Opinión

En nuestro país a diario suceden problemas entre personas, entre instituciones privadas, entre empresas y hasta entre gobiernos. Los temas de estas disputas son variados y tan comunes como los asuntos penales. Aquí planteo algunos ejemplos que han sido invisibilizados de la agenda, pero que el Poder Judicial resuelve:

Si una pareja entra en un proceso de divorcio será un juez de lo familiar quien disuelva el matrimonio y garantizará –si fuera el caso– el interés superior de la infancia de las hijas e hijos.

Si una persona es despedida injustificadamente de su empleo y no recibe una indemnización por ello, puede acudir al Tribunal Laboral para que se revise su despido y en su caso se ordene la indemnización.

Si una persona contrata un seguro de vida y muere posteriormente, pero el seguro se niega a pagar a sus deudos, éstos podrán acudir al juez mercantil para que revise el caso y la aseguradora cumpla con el contrato.

Si una diseñadora gráfica presta sus servicios profesionales a una empresa y ésta se niega a pagarle, puede acudir a un juez de lo civil para demandar el cumplimiento del pago por parte de la empresa.

Si una persona considera que una institución gubernamental le ha provocado un daño moral o material puede demandar la Responsabilidad Patrimonial del Estado ante el Tribunal Administrativo para que las magistradas y magistrados revisen el caso y se repare el daño.

¿Cómo se garantizará que el juez mercantil electo por el pueblo realmente sepa de derecho mercantil? ¿Qué hay de los magistrados especializados en materia administrativa? La elección popular solo garantizará un debilitamiento a la especialidad que requieren todas estas materias y que hoy está garantizado mediante concurso.

Así, para diagnosticar al Poder Judicial no basta con aludir a una sentencia o a una temática en particular como quieren hacernos creer en las mañanas. Va más allá de encuestas reduccionistas.

Y si lo que se quiere es concentrarse en el ámbito penal con el interés puesto en resolver el acceso a la justicia –y no el control constitucional del poder ejecutivo– lo que se debería preguntar a la gente es su experiencia con las instituciones involucradas en la procuración de justicia. Por ejemplo:

1.- ¿Usted o algún familiar ha sido víctima de un delito?

2.- Si respondió que sí, ¿Solicitó auxilio de la policía en ese momento? ¿Considera que la respuesta de los elementos de seguridad fue adecuada? ¿Le pidieron dinero para ayudarle?

3.- ¿Presentó la denuncia en la Fiscalía General de su estado?

4.- ¿El Agente del MP que le atendió en la Fiscalía se preocupó por usted? ¿Inició alguna acción inmediata para dar con el responsable? ¿Le pidió dinero?

5.- ¿Considera usted que el Agente del MP reunió todas las pruebas necesarias en contra del probable responsable?, ¿trató de evitar que presentara la denuncia?

6.- Cuando su caso fue llevado ante el Poder Judicial, ¿el Agente del MP presentó correctamente el caso al juez? ¿el expediente estaba completo, se hicieron investigaciones exhaustivas?

7.- Durante el juicio oral, ¿considera que el MP hizo todo lo posible para probar que usted fue víctima y que debía reparársele el daño?

8.- Si la decisión del juez penal no fue favorable, ¿usted presentó un amparo ante el Poder Judicial Federal? ¿Le satisfizo la resolución?

9.- ¿Su caso fue atraído por la SCJN?

El orden de las preguntas es a la vez el orden que la ciudadanía enfrenta cuando es víctima de un delito. Como puede verse, el Poder Judicial es solo una parte de todo el aparato de instituciones involucradas. Si las policías fallan, es porque todo se ha concentrado en una Guardia Nacional militar que detiene y dispara a diestra y siniestra (Véase Guanajuato). Y porque las fiscalías locales (y la federal también) no construyen casos sólidos. Los garantes de la justicia no son solo los 11 de Pino Suárez 2.

@MaiteAzuela