Opinión

A poco más de dos meses de la elección judicial en México, y a unos días del inicio de las campañas, en abril, los diversos sectores políticos ya tienen definidos sus apoyos y apuestas, algunos de manera muy abierta; pero también los empresarios se han alineado en torno a algunas figuras que pretenden impulsar a los juzgados y tribunales, principalmente a la Suprema Corte de Justicia (SCJN).

Un caso de cercanía con los grupos económicos es el de la candidata a ministra impulsada por el Comité de Evaluación del Poder Judicial, Paula María García Villegas Sánchez Cordero; se trata, como sus apellidos lo dejan ver, de la hija de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, ahora en funciones de diputada federal, y del notario público Eduardo García Villegas.

Si bien la familia completa de Paula María busca desde hace tiempo mostrar lealtad a Morena y a la Cuarta Transformación, ella tiene una historia de relación con el poder económico, a través de los servicios que sus notarías han otorgado a los más grandes corporativos del país, a bancos y hasta a liderazgos sindicales de antaño, como Carlos Romero Deschamps.

En una casona ubicada en la zona de las Lomas de Chapultepec, en el número 225 de la calle Prado Sur, constituyeron un “consorcio” para gestionar y oficializar todo tipo de asuntos del orden jurídico: con las notarías 15, del papá Eduardo García Villegas; la 182, de la propia Olga Sánchez Cordero, y la 95 y 248, respectivamente, de los hermanos Olga Mercedes y Eduardo Francisco García Villegas Sánchez Cordero.

Paula María es magistrada del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a donde suelen arribar asuntos millonarios relacionados con grandes negocios. En algún momento se le vinculó con el pleito que mantienen Actinver, de Héctor Madero, y el empresario Rafael Zaga Tawil, relacionado con los mil millones de pesos que la institución bancaria liberó de un fideicomiso para reparar un fraude cometido al Infonavit.

De acuerdo con los operadores legales de Actinver, el contacto directo de los abogados de Rafael Zaga con el tribunal responsable de la resolución fue Fernando Mendoza Rodríguez, esposo de Paula María.

El 14 de diciembre de 2022 Actinver fue sentenciado a pagar unos mil 500 millones de pesos como indemnización por daños y perjuicios. El dictamen señala que, como banco, incumplió con los estándares mínimos de lealtad y confianza frente a un cliente al que se le designó como institución fiduciaria, lo que constituye una presunta violación al sistema bancario.

El caso es que será revisado en la Segunda Sala de la SCJN), donde se encuentran los ministros Javier Laynez, Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Alberto Pérez Dayán, y ahí se definirá si se le absuelve o se confirma la sentencia. Pero también podría quedar en manos de la nueva SCJN.

Así como el perfil de García Villegas Sánchez Cordero, hay otros tantos que Morena tiene detectados por sus vínculos y simpatías con los grupos empresariales, o bien con hombres y mujeres de negocios y hasta políticos del pasado; en esa lista de candidatas y candidatos para la Corte la que más suena de entre las tres ministras allegadas al oficialismo es Yasmín Esquivel; en segundo lugar Loretta Ortiz, y a quien quieren ver, pero muy lejos de la Presidencia de la SCJN, es a la radical Lenia Batres.

Otras mujeres y hombres que se enfilan como favoritos para la Corte, con el apoyo de la Iniciativa Privada, son Marisela Morales, Dora Alicia Martínez, Jazmín Bonilla, Zulema Mosri, Ricardo Sodi, Mauricio Tortolero y Sergio Molina Martínez. No los pierda de vista.

Posdata 1

En medio de las propuestas para resolver la crisis de Agrofibra, tuve acceso a la presentación que se expuso en la asamblea del pasado 13 de marzo, donde se detallaron las ofertas por la compra de la empresa.

Entre ellas, la opción del fondo Lexington -que no guarda relación con el fondo homónimo en Nueva York- destaca por la controversia que ha generado. El documento revela favoritismos hacia los actores que originalmente dañaron a la empresa, como Jorge Guajardo Hesles y Gear Alimentos.

