Antonino Morales, la polémica pieza clave de la 4T en el Istmo

En la mañana del sábado 1 de enero de 2005, cientos de hombres y mujeres indígenas zapotecos protestaban indignados, con palos, piedras y botellas de gasolina en la mano, en la pequeña explanada frente al palacio municipal de San Blas Atempa. 

Trataban de impedir que el priista Eliseo Vásquez Reyes tomara posesión como nuevo alcalde. “Era producto del fraude electoral”, acusaban rodeados de policías estatales que lanzaban gases lacrimógenos.

Ocho años más tarde, esa protesta encontró el cauce institucional y con la fuerza de los votos ganó la presidencia municipal el candidato del PRD, a quien sus malquerientes motejaron como el “ingeniero fierro viejo”, por su negocio de compra y venta de maquinaria agrícola usada. 

Con su triunfo en el año 2013, Antonino Morales Toledo puso fin a cinco trienios consecutivos de gobiernos priistas y desde entonces se involucró en la vida política con el partido Morena, allá por 2010.

A inicios de esta semana, a este alcalde morenista, quien fue electo por segunda vez en 2018, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) le congeló las cuentas bancarias del gobierno municipal, bajo la sospecha de estar vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). 

El  pasado  16 de junio las cuentas fueron descongeladas, Antonino Morales  agradeció el gesto de la UIF y anunció que pedirá que la Fiscalía General de la República (FGR) le realice una exhaustiva investigación.

Según diversos expedientes, no es la primera vez que involucran, mediante llamadas anónimas incluso, al edil blaseño de 38 años, indígena zapoteca, que desde niño sembró sorgo y maíz en las  tierras que su abuela tenía en Rancho Llano y Santa Rosa, y desde esas comunidades que pertenecen al municipio de San Blas Atempa, llevaba la cosecha a los mercados de Tehuantepec, Salina Cruz y Juchitán, para venderlos, ganarse la vida y ayudar a su familia.

El 5 de julio de 2019, la FGR, abrió la carpeta de investigación FED/OAX/SC/0001548/2019, luego que la apoderada legal de PEMEX Logística remitió una denuncia anónima, recibida el 28 de junio de ese año, donde se señalaba que el presidente municipal de San Blas Atempa sustraía combustible de manera ilegal, desde un ducto que pasa por su  propiedad. 

Luego de tres meses de investigaciones,  un agente del Ministerio Público de la Federación del puerto de Salina Cruz determinó  “el no ejercicio de la acción penal” en su contra, aunque la carpeta quedó en resguardo del archivo temporal, cuyo delito prescribirá en abril de 2034.

El presidente municipal de San Blas Atempa, una pequeña comunidad de casi 20 mil habitantes que viven de la siembra,  está considerado como el dirigente de los alcaldes morenistas del Istmo de Tehuantepec.

A su lado, los ediles de Juchitán, Salina Cruz, Tehuantepec, Matías  Romero, El Espinal, entre otros trabajan en forma coordinada a favor de sus proyectos políticos y electorales de cara a las elecciones de 2021 y 2022, en las cuales estará en juego la gubernatura oaxaqueña.

'Nino', como le dicen  al edil blaseño sus compañeros, admite que es un empresario con éxito. Con la compra y venta de tractores agrícolas en desuso pudo hacerse de su patrimonio, que le permitió construir una gravera y adentrarse en un grupo empresarial que ganó la concesión para operar una gasolinera en Tehuantepec:  “No lo niego. Mis negocios son lícitos, a la vista de todos. No tengo nada que esconder”, comenta.

Hace cuatro años, en un largo proyecto político para que llegue la 4T en Oaxaca, fundó la organización Frente Unido de Comunidades Oaxaqueñas (FUCO), que el 31 de marzo del año pasado mostró su fortaleza al llenar el estadio de béisbol Campo Rojo, de Tehuantepec, que tiene capacidad para reunir a 20 mil personas: “Vamos por el 2021 y el 2022, por eso nos atacan y no ocultan sus propósitos”, afirma.

“Vamos a traer a la 4T a Oaxaca con el senador Salomón Jara Cruz”, sentencia 'Nino'.