En la carpeta de investigación iniciada por la FGR sobre huachicol fiscal en buques, puertos y aduanas, está incluida la carta-denuncia que, dirigida hace poco más de un año al almirante Rafael Ojeda Durán, exsecretario de la Marina, destapó más de un año después la la intrincada red de corrupción operada por altos mando de la Armada de México para el contrabando de gasolinas y la multimillonaria evasión al fisco estimada en 500 mil millones de pesos anuales.
La carta, fechada el 14 de junio de 2024, contiene un informe dirigido al entonces secretario de la Marina de AMLO, escrito por el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, quien era el director general de Recaudación de Aduanas.
En su misiva acusa directamente al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna (hoy detenido) y a su hermano, el contralmirante Fernando Farías Lagunas (aún prófugo) de cometer actos de corrupción en complicidad con oficiales de la Marina comisionadas en la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y en la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA).
Los hermanos Farías Laguna, como se sabe ahora, son sobrinos políticos del exsecretario Ojeda Durán, sobre quien tenían gran ascendencia y la suficiente influencia para promover ascensos y comisionar personal marino a Aduanas, para lo cual se valían del capitán de corbeta Miguel Ángel Solano Ruiz (aún prófugo) y al capitán de navío Clímaco Aldape Utrera (hoy detenido).
Para hablar sobre su carta-denuncia, el contralmirante Guerrero Alcántar fue citado el 10 de octubre de 2024 al despacho del nuevo almirante secretario Raymundo Pedro Morales. No hay datos en la carpeta de investigación de lo tratado en aquella reunión. Lo que se sabe es que Guerrero Alcántar pidió una licencia vacacional y precisó los lugares en donde estaría ubicable. Pero el 8 de noviembre fue asesinado en Manzanillo, Colima, por dos individuos que literalmente lo cazaron en una motocicleta.
Una copia de la carta delatora -seguramente la que aparece en la carpeta de investigación- fue encontrada tras el crimen del oficial asesinado en su oficina de la vigésimo segunda Zona Naval, con sede en Puerto Madero, Chiapas, presumiblemente su última adscripción.
Es inconcebible no sospechar, por lo menos, que el crimen está relacionado con la delación de los hermanos Farías Laguna y la red de corrupción del huachicol fiscal. Las investigaciones, sin embargo, no consignan la presunta comisión de un homicidio, ni siquiera para descartarlo como móvil.
Algo similar parece estar ocurriendo con el capitán Abraham Pérez Ramírez, de la Unidad Naval de Protección Portuaria de Altamira, Tamaulipas, quien el lunes pasado fue encontrado muerto con un tiro en el pecho, y el también capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga, ex jefe de la Aduana de Manzanillo, muerto el martes pasado en Puerto Peñasco, Sonora.
A la presidenta Sheinbaum mucho le molesta que se asocie, sin pruebas, que los dos últimos decesos tengan que ver con el caso del huachicol fiscal, pue refiere que el primero fue un suicidio y el segundo un accidente durante una práctica de tiro.
Ella, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y el fiscal general Alejandro Gertz por otra parte, han desvinculado del caso al exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, con el argumento de que él pidió desde hace dos años que se investigara el asunto.
Pero, así como tienen razón en exigir que no se involucre a gente sin pruebas resultantes de una sólida investigación (como en el caso de los marinos Pérez Ramírez y Del Ángel Zúñiga), a ellos se les exigen pruebas más contundentes, producto de las indagatorias ministeriales, como para exonerar públicamente -como lo hicieron- al exsecretario de Marina, Ojeda Durán. Éste debería ser llamado a comparecer pues no es menor el daño causado a la Marina y al país por este asunto del huachicol fiscal.
Más nombres, ligas y socios
Desde el martes quedó vinculado a proceso el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien, hasta enero pasado, se desempeñaba como comandante de la décimosegunda zona naval con sede en Puerto Vallarta, Jalisco, y que fuera, en el sexenio anterior, secretario particular del entonces subsecretario José Luis Arellano Ruiz.
El hermano de Farías Lagunas, Fernando, con rango de contralmirante, está prófugo, acusado de ser parte de la organización conocida como “Los Primos”, presuntamente responsable de sobornar a subordinados, personal de aduanas y empresas importadoras y exportadoras, que descargaban en puertos como Tampico y Ensenada buques cuya carga era consignada como lubricantes, pero que en realidad eran hidrocarburos ilegalmente sustraídos -es decir, huachicol-, como los diez millones de litros asegurados el 31 de marzo pasado en el megabuque “Challenge Proycon”.
