Democracia participativa, para fortalecer la representativa
Los gobernantes se verían obligados a tomar el parecer de la población
La consulta popular para determinar si se enjuiciaba a los expresidentes, desde Carlos Salinas hasta Enrique Peña Nieto, era una compuerta que, por la confusión de la pregunta, modificada y complejizada por la Suprema Corte, no se pudo abrir. El resultado, visto desde su baja participación, se traduce en una oportunidad perdida que, empero, puede volver a presentarse en marzo de 2022, cuando se vote la revocación de mandato, animado por el presidente López Obrador.
Lo que se buscaba con ese ejercicio era que la sociedad tomara parte más activa en las decisiones del poder, enfocadas a procurar su mayor bienestar; era una propuesta innovadora que, de haber cristalizado, se pudo haber traducido en el involucramiento de la gente mirando a la definición de nuevas relaciones entre gobernantes y gobernados, y en novedosas formas de conducción política.
Hacer avanzar la democracia en esa dirección, además, apuntaba a su saneamiento, pues los gobernantes ya no decidirían todo solos, sino que, en asuntos fundamentales, se verían obligados a tomar el parecer de la población. Se habrían sentado las bases de una presencia social más dinámica en la vida pública. El poder apuntaría a dejar de ser individual. Ese es un rasgo que, en cualquier caso, se debe seguir buscando.
Hasta ahora, la democracia en México se ha reducido a la elección de representantes populares en las urnas; en estas, desde siempre, comienza y finaliza, en un solo día, la presencia pública del ciudadano en la vida política nacional. Después se invisibiliza.
Una de las más grandes taras de la democracia, aquí, es que todos los candidatos a puestos electivos, durante sus campañas, prometen resolver todos los problemas de la gente. Con esa esperanza, les da su voto.
Pero apenas pasan los comicios, inicia la traición de la ausencia, pues nadie los vuelve a ver, a nadie escuchan ni atienden, a nadie reconocen. Todo cuanto hacen, es para su exclusivo beneficio, tarea salpicada, no pocas veces, de deleznables actos de corrupción. Así, en la siguiente elección se reeditan las mismas prácticas y todo sigue igual.
Si se asume que la consulta pretendía superar esos vicios, es claro que no se alcanzó el propósito. Empezó por la falta de especificidad en el objetivo, siguió con el contenido indescifrable cuando se modificó la pregunta inicial, y no se imaginó una metodología para concretar el propósito que buscaba. Lo esencial era superar el dilema de la aplicación de la ley en sus términos y desplegar la acción legal anunciada.
Empero, muy pocos actores lo visualizaron así. Algunos no sólo desacreditaron, desestimaron y frivolizaron la convocatoria; se le opusieron abiertamente en vez de haber hecho alguna propuesta.
Más allá de proclamar victorias, que no pueden acreditarse, ni de subrayar derrotas, que en todo caso deben servir para perseverar, hay que fijar la atención en la revocación de mandato y enriquecer la democracia participativa para fortalecer la representativa.
Si se aprovecha lo que viene, la faz del poder y las maneras de ejercerlo, empezarán a cambiar para mejor.
Sotto Voce…
Entonces… ¿quién finalmente es el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Sea José Luis Vargas o Reyes Rodríguez, debe quedar perfectamente definido ya. Esa institución no puede estar en pleito ni mucho menos quedar a la deriva… Los diputados Mauricio Toledo y Saúl Huerta, acusados de delitos graves, así como el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, cuya imparcialidad está en duda, no deben escapar a la acción de la justicia. Deben ser desaforados y enjuiciados a la brevedad por los delitos que se les imputan.