Opinión

Con base en las dos denuncias que presentó ante la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en contra de José Ricardo Gallardo Cardona y su padre Ricardo Gallardo Juárez, la Unidad de Inteligencia Financiera solicitará en las próximas horas el congelamiento de cuentas de unas 20 empresas vinculadas al candidato del Partido Verde Ecologista de México a la gubernatura de San Luis Potosí y a su familia que se consideran “empresas fachada”, y notificará oficialmente al INE de la existencia de irregularidades financieras detectadas que han dado pie a investigaciones que involucran al candidato verde en presuntos delitos como operaciones con recursos de procedencia ilícita, desvío de recursos públicos y financiamiento al terrorismo por transferencias detectadas a personajes ligados a la delincuencia organizada.

Las dos denuncias de la UIF contra el abanderado del PVEM —que aparece en estos momentos como puntero en varias encuestas en la contienda por la gubernatura potosina— fueron presentadas el 14 de agosto de 2020 ante la FGR y el 9 de septiembre de 2020 ante la Fiscalía anticorrupción y, de acuerdo con copias en poder de esta columna, en ambas denuncias se acusa a Ricardo Gallardo Cardona y a su padre de encabezar y dirigir “un elaborado esquema" mediante el cual se desviaron cantidades millonarias de recursos de los municipios de Soledad de Graciano Sánchez y de San Luis Potosí, por un monto de 724, 608, 296 millones de pesos, en la época en que el primero y hoy candidato a gobernador era alcalde del municipio de Soledad, mientras su padre ocupaba la presidencia municipal de la capital potosina.

Gallardo Cardona y Gallardo Juárez, junto con otras 17 personas físicas, entre las que aparece la madre del candidato María del Pilar Cardona Reyna y sus hermanas Kimberly Guadalupe y Candy Araceli Gallardo Cardona, habrían desviado esos recursos mediante transferencias bancarias a empresas como Clínica de Especialidades Wong, S.A. de C.V.; Grupo Axioma Kusuri, e Investigaciones Médicas del Potosí, en el periodo entre 2012 y 2019, cuando el primero era presidente municipal de Soledad de Graciano, mientras Gallardo Juárez encabezaba la alcaldía de San Luis Potosí. Tras recibir los más de 724 millones de pesos de recursos públicos, esas tres empresas realizaron diversas transacciones financieras con la finalidad de dispersarlos, enviando el dinero a cuentas de personas físicas y morales, muchas de ellas en las que aparecen como accionistas miembros de la familia Gallardo Cardona, todas las empresas constituidas en el periodo en que José Ricardo Gallardo Carmona y Ricardo Gallardo Juárez se desempeñaban como servidores públicos y en las que ellos mismos aparecen como socios accionistas.

“Un porcentaje de dichos recursos fondearon las cuentas de las empresas de la familia Gallardo Cardona, a través de depósitos en efectivo, de esa manera se ejecutó la triangulación de recursos, que posteriormente se integraron como capitales aparentemente lícitos, a través de la inversión en las personas morales ya mencionadas, la compra de inmuebles y diversas transferencias internacionales con destino principalmente a Estados Unidos y Australia”, señala la UIF en sus dos denuncias, tanto ante la FGR como ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Las empresas o personas o personas morales a las que se refiere la UIF y que habrían participado en el esquema de desvío de recursos y lavado de dinero, son en total 20 razones sociales que aparecen enlistadas en la denuncia y a varias de ellas se les solicitará el congelamiento de cuentas en las próximas horas, por ser consideradas “empresas fachada” utilizadas por la familia Gallardo Carmona en sus esquemas financieros ilegales y de desvío de recursos públicos. La lista la encabezan las  mencionadas Clínica de Especialidades Wong, Grupo Axioma Kusuri e Investigaciones Médicas del Potosí, además de Distribuidora Gallardo, Gallardo Continental, Tangamanga Continental, Inversión Creativa Desarrollos Inmobiliarios, Inmobiliaria Joriga, Renueva con Coordinación Profesional, Creativa Motors, Agroindustrias Rincón, Acabados Finos del Centro, Dealers Motors SLP, RG Eventos Sociales, Texano Food, Institución Educativa Potosina, Tangamanga André, Marketing Visual del Pacífico, Integración Empresarial Center y Quality Inmobiliaria Potosina.