Mucha información sobre el caso ha dado el exdirector de la Aduana de Tampico, el capitán Alejandro Torres Joaquín, quien aceptó un criterio de oportunidad y bajo el nombre clave de “Santo” ha revelado identidades en esa red de contrabando de huachicol fiscal, entre los que aparecen el del exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo (quien denuncia en esto intenciones políticas, aunque fuentes de la FGR dicen que esperan orden de aprehensión contra él la semana próxima); y Alfonso Durazo Chávez, hijo de Alfonso Durazo Montaño, hoy gobernador de Sonora, presidente del Consejo Político Nacional de Morena y, en el sexenio pasado, secretario de Seguridad, cargo por el cual mantenía estrecha relación con el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda.
El minucioso y bien logrado reportaje de Daniela Wachauf que ayer se llevó la principal de EL UNIVERSAL, revela con base en un documento de la FGR que el Centro Federal de Inteligencia Criminal detectó a 555 empresas vinculadas al tráfico ilegal de combustibles, entre ellas el Grupo Potesta, cuyo ingresos y egresos anuales no coinciden y a la que la casa de bolsa Vector de Alfonso Romo, ex coordinador de asesores de AMLO, le movió recursos hasta por 220 millones de pesos.
Por la corrupción en Aduanas, pasada por alto durante las gestiones del exsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta (diciembre de 2018-mayo de 2019), y el hoy secretario general de gobierno del Edomex, Horacio Duarte (mayo de 2020-enero de 2022), AMLO decidió entregar su control y administración de la Secretaría de Marina.
Ese 2022 le di a conocer aquí en Gran Angular un oficio confidencial en el que el entonces secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, le informaba al general Audomaro Martínez, entonces director del Centro Nacional de Inteligencia, de una red de corrupción en Aduanas, operada por Juan Carlos Madero Larios, cuñado de la hoy presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Tamaulipas, Tania Contreras.
El oficio referido muestra que del asunto se tuvo conocimiento desde 2022 y no hasta 2023 a petición del exsecretario Rafael Ojeda Durán, como aseguró Gertz que ocurrió.
Incluso antes de 2022, ya había ocurrido el asesinato del llamado “Rey del Huahicol”, Sergio Carmona Angulo (22 de noviembre de 2021), cuyo hermano Julio César, controló la aduana de Reynosa para facilitar el contrabando de hidrocarburos ilegalmente extraídos, cuyas multimillonarias ganancias sirvieron para financiar campañas políticas de gobernadores de Morena a cambio de contrataciones por venir.
El exgobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ha reconocido que fueron varios los contratos dados a Carmona quien a la postre fuera ejecutado en San Pedro Garza García, Nuevo León, cuando ya había decidido convertirse en testigo protegido de la justicia de Estados Unidos.
Los hermanos Carmona Angulo fundaron empresas como Grupo Industrial Permart, Grupo Industrial Joser y Consultoría Reymar, con las que realizaron obras públicas en Reynosa, Ciudad Victoria y otros municipios tamaulipecos. El poder económico que obtuvieron de ellas llevó a Sergio a vincularse con panistas tamaulipecos como César Verastegui “El Truco” y el exgobernador Cabeza de Vaca.
Pero el incumplimiento de contratos que le habían sido garantizados lo llevó a romper con los blanquiazules y lo acercó a Morena, a cuyos candidatos (incluido el actual gobernador Américo Villarreal) se asegura que financió.
A algunas de las empresas de los hermanos Carmona Angulo se les ha señalado como el puente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con el huachicol fiscal.
El Señor de los Buques
Mucho más tendrá que decir el contralmirante Fernando Farías Laguna, sobrino prófugo del exsecretario de Marina, pero la mira está puesta ahora en el empresario Roberto Blanco Cantú, quien es considerado pieza clave de esta trama y contra el que un juez federal de Almoloya libró orden de aprehensión el pasado sábado 6 de septiembre.
Blanco Cantú, quien también se hace llamar Roberto Brown y tiene el alias de el “Señor de los Buques”, es un empresario de 30 años originario de Ciudad Victoria, Tamaulipas, con nacionalidades mexicana y estadounidense, conocido por su presunta participación en la denunciada red de huachicol fiscal a través de empresas como “Mefra Fletes” con sede en Guadalajara, Jalisco, desde 2015.
Esta compañía ha sido señalada por el departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y relacionada con el Cártel del Golfo por medio de su hermano mayor Rigoberto Blanco Cantú o Rigoberto Brown.
