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A ello se suma que el Tribunal Electoral impuso una multa al presidente municipal de Oaxaca de Juárez por 21 mil 720 pesos, y a la presidenta honoraria del DIF Municipal, Patricia Benfield, una sanción de mil 737.06 pesos.
El 28 de mayo pasado, Jaquelina Escamilla, entonces titular del organismo municipal encargado de las políticas de género, fue destituida de su cargo por no transmitir una conferencia afín a la “ola celeste”, con ponentes que rechazan el aborto legal aún en casos de violación que había sido rechazada por organizaciones feministas, que argumentaron que el derecho a decidir está avalado legalmente en Oaxaca desde el 25 de septiembre de 2019, por lo que las oaxaqueñas pueden practicarse un aborto hasta antes de la semana 12 de gestación.
Dos días después, el 30 de mayo, el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez informó de manera oficial a través de un comunicado que que el presidente municipal Oswaldo García Jarquín removió del cargo de directora del Instituto Municipal de la Mujer a Jaquelina Mariana Escamilla Villanueva.
El texto señalaba que la ex funcionaria “con su actuar vulneró el principio de objetividad de las y los servidores públicos municipales y el derecho humano de igualdad. Ante esta decisión, en todo momento observó el respeto irrestricto de sus derechos humanos”.
Luego de la destitución, Escamilla Villanueva denunció que recibió amenazas del edil y su esposa, Patricia Benfield, quien de manera publica se dice contraria al aborto legal, al igual que su marido.
La exfuncionario explicó que fue amedrentada por el munícipe, tras negarse a transmitir una ponencia “antiderechos”, titulada “Preservar la vida, la máxima necesidad en este tiempo”, que ponía en mesa de debate el derecho ganado de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Y agregó que sufrió acoso del edil y su esposa.
El caso fue presentado ante el Instituto Estatal Electoral de y Participación Ciudadana del Estado de Oaxaca (IEEPCO), recurso legal impugnado por el presidente municipal, por lo que se fue desechado por el IEEPCO, y escaló hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde se determinó que tanto el IEEPCO como el TEEO tenían atribuciones para emitir resoluciones sobre el caso.
Además, la disposición federal señala Jaquelina Escamilla, sienta un precedente para que funcionarias y mujeres que fueron designadas para un cargo y no electas, también puedan denunciar abusos de autoridad en una ruta legal y probada.
