Opinión

El domingo, nadie ganó todo y nadie perdió todo. Cada una de las fuerzas políticas puede presumir algunos triunfos y restregar a los rivales algunas derrotas. En términos agregados, hay una suerte de empate.

En un escenario de ese tipo, es difícil suponer que vendrá un cambio significativo en las políticas públicas seguidas por la actual administración federal. Sin embargo, tal vez se hayan abierto resquicios para impulsar algunas ideas distintas. En materia de seguridad y justicia, se me ocurren las siguientes:

1. Revisar los fondos de aportaciones y subsidios en materia de seguridad. Considerando que Morena y sus aliados ganaron un número importante de gobiernos estatales y municipales, tal vez exista una mayor disposición del gobierno federal para revisar la distribución de recursos entre niveles de gobierno. Esto pudiera incluir una ampliación del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública (FASP), el restablecimiento del Fortaseg o algún fondo similar para municipios, y la modificación de las reglas del Fortamun para incrementar el porcentaje de ese fondo dedicado obligatoriamente a gasto de seguridad.

2. Promover una reforma al impuesto predial y al impuesto sobre nómina, como mecanismos de financiamiento estable y suficiente para las policías estatales y municipales. Dados los nuevos equilibrios regionales, medidas de este género podrían encontrar un respaldo más amplio que en el pasado inmediato.

3. Impulsar la adopción amplia del llamado Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica (MNPJC), particularmente en lo referente a incrementar el rol de las policías municipales en tareas de investigación y recepción de denuncias. El MNPJC es una codificación de buenas prácticas adoptadas por gobiernos municipales de todos los signos partidistas. Los documentos que lo describen fueron elaborados y aprobados en la actual administración federal, pero tiene una fuerte identificación con organizaciones de sociedad civil. Podría ser una plataforma común para una reforma policial amplia.

4. Forjar un compromiso de todos los partidos para no ampliar el periodo de participación directa de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. En el artículo 5to transitorio del decreto de reforma constitucional que dio origen a la GN, se estableció que “durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”. Ese plazo vence en el transcurso de la próxima legislatura (el 22 de marzo de 2024, para ser preciso): tiene que haber un compromiso firme de no extenderlo. A la par, se debería de promover un proceso legislativo para normar desde el Congreso esa facultad, sobre todo si la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara inconstitucional el decreto presidencial emitido hace un año para regular los contenidos de ese artículo transitorio.

5. Establecer un consejo nacional de evaluación de las políticas de seguridad y justicia, a la manera del Coneval, para gradualmente establecer una base de conocimiento y evidencia en el sector. De arranque, se podría establecer en el propio Congreso de la Unión como un órgano técnico legislativo.

Nada de esto es sencillo y todo se va a topar con la implacable necedad de Palacio Nacional. Pero conforme se acerque el final del sexenio y se vaya debilitando el liderazgo presidencial, estos resquicios para acuerdos tal vez se amplíen. Y si no, al menos se pueden ir construyendo las bases para otra política a partir de 2024.