“Metfra Fletes” quedó bajo el control total de Blanco Cantú en 2019 y asociado con José Tijerina Mendoza (contra quien también hay una orden de aprehensión por los delitos de contrabando y falsificación de documentos aduanales), importa diésel de Texas con una flota de buques tanque -de ahí el apelativo de “Señor de los Buques”-, lo declara aditivo para aceites lubricantes y lo distribuye mediante 300 tractocamiones y 600 pipas en Tamaulipas, Veracruz, Sonora y Baja California.
Golpe de timón
Al dar a conocer el pasado domingo 7 de septiembre la red de huachicol fiscal y la detención de marinos de alto rango y de otras once personas, entre ellas otros cuatro oficiales de la Armada, cinco exfuncionarios de aduanas y tres empresarios, el almirante secretario Raymundo Pedro Morales declaró que acciones como las anunciadas son “golpes de timón necesarios”.
Dos lecturas pueden hacerse del anuncio de un “golpe de timón”.
Una, la de su sentido estricto, es decir, la aplicación de medidas estrictas que fortalecen los controles internos y procedimientos disciplinarios de la Marina para evitar malas prácticas y defender el compromiso con la sociedad, la transparencia y el Estado.
¿Y la otra implica un sentido amplio, el del ya evidente cambio de estrategia en el combate a la inseguridad y la delincuencia organizada de la presidenta Claudia Sheinbaum y acaso el deslinde más claro o, si se quiere, el quiebre mas profundo entre su gobierno y el de su antecesor Andrés Manuel López Obrador.
Instantáneas:
1. EL PLAN B DE ALITO. El pasado lunes 8 de septiembre, día en que el Congreso de Perú, a través de su Comisión de Relaciones Exteriores aprobó una moción para declarar persona “non grata” a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, por “injerencia inaceptable” al defender al presidente legalmente electo Pedro Castillo tras un “golpe de Estado técnico”, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, estaba reunido con Dina Boluarte, quien siendo vicepresidenta de la nación sudamericana cubrió la vacancia de Castillo cuando éste fue destituido por la legislatura. “Alito” presumió su encuentro con fotografías subidas a sus redes sociales en un “timing” que, si no fue descuido, tuvo la clara intención de mostrar cómo opera en el exterior contra la presidenta de su país. Otra lectura, dicen los que saben, es que el dirigente del tricolor tiene como plan B (si como parece Estados Unidos no le concede asilo político al ser desaforado en nuestro país), huir a Perú u otros países latinoamericanos que no empatizan con la 4T como es el caso de Ecuador (con quien están interrumpidas las relaciones desde la irrupción armada a la embajada mexicana para capturar al solicitante de asilo y exvicepresidente Jorge Glas el 5 de abril de 2024), Argentina o El Salvador.
2. DUDAS EN LA CORTE. Nos cuentan que el nuevo presidente de la Corte, Hugo Aguilar, pretende incorporar a sus filas a gente que en el Poder Judicial ven de dudosa probidad. Tal es el caso del exsecretario del Sistema Nacional Anticorrupción, Roberto Moreno Herrera, quien dejara el cargo poco antes de ser cesado por el órgano de gobierno de esa instancia por supuestos actos de corrupción señalados por la presidenta del Comité de Participación Ciudadana de ese sistema, Vania Pérez.
3. INCUMPLIDO Y BRAVUCÓN. Como si le faltaran problemas al IMSS Bienestar, su titular de Administración y Finanzas, Cristian Lilián García Romero, revisa la situación que guarda la prestación del servicio de limpieza en las instalaciones de esa institución, adjudicado a la empresa “Armot Seguridad Privada y Servicios Institucionales”, que recibió un contrato por más de dos mil 500 millones de pesos para tal fin. Resulta que “Armot” lleva meses incumpliendo con obligaciones contractuales: no registró al Seguro Social a más de diez mil trabajadores que dan el servicio, como está establecido en la adjudicación correspondiente a este año 2025. García Romero -nos dicen- fue amenazada por el dueño de la empresa, Juan Reyes Domínguez.
4. MAS VIGILANCIA EN LA AUTOPISTA DEL SOL. Las autoridades de Guerrero reforzarán el monitoreo de carreteras con la participación de la Guardia Nacional y el apoyo de 36 arcos “Repuve” y 75 puntos de vigilancia en todo el estado. Especial cuidado se pondrá en la Autopista del Sol, sin descuidar las carreteras principales del estado. El anuncio lo hizo la gobernadora Evelyn Salgado durante la reunión de Coordinación Interestatal contra el Robo de Vehículos, junto a las gobernadoras del Estado de México, Morelos, y la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina.
@RaulRodriguezC
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