Opinión

El sábado fue un día terrible en Zacatecas. 

Temprano en la mañana, efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército encontraron 10 cadáveres, amarrados y encobijados, en una comunidad del municipio de Fresnillo. 

Casi a la misma hora, en un rancho ubicado en el municipio de Pánfilo Natera, fueron hallados seis cadáveres más, con heridas de bala y colgados de un barandal. 

Un poco más tarde, en el municipio de Guadalupe, un hombre fue acribillado en el municipio de Guadalupe y otro más fue asesinado al interior de un negocio de tapicería. El remate fue el asesinato a tiros de una mujer en Fresnillo. 

En total, 19 personas fueron ultimadas en el estado en un periodo de 24 horas. 

Estos hechos sucedieron casi un mes exacto después de que diez cadáveres fueran arrojados. Y en medio, la sangre corrió a mares: según reportes de la fiscalía del estado, fueron asesinadas 138 personas en el mes de enero y 27 más en los primeros cinco días de febrero. 

El gobernador David Monreal afirmó hace unos días que estas cifras debían leerse como una disminución de la violencia letal, ya que en enero del año pasado se registraron 162 homicidios. Eso es cierto, pero omite un hecho básico: en diciembre pasado, se reportaron 111 homicidios. Es decir, después de un mes de relativa paz, la tendencia es ascendente de nueva cuenta. 

Esto sucede un poco más de dos meses después de que el gobierno federal anunciara un plan de apoyo a Zacatecas que incluía, entre otras cosas, el envío de 460 elementos federales adicionales (250 de la Guardia Nacional y 210 del Ejército) al estado, así como el reforzamiento de las zonas fronterizas en las entidades vecinas. 

La mayor presencia federal puede haber tenido algún efecto en el primer mes de operación, pero su eficacia ha ido a la baja desde el inicio del año. Como quedó demostrado el sábado, siguen ocurriendo hechos muy graves incluso en las zonas de mayor despliegue de la Guardia Nacional y el Ejército, como Fresnillo. 

Esto no sorprende. Cuando se anunció el plan de apoyo en noviembre pasado, escribí lo siguiente: “Se debe recordar además que, para todo fin práctico, la Guardia Nacional no atiende el delito de homicidio (https://bit.ly/32mJBzt). ¿Quién, entonces, va a tener la responsabilidad de enfrentar el problema que supuestamente motivó el plan? Allí tendrían que entrar dos actores claves: 1) las fiscalías (la federal y la estatal), y 2) las policías estatales y municipales. Las primeras ni siquiera estuvieron presentes en el evento [de presentación del plan]: las palabras ‘procuración de justicia’ no aparecieron por ninguna parte. Y en cuanto a las corporaciones locales, lo único que se ofreció fue apoyo para que, en un plazo indeterminado, ‘el 100 por ciento de la policía de Zacatecas obtenga el Certificado Único Policial’. Y en materia de investigación criminal, solo se estableció un compromiso de coadyuvar en la judicialización de asuntos prioritarios.” 

Reitero lo dicho: no va a ser posible reducir de manera sostenida la violencia letal en Zacatecas si la presencia federal no se acompaña de un fortalecimiento de las policías locales y la construcción de capacidades de investigación criminal. Por ahora, nada indica que se está caminando en esa dirección. 

No debería de sorprender por tanto que tengamos en el futuro próximo más días trágicos como el sábado.