Todas esas empresas aparecen en una lista que la UIF presentará al INE esta misma semana como “empresas fachada” en un intento de acuerdo para definir modelos de riesgo en el caso de esta candidatura del PVEM en San Luis Potosí y en otros casos de candidatos que aparecen mencionados en investigaciones por corrupción política.

Sobre los ingresos del candidato José Ricardo Gallardo, la UIF señala en su denuncia que encontró fuertes discrepancias entre sus declaraciones fiscales que presentó al SAT entre 2012 y 2018 en las que reportó haber tenido ingresos por 20 millones 119 mil 367 pesos, mientras que los empleadores del exdiputado y exalcalde de Soledad reportaron haberle pagado sueldos por 5 millones 423 mil 734 pesos en ese mismo periodo. Aun descontando un supuesto préstamo por 8 millones de pesos que Gallardo Cardona declaró haber recibido en 2014, aunque lo presentó hasta su declaración fiscal de 2016, la diferencia entre sus ingresos y sus percepciones es de 6 millones 664 mil 161 pesos que no están justiticados en el desarrollo de sus funciones como servidor público.

A partir de esas discrepancias, la UIF sostiene en sus denuncias: “Lo anterior no permite a esta Unidad determinar el origen real de los recursos declarados por el denunciado y por tanto, es posible dudar de la naturaleza legal de los mismos, máxime, cuando de información de fuentes abiertas, se desprenden datos que vinculan a José Ricardo Gallardo Cardona, así como a su padre Ricardo Gallardo Juárez en la ejecución de un esquema que originó el desvío millonario de recursos en los municipios que respectivamente presidieron, los cuales probablemente tuvieron como destino personas morales con socios comunes, miembros de la familia Gallardo Cardona, así como personas morales señaladas por el Servicio de Administración Tributaria como empresas que facturan operaciones simuladas e incluso, miembros de la delincuencia organizada”, dice textual la denuncia de la unidad de la Secretaría de Hacienda, que cita dos notas periodísticas que señalan vínculos de Gallardo Carmona y de su padre con “Los Zetas”, organización criminal que habría recibido transferencias de los recursos públicos desviados y al que se refieren como “el principal grupo del narcotráfico asentado en San Luis Potosí”.

Veremos qué deriva del congelamiento de cuentas que pedirá la UIF a las empresas vinculadas al candidato verde Ricardo Gallardo Carmona y a su familia y qué definen conjuntamente el organismo de Hacienda y el INE en este y otros casos de políticos y candidatos de distintos partidos que aparecen mencionados en investigaciones en curso por delitos de corrupción política, entre los que también se encuentra el exalcalde perredista de Coyoacán, Mauricio Toledo.

Paradójicamente, mientras la UIF pide congelar cuentas a las empresas de Gallardo y reactiva sus dos denuncias penales en contra del candidato a gobernador de SLP, al interior del gobierno federal hay grupos que empiezan a empujar la idea de que se debe apoyar al candidato verde, por su ventaja en las encuestas, como la única posibilidad de ganar San Luis Potosí y favorecer a sus aliados verdes, en busca de que ratifiquen su alianza parlamentaria después de los comicios del 6 de junio. Todo ante el derrumbe de la candidata morenista Mónica Rangel, quien se ha quedado rezagada en un lejano tercer lugar, mientras la pelea por la gubernatura se centra entre el abanderado del PVEM y el candidato panista Octavio Oropeza. ¿Será que en la 4T ayudan o hunden al controvertido candidato Ricardo Gallardo a quien no sólo este gobierno, sino desde el anterior de Peña Nieto han vinculado con temas de crimen organizado?

