Opinión

El presidente Andrés Manuel López Obrador cumplió ayer cuatro años en el poder. Ya no estamos en el final del principio, sino en el principio del final. Creo por tanto que es un buen momento de hacer un primer balance de resultados en lo que respecta a los temas de seguridad y justicia.

1. ¿Hay menos delitos en 2022 que en 2018? Muy probablemente, aunque sabremos con precisión hasta septiembre del año próximo, cuando se publique la próxima Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE). Con datos a 2021, hay una disminución de 14.9% en la incidencia delictiva. Sobre esa cifra, cuelga sin embargo un inmenso asterisco: la pandemia y las medidas de distanciamiento social que le siguieron. De hecho, ya para 2021 fue perceptible una ligera tendencia ascendente que posiblemente haya continuado en 2022. Y, de cualquier modo, los números absolutos siguen siendo monstruosos: 28 millones de delitos y 22 millones de víctimas en un año.

2. ¿Se cometen menos homicidios que al inicio de la administración? Ligeramente. En 2018, casi 37,000 personas fueron asesinadas, según la cuenta de Inegi. En 2022, el total nacional probablemente se ubique en torno a 34,000 víctimas. En términos de tasa, eso implica una reducción aproximada de 29 a 26 homicidios por 100,000 habitantes. Es decir, habría habido una disminución de aproximadamente 8-10% desde el inicio del sexenio ¿Va a continuar esa caída? No lo sabemos. Pero lo que es un hecho es que seguimos en niveles intolerables de violencia letal, por encima de lo registrado en la gran mayoría de los países latinoamericanos. Y, tema no menor, el total absoluto de homicidios acumulados en este sexenio va a ser mayor que el de cualquier gobierno previo.

3. ¿Ha disminuido la impunidad? No, bajo ninguna métrica. Empecemos por la más obvia: la llamada cifra negra (el porcentaje de delitos no denunciados o denunciados sin apertura de una carpeta de investigación) fue exactamente la misma en 2021 que en 2018. En ambos años, según datos de la ENVIPE, 93.2% de los delitos no se denunciaron o, si se denunciaron, no se hizo nada al respecto. Pueden apostar que el número de 2022 va a ser muy similar. Eso implica que la impunidad genérica se sigue ubicando por encima del 99% de los delitos. Y en temas específicos, la película no es mucho mejor: según la organización Impunidad Cero, la impunidad en materia de homicidio doloso en 2021 fue ligeramente superior a la registrada en 2018 (91.4% vs 89%).

4. ¿Ha mejorado la percepción de seguridad entre la población? Hasta cierto punto. Según la ENVIPE, el porcentaje de adultos que se sienten inseguros en su municipio o demarcación territorial pasó de 70% a 64.9% entre 2018 y 2022. Este dato, sin embargo, debe leerse también a la luz de la pandemia. Los cambios económicos y sociales que trajo la crisis sanitaria sacaron a un número importante de personas de situaciones en las cuales existe una mayor percepción de riesgo. No sabemos por ahora si esos cambios persistirán en el mediano plazo.

5. ¿Ha habido un cambio estructural en el sector seguridad y justicia? Sí y no. Hay un papel mucho más activo y visible de las Fuerzas Armadas. Hay una nueva corporación, la Guardia Nacional, desplegada en buena parte del territorio. Eso ciertamente es distinto a lo existente en 2018, pero no mejor. Bajo casi cualquier métrica, la GN hace muy poco: el grueso de su actividad se concentra en patrullajes de dudoso efecto disuasivo. Y lo mismo vale para el Ejército y la Marina. En cambio, la construcción institucional en el espacio municipal y estatal está en punto muerto. No es exagerado decir que el grueso de las corporaciones policiales y las fiscalías del país está en mucho peor estado que en 2018.

En resumen, hay algunos avances, pero parecen muy limitados para el poder político acumulado por la actual administración.

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