Opinión

El sábado pasado, el coronel José Isidro Grimaldo Muñoz se encontraba de vacaciones en Tapalpa, un pueblo mágico ubicado en las montañas de Jalisco. Ese día, emprendió el camino hacia Zacatecas, pero algo sucedió en la ruta mucho antes de que llegara a su destino. Tanto su familia como el Ejército le perdieron la pista en algún momento del sábado, probablemente cerca de Guadalajara.

El miércoles, la Sedena confirmó mediante un comunicado la desaparición del coronel Grimaldo, detallando que se trataba del comandante del 16/o Regimiento de Caballería Motorizada con sede en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Según se informó, se lanzó un amplio operativo de búsqueda en colaboración con diversas autoridades federales, estatales y municipales y se anunció el refuerzo de la presencia federal en Jalisco “con la finalidad de inhibir las actividades de la delincuencia organizada”.

Ayer por la mañana, diversos medios de comunicación informaron que el coronel Grimaldo había sido hallado sin vida. Su cadáver habría sido encontrado en el interior de su vehículo, el cual habría sido ubicado en el municipio de Tonalá, en la zona metropolitana de Guadalajara.

Sin embargo, a las pocas horas, el coordinador general estratégico de Seguridad del estado de Jalisco, Ricardo Sánchez Beruben, negó que se hubiera identificado el cadáver y señaló que el coronel seguía en calidad de desaparecido. Asimismo, afirmó reiteradamente que el caso estaba siendo investigado directamente por el Ejército, con las autoridades civiles como simples coadyuvantes.

Al momento de escribir esta columna, la Sedena no había confirmado la muerte del coronel Grimaldo ni había realizado comentario alguno sobre el presunto descubrimiento de su vehículo en Tonalá.

De corroborarse la versión del asesinato, se trataría de la segunda muerte violenta de un alto oficial de las Fuerzas Armadas en menos de un mes. La primera fue la muerte en un enfrentamiento del general José Silvestre Urzúa, coordinador estatal de la Guardia Nacional en Zacatecas.

Como se comentó en esta columna, la muerte del general Urzúa dejó múltiples incógnitas. Algo similar sucede en el caso del coronel Grimaldo:

1. ¿El presunto secuestro fue un golpe dirigido en contra del coronel o se trató de un incidente aleatorio, resultado de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado? Si fue un golpe dirigido, ¿cómo sabían los presuntos delincuentes de la presencia del coronel en Jalisco y su desplazamiento a Zacatecas?

2. Si en efecto ocurrió un secuestro, ¿se trató de un evento extorsivo? ¿Hubo la demanda de algún tipo de rescate, dirigida a la familia o al Ejército? ¿El incidente estaría vinculado de algún modo a las tareas del coronel Grimaldo en Nuevo Laredo? ¿Había recibido algún tipo de amenaza previa?

3. Si la desaparición del coronel ocurrió el 10 de diciembre, ¿por qué la Sedena decidió informar sobre el hecho cuatro días después? Al momento de emitir el comunicado, ¿ya sabían las autoridades militares del descubrimiento del vehículo en Tonalá?

4. ¿Por qué el comunicado de la Sedena combina la información sobre el caso del coronel Grimaldo con detalles sobre el incremento del despliegue en Jalisco, realizado “con la finalidad de inhibir las actividades de la delincuencia organizada”? ¿Confirma con ello que la desaparición y posible asesinato del coronel fue obra de una banda criminal?

Se entiende que un caso tan delicado sea atendido con sigilo y que muchas preguntas no se pueden responder aún. Pero tal vez valdría la pena algo más de transparencia: saber que los altos mandos militares pueden ser agredidos impunemente no es muy tranquilizador para la población.

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