NOTAS INDISCRETAS…

Anoche el Consejo General de INE aprobó por una apretada mayoría de 6 votos contra 5 el acuerdo que ratifica la cancelación definitiva de las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón en Guerrero y Michoacán. El resultado de la votación se produjo de manera cardiaca conforme cada uno de los consejeros se fue pronunciando de manera individual. Mientras afuera de la sede del INE seguía el plantón encabezado por Salgado Macedonio, Morón y Mario Delgado, quienes junto con unos 400 seguidores veían en pantallas el desarrollo de la sesión virtual del Consejo, adentro, en los pasillos del instituto los cabildeos y las presiones a favor y en contra de los dos acuerdos que proponían la cancelación de las dos candidaturas de Morena a gobernador en ambos estados. Al mediodía el líder nacional morenista, Mario Delgado, afirmaba tener seguros “cinco votos de consejeros” que rechazarían la cancelación de candidaturas y a lo largo de la tarde se intensificaron las presiones desde el partido gobernante y el gobierno federal en busca de lograr una mayoría a favor del partido en el gobierno. En ese ambiente de tensión, luego de que las amenazas de violencia proferidas en la víspera por Félix Salgado fueran retiradas y el mismo político guerrerense anunciara a sus seguidores que tras el fallo, fuera a favor o en contra de su candidatura, se retiraría el plantón y regresaría a Guerrero “a organizar al pueblo”, y tras las descalificaciones del presidente López Obrador que reiteraba su desconfianza en el INE, pero pedía a los militantes y dirigentes de su partido “hacer protestas sólo por la vía pacífica”, se produjo el resultado final de la votación de los consejeros que canceló definitivamente las dos candidaturas morenistas y le otorgó al partido Morena un plazo de 48 horas, en el caso de Guerrero, para nombrar a un candidato sustituto en lugar de Salgado Macedonio, y en Michoacán les dio un plazo más amplio de 5 días para nombrar  a un nuevo candidato que sustituya a Raúl Morón. En contra del acuerdo y a favor de mantener las candidaturas de Salgado y Morón, votaron los consejeros Uuc-kib Espadas, José Roberto Ríos, Adriana Favela, Martín Faz y Norma de la Cruz, mientras que a favor de ratificar la cancelación se pronunciaron el consejero presidente Lorenzo Córdova, Carla Humphrey, Dania Paola Ravel, Ciro Murayama y el voto definitivo que fue el de la consejera Beatriz Claudia Zavala que le dio la mayoría a la cancelación. A diferencia de la primera votación de este mismo acuerdo, que fue de 7 a favor y 4 en contra, el único consejero que cambió el sentido de su voto fue Martín Faz que en esta ocasión apoyó a los candidatos de Morena. Anoche, antes de que se conociera el resultado final de los votos, se especulaba sobre si con este fallo se ratificaba la autonomía del INE y su autoridad frente a los embates de López Obrador y su partido o si el instituto electoral iba a ser doblado y sometido también por la 4T, como ya lo ha sido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y otros organismos autónomos. Parece que, con todo y la ruda ofensiva en su contra, seguimos teniendo un INE independiente… A propósito del Tribunal electoral, anoche se anunció que se suspende la sesión de hoy de la Sala Superior, en la que se iba a discutir el proyecto del magistrado Felipe Fuentes, que le daba la razón al INE y validaba su acuerdo para poner límites constitucionales a la sobrerrepresentación de las coaliciones electorales en la integración de la Cámara de Diputados. Cuando ya estaba todo listo para esta discusión que se veía venir como un nuevo revés a Morena y al presidente López Obrador que impugnaron este acuerdo por considerar que el INE buscaba afectar con esto al partido oficial, trascendió que la sesión se suspendió y se pospuso “por dudas de dos magistrados” en este tema. Quien sabe en qué consisten esas dudas, pero parece que otra vez, como ya lo hizo en el caso de las candidaturas de Salgado y Morón, los magistrados electorales no quieren comprometerse ni votar algo que pueda molestar en Palacio Nacional, y prefieren patear un tema de la mayor trascendencia, como es el de la sobrerrepresentación de los diputados, para “más adelante”. Se ve que el Tribunal Electoral está tan comprometido y amenazado por la 4T que ahora ya no quieren decidir nada y aplican la política de “Poncio Pilatos” de lavarse las manos en temas delicados para no incomodar al presidente y a su partido. O una de dos o los magistrados ya se alinearon o los tienen alineados con amenazas de expedientes y denuncias en su contra… Los dados mandan Serpiente. Caída libre.