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El programa LCS es cofinanciado por la Unión Europea y el gobierno mexicano, a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, los cuales destinaron el dinero al órgano garante, con la finalidad de poner en marcha políticas públicas y prácticas institucionales que mejoren la igualdad de oportunidades en el acceso a servicios de calidad, empleo, justicia, seguridad y derechos humanos que promuevan y aumenten el grado de cohesión social. Sin embargo hasta el momento no se ha transparentado ese recurso.
“El programa europeo, asignó en total una dotación financiera de dos millones 400 mil euros, y hasta donde tenemos información, el órgano de Transparencia de nuestro estado tuvo acceso a un recurso público en cofinanciamiento del Estado mexicano y la Unión Europea oscilante entre 140 mil euros hasta 350 mil euros, mismos que han sido manejados de manera discrecional y con total opacidad” denunció la diputada.
Agregó que en la desaparecida Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública --antecedente inmediato del IAIP-- aparecieron facturas apócrifas para justificar gastos de operación “o la repartición de cuotas entre los partidos políticos para la distribución de los cargos directivos que dieron como resultado un órgano atado a intereses de partidos políticos, e incluso la opacidad al no presentar a tiempo sus declaraciones patrimoniales”.
