Opinión

El pasado domingo, a horas de la madrugada, un grupo de soldados mató a cinco civiles en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

Esto no fue un enfrentamiento, un choque o una balacera. Fue simple y llanamente un homicidio. Producto tal vez de la confusión, el miedo o el error, pero homicidio al fin y al cabo. Y para saber esto, basta con referirse al propio comunicado emitido por la Sedena el martes, dos días después del incidente. Cito in extenso: 

“Aproximadamente a las 4:50 a.m. del domingo 26 de febrero de 2023, el personal militar de una Base de Operaciones desplegado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, realizaba reconocimientos en el área urbana de ese municipio, en apoyo a la estructura de seguridad pública, cuando oyeron disparos de armas de fuego, poniéndose en alerta, avanzando a la dirección donde se escucharon; posteriormente, visualizaron un vehículo tipo pick up con siete individuos a bordo, quienes se trasladaban a exceso de velocidad con las luces apagadas y sin placas, cuyos integrantes, al observar la presencia de las tropas, aceleraron velocidad de manera intempestiva y evasiva, deteniendo su marcha al impactarse después con un vehículo que estaba estacionado. 

De esta situación, al escuchar un estruendo, el personal militar accionó sus armas de fuego; suceso que actualmente diversas autoridades se encuentran investigando para determinar la veracidad de los hechos. 
De manera preliminar se observó una persona ilesa, una herida y cinco personas sin vida; a la persona que resultó herida se le brindó la atención, solicitando el apoyo de una ambulancia para ser evacuado a una instalación sanitaria”. 

Algunos de estos hechos han sido desmentidos por el testimonio de uno de los dos sobrevivientes, así como por el Informe Policial Homologado que el oficial responsable llenó luego del incidente (ver bit.ly/3y2VTd5). Pero sobre algunos datos, no hay controversia alguna. 

En primerísimo lugar, las víctimas iban desarmadas. No se encontró una sola pieza de armamento en el lugar de los hechos. Los supuestos disparos que habrían escuchado los militares involucrados en el incidente no venían de los jóvenes abatidos. Sobre esto, no hay ni asomo de duda. 

En segundo lugar, no parece haber habido ningún paso intermedio entre la supuesta instrucción de detenerse que le habrían hecho los militares a los ocupantes de la camioneta y el uso de la fuerza letal. No hubo en modo alguno la graduación en la respuesta que exige la Ley Nacional de Uso de la Fuerza. Aquí no hubo ni sujeción ni incapacitación ni inmovilización ni uso de fuerza epiletal. Aquí hubo balazo limpio, casi desde el primer momento. 

¿Y por qué? Según el comunicado, porque los soldados escucharon un “estruendo”. 

Como mínimo, esto habla de un problema de capacitación. Al realizar labores de policía, los soldados no pueden abrir fuego porque escucharon un ruido sorpresivo e intenso. Y no pueden ponerse en pie de guerra porque ven un vehículo medianamente sospechoso. 

Pero hay aquí algo más grave, me parece. La decisión de poner a militares, ya sea en uniforme de Guardia Nacional o directamente como integrantes de las fuerzas armadas, a hacer rondines y poner retenes en zonas urbanas, supuestamente para inhibir el delito, lleva casi inevitablemente a incidentes como este. Si la tarea de unos militares es el patrullaje aleatorio, a la espera del topón, solo es cuestión de tiempo para que alguien dispare cuando no debe. 

El incidente de Nuevo Laredo probablemente lleve a una investigación penal y la sanción de algunos de los involucrados. Pero no va a producir lo que se necesita: una revisión de fondo del papel de los militares en la seguridad pública. 

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