Opinión

De todos los golpes que se han dado o pretendido dar a la democracia, el que se le está asestando con la disposición judicial que ordena a la radio y la televisión distinguir entre información y opinión, es el más pernicioso, ominoso y destructivo.

Atender esa resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte, que declara inconstitucional la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión —que había eliminado esas regulaciones— debido al amparo de una caricatura, verdadera vacilada, llamada Centro de Litigio Estratégico para la Defensa de los Derechos Humanos, implica cercenar la razón, base de la reflexión, el análisis, la proposición y el cambio, mirando a mejorar la sociedad, el país y el régimen político.

Con independencia de que seguir ese ordenamiento es técnicamente imposible, lo que se está imponiendo es la censura; o peor, la obligación de no pensar.  

 Sujetar el razonamiento, la deliberación, la crítica, se traduciría en una inaceptable percepción única de la realidad, en la que subyacen la obediencia y la servidumbre sociales por el eventual sometimiento de su conducta a una visión estandarizada de los hechos. ¿Es eso lo que se pretende en la “democracia” mexicana?

La aprehensión del acontecer desde distintos ángulos, es lo que lo enriquece, lo dota de pluralidad y, en tratándose de decisiones políticas, lo remite a quienes gobiernan para que se obliguen a un mejor desempeño. ¿No es eso lo que la sociedad quiere?  

Esa función, que en buena medida hacen la radio y la televisión, y por supuesto la prensa escrita, es esencial en un régimen abierto, transparente, plural, sujeto al escrutinio público y a la rendición de cuentas. Proscribirla apunta al autoritarismo.

¿Habrá censores en los miles de estaciones y cientos de noticieros y programas de todo el país para vigilar que los conductores apeguen su trabajo a la información sin opinar?
¿Quiénes, con qué conocimiento, experiencia, criterio y autoridad, van a decidir lo que es información y opinión? ¿Lo harán quienes no tengan preparación, pero que sean “honestos”?

La absurdidad, inviabilidad e inaceptabilidad que se ha dispuesto contra radio y televisión, apunta a la estupidez de una expropiación del raciocinio, base fundamental de la opinión que, previsiblemente, no podrá consumarse.  

Eso no ocurrirá, porque el pensamiento jamás podrá acotarse ni restringirse. La pretensión de crear autómatas en los medios, que se limiten a leer lo que el poder diga; institucionalizar la censura para ideologizar o adoctrinar, y cancelar la primera inalienable libertad de las personas, que es la de pensar, irremediablemente será un fracaso.

Hoy, una de las mayores fuentes de información es el gobierno; es la más importante pretendiendo ser única. En las conferencias de cada mañana, se opina de todo. Con base o sin base; con razón o sin razón, se señala, se acusa, se enjuicia y se condena o se exonera. Y todo eso pasa por “información” cuando, en rigor, es “opinión”.  

¿Puede o debe una sociedad aceptar esa sola percepción de lo que acontece o, incluso, de lo que no pocas veces se supone, falsea o manipula? ¿Debe la Prensa dedicarse a consignar todo lo que se diga desde el poder sin estudiarlo, analizarlo y cuestionarlo, e incluso disentir? ¿Se tendría qué cerrar o censurar ese espacio en radio y televisión porque, más que de información es de opinión?

Lo lamentable es que la facultad de opinar se quiera suprimir por el interés de una organización de mercenarios, arribistas y oportunistas que, movida por aviesos y oscuros intereses, haya encontrado eco en quienes están más obligados a defender esos derechos. Reconsiderar y rectificar es su obligación moral.  

No hay que perder de vista que, someter la radio y la televisión al dogmatismo y la cerrazón, es un tósigo mortal para la inteligencia, la libertad y la democracia.

SOTTO VOCE

Una vez más, en una declaración incuestionable, Cuauhtémoc Cárdenas propone que, contra el crimen, debe apelarse al Estado, no al Ejército.