Exhortan diputados a extinguir fideicomisos y destinar recursos a combatir pandemia

Los diputados de la 64 Legislatura del Congreso del Estado aprobaron un punto de acuerdo en el que exhortan al gobierno de Oaxaca, a su Poder Judicial y a los organismos autónomos, extinguir todos los fideicomisos públicos sin estructura orgánica.

El objetivo es que los recursos se reintegren a la Tesorería estatal y se destinen a atender las necesidades de salud, sociales y económicas derivadas de la pandemia por el Covid-19, que hasta el momento ha dejado 9 mil 928 casos confirmados y 887 muertes.

Según el documento aprobado, la discrecionalidad y opacidad con que son operados los fideicomisos, pueden desvirtuar su uso para el beneficio público, y orientarse a actos ilícitos y de corrupción.

“Por lo anterior, se solicitó al titular del Ejecutivo estatal emitir a la brevedad un decreto que instruya a las dependencias estatales a dar por terminados todos los fideicomisos sin mandatos o análogos de carácter estatal, en los que funjan como unidades responsables o mandantes”, señalaron en el exhorto.

Los legisladores también manifestaron su preocupación sobre la falta de datos exactos sobre el número de fideicomisos públicos administrados por instancias oficiales; además, señalaron que existe una carencia de información en cuanto a si hay una estructura orgánica y controles propios de vigilancia para asegurar su transparencia y rendición de cuentas sobre sus operaciones.

“Es así que la representación popular coincidió que existe preocupación de que los rezagos históricos de Oaxaca acumulen un mayor número de efectos por la pandemia, en perjuicio de la economía y la salud física y mental de la población. Esta previsión, debe obligar a los órganos del Poder Público de Oaxaca a implementar acciones para enfrentar tales efectos negativos”, indicaron.

Según los diputados locales, existe el mandato popular para vigilar que los recursos económicos de que disponga el gobierno estatal y los municipios, así como sus respectivas administraciones públicas paraestatales, “se administren con austeridad, planeación, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez”.

En el punto de acuerdo también exigen al Poder Ejecutivo, al Judicial y organismos autónomos, proporcionar transparencia en el manejo del erario estatal, y que los recursos recuperados puedan ser reprogramados y destinados al gasto social, “a favor de las mayorías con especial atención en los grupos vulnerables”.