no le alcanzaron a Cepeda y a su grupo que, al parecer, ya se dieron cuenta de que es tan grande el descontento magisterial que podrían perder muchas, sino es que todas las contiendas seccionales que pretenden suspender. Ahora sí, más que nunca, suenan tambores de democracia en el SNTE. El gremio está en alerta para que haya piso parejo y voto directo, secreto y universal en la elección de su dirigencia.

2. OTRO REVÉS fue el que recibió Jaime Bonilla quien concluye el próximo domingo su mandato de dos años en Baja California. La comisión de Gobernación del Congreso de esa entidad, dirigida por integrantes de Morena, determinó la procedencia de un juicio político en contra del presidente municipal de Ensenada, Armando Ayala Robles, hijo putativo y empleado en la vida real de Bonilla. El gobernador saliente de Baja California —quien se asegura no quiere regresar a su escaño en el Senado por temor a que legisladores de oposición denuncien públicamente sus trapacerías— tiene en Ayala Robles la vía para seguir metiendo su cuchara en el nuevo gobierno bajacaliforniano.

3. OAXACA EN EU. Con muy buenos resultados regresó de Estados Unidos el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. El fin de semana inauguró en Nueva York “El Mes de Oaxaca en Estados Unidos”. En la Gran Manzana se dejaron ver enormes y coloridos alebrijes, como parte de esta promoción económica, cultural, gastronómica y turística que también llegó a Washington. En la capital estadounidense, acompañado del embajador Esteban Moctezuma Barragán, el gobernador Murat develó en la sede diplomática un busto del ilustre oaxaqueño Matías Romero, sin cuyas aportaciones —dijo el mandatario estatal— no podría entenderse la historia entre México y Estados Unidos.

4. VACUNAS. En Chiapas, el gobierno federal y el IMSS encabezado por Zoé Robledo se emplean a fondo para acelerar la vacunación en esa entidad y proteger a su población. Su estrategia marcó un cambio significativo: en lugar de esperar a que las personas acudieran a los centros urbanos a recibir el antígeno, se optó por llevar las vacunas a cada rincón del estado. Así, la vacunación ha llegado a 125 municipios y mil 751 localidades, por lancha o incluso caminando, debido a la dispersión de las pequeñas comunidades chiapanecas.

5. CAMBIO. Con el aval del presidente López Obrador, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, concretó ayer uno de los nombramientos más importantes en su equipo de trabajo. A la presidencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) llegó el doctor Jesús de la Fuente Rodríguez para sustituir a Juan Pablo Graf. Reconocido especialista en derecho financiero nacional e internacional, De la Fuente Rodríguez llega con la encomienda de aplicar una política rigurosa de prevención y de cero tolerancia ante cualquier abuso o acto ilícito de las entidades financieras reguladas. Es el tercer cambio en ese cargo durante el actual gobierno. Apenas en marzo pasado había sido sustituido Adalberto Palma por Juan Pablo Graf quien ayer se despidió de la CNBV.