Opinión

La ODI amplía su mirada y encuentra denuncias, sustentadas, con procedimientos semejantes en 18 escuelas situadas en 7 estados de la república. Y denuncian, con la pulcritud propia de quienes respetan el estado de derecho, la probable existencia de una red en que el abuso sexual infantil está organizado. En otras palabras, la sospecha fundada de la captura de escuelas para la explotación sexual infantil en línea.

No se acusa al magisterio, sino a quienes, ostentándose como tales, o como empleados de los planteles, usurpan esos puestos para cometer crímenes. Esta distinción es muy clara. La colusión de tantos adultos en un solo plantel no se explica como algo casual y es incorrecto que la SEP atienda estos casos sin dar vista a las autoridades judiciales. ¿Omisión, encubrimiento para “no dañar a la educación”, cambiar a quien agrede a otra escuela? ¿Es una red que medra con la venta de las imágenes? Preguntas válidas.

La SEP, la Fiscalía General y las de los estados, y otras instituciones, sin demora, deben realizar una investigación a fondo. Ya no es un secreto. ¿Habrá una respuesta del tamaño de la posible afrenta? Más nos vale.