Opinión

La delincuencia organizada transnacional es un fenómeno delictivo complejo que implica la ejecución de múltiples actividades ilícitas y cuyas consecuencias presentan una amenaza para cualquier sociedad consiguiendo socavar seriamente sus estructuras sociales, políticas y económicas. La vida cotidiana en México está ya impregnada de ejemplos en donde los ciudadanos tienen que transitar en un mundo de impunidad. De zozobra. De miedo e impotencia. Las organizaciones criminales han adquirido una capacidad de mercado notoria para proporcionar productos y servicios determinando la vida de regiones enteras; son forjadoras de un orden criminal.

Han desarrollado una amplia extensión de actividades económicas, sociales y no hay argumentación plausible para negar que están integrados en varios niveles de gobiernos sin importar color partidista. El horror de las últimas semanas dibuja a la perfección el daño —ni hablar del fracaso— de la política integral cuatroté de los abrazos al andamiaje del Estado. Ejemplos sobran y tapar la impunidad rampante con el dedo mañanero ya no alcanza.

Se llega al punto de no retorno cuando grupos ofrecen mecanismos de resolución de disputas generando una práctica de “justicia” fuera de los cauces legales volviendo a ciudadanos súbditos de un orden violento y no de un régimen de leyes.

El crimen transnacional ha evolucionado estos últimos tres años de manera vertiginosa, hay un mercado de la violencia y de actividades ilícitas sin precedentes, los intereses oscuros se asocian con los delincuentes que sin miedo al Estado consolidan ese manto de impunidad escalofriante. Mientras en el palacio la discusión y el relato continúan distrayendo con testamentos y culpando al pasado, el presente se pudre comprometiendo el futuro.

Atentados y crímenes contra periodistas y activistas que no ruborizan ni estremecen al poder alarman a la comunidad internacional. La delincuencia organizada se empodera de la mano de gobernantes y la ola de impunidad es un riesgo latente a la gobernabilidad y a la imagen del país.

Quintana Roo muestra nuevamente quién manda ahí donde hace meses se anunciaba que la llegada de la Guardia Nacional terminaría con la violencia, pero la realidad nuevamente se impone.

No bastan los anuncios espectaculares sin estrategia y orden.

La perla del caribe mexicano vive una encarnizada disputa territorial entre organizaciones transnacionales que están definiendo su rumbo.

Estos actores parecen estar ensayando diferentes relaciones con las fuerzas coercitivas del Estado sin embargo, el asunto se vuelve estratégico rumbo a los procesos electorales y de cara al 2024.

México no puede seguir en la ruta de la descomposición, de la violencia y la corrupción sin consecuencias importantes en todos los niveles. Los criminales desafían porque se saben intocables.

Los abrazos asfixian a la justicia y están matando el estado de Derecho. El presidente López Obrador debe realinear su agenda, dar un golpe de timón y actuar ante esos balazos de impunidad y la descomunal ineficacia de su equipo que sufre de mareo transexenal.

No hay buenas noticias en medio de la estela de muerte de una pandemia pésimamente manejada y una crisis económica que engulle a millones de mexicanos. Y en la complejidad del contexto Morena vive un riesgo latente de autodestrucción.

La agenda del pleito gira alrededor de las reformas pendientes. Estados Unidos aprieta y la dirección enfilada en estos últimos meses no ha sido linear, más bien contingente y creando incertidumbre para menguar la diplomacia de otro manotazo ahora con la “seguridad compartida”. No obstante, la molestia con el régimen cuatroté es notoria y en muchas esferas, pública, el presidente no acusa recibo de las señales advirtiendo la tormenta eléctrica.

Sin detenerse ni serenarse parece tener prisa. ¿Algo sabrá?