La inutilidad de la Guardia Nacional para reducir la violencia
El gobierno federal no tiene una política de reducción de homicidios. O si la tiene, no cuenta con un instrumento para ejecutarla de manera directa
Ya he dicho esto en varias ocasiones, pero vale la pena reiterarlo: la simple presencia de la Guardia Nacional (GN) disuade muy poco.
Eso es particularmente cierto en materia de homicidios. Todos los meses, alrededor del día veinte, se presenta en la mañanera presidencial un reporte sobre el estado de la seguridad en el país. El enfoque de esos reportes cambia de mes a mes, pero hay dos constantes en el contenido: 1) el tamaño y recursos de la Guardia Nacional crecen incesantemente, y 2) el número de homicidios dolosos se mantiene con pocos cambios desde el inicio del sexenio.
¿Por qué esa aparente contradicción? ¿Por qué el incremento del despliegue de la Guardia Nacional no parece tener mayor efecto en la incidencia del delito más visible y grave?
El año pasado, mencioné los datos del Censo Nacional de Seguridad Pública Federal, correspondientes a 2020. Esta semana, el Inegi publicó la actualización de ese producto, ahora con datos de 2021.
Entre otras cosas, el documento detalla cuántos hechos presuntamente delictivos fueron registrados en las puestas a disposición de personas realizadas por la Guardia Nacional, desglosados por tipo de delito o falta administrativa.
Y resulta que, en todas las puestas a disposición realizadas por la Guardia Nacional, solo se registraron 10 homicidios dolosos y un feminicidio a lo largo de 2021, un año en el que fueron asesinadas 35,700 personas, según datos del Inegi.
Se puede argumentar que el homicidio es un delito del fuero común y que, por tanto, su atención no corresponde a la GN. Esa es una objeción perfectamente razonable, pero la implicación del hecho no es menor: significa que, para todo fin práctico, el gobierno federal no tiene una política de reducción de homicidios. O si la tiene, no cuenta con un instrumento para ejecutarla de manera directa.
El problema, además, no se reduce al homicidio. En materia de secuestro y privación ilegal de la libertad, considerando todas sus modalidades, la GN registró 31 hechos en las puestas a disposición del Ministerio Público en el transcurso de 2021. En lo referente a extorsión (en todas sus modalidades), el total correspondiente fue de cinco hechos. Y por delitos de delincuencia organizada, la suma llega a 11.
De hecho, en todo 2021, la GN realizó 6027 puestas a disposición ante en el MP relacionadas con 15,965 delitos. Es decir, en promedio diario, una corporación de más de 100,000 elementos con presencia en todo el territorio nacional realizó 17 puestas a disposición, vinculadas a 43 delitos. Esos son números equivalentes a los de una policía municipal mediana, compuesta por unos cuantos centenares de elementos.
El número y tipo de detenciones no son necesariamente los mejores indicadores de eficacia de una corporación policial. Pero algo dicen sobre las prioridades institucionales. Si la GN detiene a pocas personas por delitos graves como el homicidio, el secuestro o la extorsión (con respecto al volumen y frecuencia de esos delitos), es de suponer que no están allí las prioridades de la institución.
Y eso lleva a una conclusión obvia: la GN tal vez sirva para otras cosas, pero es básicamente inútil para reducir los niveles de violencia criminal en el país. Es momento de empezar a hacernos cargo de ese hecho.
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