Opinión

Esta semana inició un reto internacional para México que no tiene precedentes: hacer frente a un gobierno estadounidense que tiene una lista diversa de temas que considera generados por México. Uno de los principales es el tráfico de fentanilo que al año mata a miles de estadounidenses.

A principios de enero, Claudia Sheinbaum contó en un evento en Tejupilco, Estado de México, que en una de sus conversaciones con Trump –como presidente electo– ella le dijo que “no hay tanto abuso, eso no existe en México. Y me preguntó: ‘¿Por qué?’ Y le dije: pues es que las mexicanas y los mexicanos tenemos valores”.

Para estar en posibilidad de atender y resolver un problema, primero hay que entenderlo. Para esta columna platiqué con Adriana Muro Polo, directora ejecutiva de Elementa DDHH, una asociación civil que trabaja en temas política de drogas y derechos humanos en México y Colombia.

Adriana no duda en recalcar que “México tiene una crisis de violencias y eso se da por diferentes mercados ilícitos y por las redes de corrupción que sostienen esos mercados ilícitos. Hay una relación entre la producción, el tráfico, la distribución de drogas con las violencias que aquejan a diferentes zonas del país”. Sobre esta crisis de violencia y mercado ilícito de drogas, el gobierno mexicano no ha mencionado una sola palabra en sus respuestas o posturas frente a Estados Unidos. “Al contar con un sistema de prohibición concentrado en el enfoque bélico y punitivo se abre la posibilidad de que exista este mercado ilícito de drogas”, agrega Muro Polo.

El papel que juega México en este mercado ilícito de drogas no ha sido siempre lineal. “Tradicionalmente había sido por nuestro papel como países productores sobre todo de drogas provenientes de plantas psicoactivas como la cannabis, como lo llegó a ser la amapola, de la cual se producía la heroína (que ya no se produce en México) y también por la diversificación del mercado específicamente concentrado en drogas sintéticas donde podemos colocar al fentanilo.”

En su informe “Radiografía de la prohibición” sobre la política de drogas en el sexenio de López Obrador encontraron en los Guacamaya Leaks que la Sedena sabía que se producía fentanilo en México desde 2020. También sabían que la producción de fentanilo producía muchísima violencia en el norte del país, especialmente en Baja California, Sonora y Sinaloa. Todo el sexenio de AMLO se negó esa producción, pero ya no vale la pena seguir con esa negativa. “El problema de negar esto es que no se toman medidas concretas para atender esa producción y que también se ignora a las personas que usan fentanilo. Sin embargo, hay muchas personas que requieren una política reducción de daños y de salud”, afirma Adriana.

Desde el punto de vista de Muro, es necesario construir una política de drogas distinta que, primero, reconozca y repare a las víctimas del sistema de prohibición que son las personas encarceladas por poseer 100 gramos de cannabis o por vender tres gramos de metanfetamina, que normalmente son personas en situación de pobreza y vulnerabilidad. En segundo lugar, afirma Adriana, es necesario entender la relación de las personas con el uso de sustancias psicoactivas, y eso solo se logra a través de datos.

Finalmente, la investigación que ha llevado Elementa DDHH ha concluido que “es necesario identificar cómo ha afectado la política criminal de Estados Unidos a México. Durante años se ha manejado esta estrategia de detener, extraditar y procesar a líderes de los cárteles y, sin embargo, el mercado no ha cambiado porque existen redes de corrupción que lo sostienen.”

El gobierno tendría que recurrir a especialistas en política de drogas para construir una estrategia sólida que pueda hacer contrapeso a la amenaza punitiva de Trump. La narrativa sofística en las conferencias de prensa no será suficiente.

@MaiteAzuela