Opinión

El 21 de enero de 2021, a las 03:10 de la madrugada, hubo una fuga de combustible en uno de los generadores de la planta nuclear de Laguna Verde. Los resultados de una evaluación de riesgo determinaron “probabilidad de accidente severo” y “de una descarga radiactiva grande al medio ambiente”. Los reportes y fotografías muestran los cables de los generadores nucleares corroídos y las instalaciones oxidadas.

Un mes antes, el 21 de diciembre, en los reportes internos se registró una “fuga de diésel” como un “evento no usual”. Solo habían transcurrido tres semanas desde otro Reporte de Condición, que describía cómo se activaron los mecanismos del reactor nuclear sin colocar las compuertas de seguridad. 

El 20 de enero, la Unidad 1 de la planta nuclear tuvo un “paro súbito”. Llevaba 110 días de operación con problemas de recarga de combustible, arrancando sin tener operables los sistemas de seguridad y con cinco barras de protección ante accidentes, de ocho que tiene el reactor nuclear, fallando. El 21 de enero, la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias informó por escrito a la jefatura de Laguna Verde que no les au torizaba a modificar los planes de trabajo para operar con dichas fallas, porque los estándares de seguridad requieren que al menos seis barras de control estén funcionando, con niveles adecuados de boro, la sustancia que permite amortiguar los efectos de radiación ante un accidente nuclear, y solo tres estaban activos. 

Obtuve copia de todos esos reportes para esta columna. Forman parte de los anexos de una dura carta que el físico matemático Bernardo Salas envió a presidencia de México el 21 de febrero. Salas no ha obtenido respuesta a esta carta, ni a las otras 12 que envió antes. Cuando fue ante la prensa de Veracruz a expresar sus preocupaciones, obtuvo como respuesta un duro comunicado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la institución que administra la planta nuclear. Lo acusaron de ser alguien que solo alarma a la población, sin conocimiento de lo que sucede en la planta. 

Pero las preocupaciones del académico están sustentadas también en otros documentos. El 15 de septiembre de 2020, la división de Energía Nuclear de General Electric envió una carta al Gerente de Centrales Nucleoeléctricas de la CFE. La Comisión la reservó por cinco años, pero Salas lo obtuvo, dice, de sus colegas al interior de Laguna Verde. El documento está firmado por Rafael Ledesma, quien ha sido gerente de Energía Nuclear en la compañía durante las últimas dos décadas, según documentos públicos. Ledesma no respondió mensajes para este texto.

En la carta, General Electric afirma que en su contrato como proveedor incluía que 60 días antes de cada recarga de combustible nuclear, la CFE entregaría una minuta con las actividades que iba a realizar. Pero esto no ocurrió a tiempo. La CFE entregó el programa de recarga a General Electric el 16 de julio de 2020, para una operación que iniciaría menos de un mes después, el 14 de agosto. Cuando inició la recarga de combustible, dice la carta, la CFE no proveyó equipo de protección radiológica y, aunque la compañía dijo que necesitaban por lo menos cambiarse 15 barras de control, CFE arguyó que solo pagaría por 12. Entregaron partes dañadas y quisieron culpar a la empresa por los desperfectos. La empresa, en su carta, aseguró que solo garantizaba las barras que ellos cambiaron y se deslindó de lo que ocurriera con el resto. Además, aseguró que la CFE no les había pagado, aunque ellos hicieron el mantenimiento, aun con todos los contratiempos. 

“Las barras de control son como los frenos de un carro. Son las que permiten detener la fisión nuclear y apagar el reactor”, me dijo Salas. Después de aquel mantenimiento con fallas en agosto, la planta ha tenido alertas naranjas en septiembre, noviembre, diciembre y enero. Oficialmente, la CFE dice que no hay nada de qué preocuparse. Mientras tanto, Salas insiste en que hay una crisis de seguridad nuclear inminente, y que está dispuesto a un debate público para probarlo.