Opinión

Las urgencias dictatoriales del Presidente, obsecuentemente atendidas por diputados y senadores de Morena, han conducido a que sus dos fracciones parlamentarias incurran en violaciones al proceso legislativo para imponer leyes que contravienen la Constitución. El día 9 de junio la Suprema Corte emitió la resolución que nulifica la primera parte de la reforma electoral obradorista a causa de haber violado el procedimiento legislativo en tres aspectos: 1) violó el derecho de participación de todas las fracciones legislativas, 2) no aplicó las reglas de votación establecidas y 3) violó la condición de certeza y transparencia de las sesiones en que se dictaminó la legislación aprobada (ver boletín: https://bit.ly/3J2DgvC). Las tres son violaciones de disposiciones constitucionales que son, a la vez, garantías del proceder democrático del Poder Legislativo. Ya le llegará el turno a la segunda parte del “paquete” reformador electoral denunciado por razones parecidas, así como a las leyes aprobadas mediante el agandalle senatorial del viernes negro (28 de abril).

Ni un minuto perdió la consejería jurídica presidencial para desacreditar a la Corte por presunta violación a la libérrima voluntad de la mayoría legislativa que, según esa oficina, establece la Constitución. La Presidencia alega que la mayoría puede imponer su voluntad legislativa (y desde luego ejecutiva como lo ha hecho este gobierno) como le venga en gana porque sus integrantes han sido electos en las urnas. En falacia geométrica absurda, se implica que la Corte no es democrática porque no fue electa de la misma manera, lo cual es tan falso como grotesco, pero el proyecto morenista de someter al voto popular la integración del tribunal constitucional ya está en marcha.

La trampa argumental de la ofensiva obradorista es negar el carácter democrático y, por tanto, legítimo de la Corte. Su naturaleza democrática deviene de que sus integrantes son designados por el Senado (electo en las urnas) a propuesta del Ejecutivo (electo en las urnas). Pero los jueces son nombrados para cumplir un mandato que les dicta la Constitución, no la legislatura ocasional ni el presidente en turno. Todo lo que están autorizados constitucionalmente a hacer los poderes Legislativo y Ejecutivo es legítimo por su origen electoral democrático. Eso incluye el nombramiento de los jueces y magistrados. ¿Acaso es necesario someter a elección popular a cada uno de los miembros del gabinete presidencial para que tengan legitimidad de gestión? La falaz argumentación morenista podría extralimitarse a la elección de cada funcionario, desde el secretario de Hacienda hasta el electricista de Palacio Nacional. Imagínense la cantidad de elecciones que este absurdo supondría. Tendríamos como resultado un gobierno tan democrático que prácticamente sería un pueblo en miniatura, pero que tendría el nada pequeño problema de que nadie podría ocuparse de gobernar, ni de conectar la luz en Palacio.

Es obvio que Morena no estaría dispuesta a llegar a tal extremo, pues su poder se licuaría en su propia distopía. A lo que aspira es a controlar el Poder Judicial desde el partido, como lo hace ya con el Legislativo. La tiranía de la mayoría no es propiamente ejercida por la mayoría sobre la minoría. Es el poder despótico que monopoliza un grupo en su nombre. Al final de cuentas los extremos convergen: cuando el partido populista se apodera del gobierno y del Estado se erige en una oligarquía excluyente. Lo primero que necesita para ese apoderamiento es neutralizar o suprimir los contrapesos al gobierno, particularmente el de los tribunales encargados de mantener al poder dentro de los límites de la Constitución.

En el ascenso global de las autocracias la eliminación de la independencia judicial es el eslabón que lleva a la dictadura. La sumisión de los jueces al “pueblo” no es sino el sometimiento de la justicia y la Constitución a una nueva oligarquía de reemplazo con una legitimidad obtenida por el carisma mesiánico y no por la decisión de los ciudadanos de controlar el poder para el buen gobierno. El Presidente ha reconocido públicamente que ha presionado a los ministros faltando al respeto a la autonomía que se les exige. Ese es el proyecto de Morena.