Al no ofrecer una solución que beneficie a los inversionistas, se ha cuestionado el verdadero propósito de la medida. Asimismo se ha señalado que parte de los nuevos fondos se destinarían a saldar deudas con estos mismos actores, lo que incrementa las sospechas sobre la transparencia del proceso.

Otro punto polémico es la propuesta de externalizar la administración a una “Joint-Venture de los Inversionistas”, la cual asumiría el rol de Administrador Externo. Este esquema implicaría honorarios e incentivos, incluyendo una comisión del 75 puntos base sobre los activos netos, pagos trimestrales y una comisión por desempeño en dólares estadounidenses.

Incluso si el administrador es removido sin justificación, el Fideicomiso seguiría pagando estas comisiones durante cinco años. Además, la posible salida de los actuales ejecutivos y los costos laborales adicionales incrementan la incertidumbre sobre la gestión operativa, reforzando la percepción de que la medida prioriza intereses particulares sobre los de los inversionistas.

Posdata 2

Cero y van dos para Martí Batres, quien metió en serios problemas a la presidenta Claudia Sheinbaum con su iniciativa de reforma a la Ley del ISSSTE, la cual ya fue cancelada por la mandataria en medio de las protestas de maestros sindicalizados.

Batres también fue el artífice de la aprobación en el Congreso de la CDMX de las modificaciones a la Ley de Turismo local el año pasado, aquella que restringió al 50% las noches en que pueden estar disponibles los inmuebles de plataformas de renta temporal, y que enfrenta actualmente una serie de suspensiones judiciales por ser violatoria de los derechos constitucionales de los microempresarios.

Se sabe que al interior del gabinete de Clara Brugada hay múltiples proyectos para echar atrás esa legislación; de entrada, con el argumento de que se requieren espacios para recibir a los turistas que atraerá el Mundial de Futbol del 2026 y, principalmente, porque se requiere confirmar que en la capital del país se respetan los derechos de los ciudadanos.

Posdata 3

El asesinato del secretario de Seguridad del municipio de Tulum, José Roberto Rodríguez Bautista, este fin de semana, es consecuencia de la degradación en materia de seguridad y violencia que sacude a prácticamente todo el estado que “gobierna” Mara Lezama.

Hace meses que los empresarios de todos los giros han denunciado el crecimiento desbordado de la inseguridad en Cancún, Tulum y la mayoría de municipios turísticos del estado. La extorsión y las balaceras son cosa de todos los días. En el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ya se encendieron las alarmas en torno a Quintana Roo.

Rodríguez Bautista murió tras ser blanco de un ataque armado el viernes, según informó la Fiscalía del estado de Quintana Roo. Tras la agresión con arma de fuego, el funcionario fue llevado a un hospital y ahí falleció.

Cobijada en su momento por el ex presidente López Obrador, Lezama enfrenta ahora la realidad de un estado que no ha podido, y al parecer no le ha interesado gobernar ni garantizar la seguridad, más que para los negocios de transporte en los que tiene injerencia. Las cosas en Quintana Roo caen por su propio peso y ahora dicho estado se ha convertido en una muy pesada carga para el gobierno federal, especialmente para el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Posdata 4

El alcalde morenista de Escobedo, Nuevo León, Andrés Mijes recibió el galardón "Triple Arco" qué obtuvo la policía municipal, reconocimiento que le fue entregado en la Spring Conference con sede en Garden Grove, California, de manos de Craig Hartley, Presidente Ejecutivo de CALEA.

Esta triple certificación de la Comisión para la Acreditación de Agencias para la Seguridad y la Aplicación de la Ley (CALEA, por sus siglas en inglés), la obtuvo la policía de Escobedo para la Secretaría de Seguridad Ciudadana; el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4), y la Academia de Formación Policial y Capacitación Continua por el cumplimiento de estándares internacionales del Modelo Proxpol, cuya característica es la cercanía con la ciudadanía.

@MarioMal