“Debe reconocer García Jarquín que violó mis derechos”: extitular del IMM

Para Jaquelina Escamilla Villanueva, extitular del Instituto Municipal de la Mujer de Oaxaca de Juárez, los últimos dos meses han sido de incertidumbre y paciencia. 

El 28 de mayo pasado fue destituida por el edil  Oswaldo García Jarquín, acusada de “indisciplina” y señalada por “boicotear” la transmisión de una conferencia  contra el aborto legal en los canales en línea de la dependencia municipal que representaba.

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Lo anterior, luego de que grupos feministas condenaron que una instancia para protección de la mujer diera cabida a ponentes que se oponen al aborto hasta en casos de violación, pese a que es un tema legislado en la entidad. Finalmente, la charla no se transmitió y Escamilla Villanueva fue destituida.  

La ahora exfuncionaria interpuso recursos legales ante diferentes instancias, por los delitos de violencia política, abuso de poder, violación a los derechos laborales y  de género, tras haber sufrido amenazas e intimidación por parte del edil y su esposa, Patricia Benfield.

A dos meses, la entonces encargada de las políticas públicas a favor de la mujer sigue esperando,  pues intancias federales y estatales determinaron que le corresponde  al Instituto Estatal Electoral  y de Participación Ciudadana (IEEPCO) atender el caso.

Foto: Cortesía

Aunque desde que abandonó el cargo, las amenazas en su contra han cesado, Escamilla Villanueva confía en entrevista con EL UNIVERSAL, que el edil continuamente ha descalificado su trabajo de manera pública, lo que, sumado a  la emergencia sanitaria por Covid-19, le “dificulta la reintegración a un nuevo empleo”, lamenta.

 A su despido, agrega, se suma  el de  otros empleados municipales que formaban parte del equipo  a su cargo, a quienes  no se les renovó  el  contrato;  entre ellos personal  de la Casa de Medio Camino, que brinda atención a mujeres víctimas de violencia, dejándolos sin empleo en medio de la pandemia, pese a que el gobernador Alejandro Murat exhortó a los funcionarios a no despedir a trabajadores.

Respecto al día de su despido y al argumento de que   vulneró el derecho de réplica del grupo antiaborto   que presentaría una ponencia, ella  es contundente y afirma  que el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo es un derecho ganado y reconocido legalmente.

 “Como lo dicen las organizaciones y las estudiosas del tema: los derechos no se negocian”, dice.

¿Su caso, al ser contra un edil, puede sentar un precedente?

—Eso es lo que se busca, que se pueda juzgar a los presidentes municipales y a  autoridades que violentan a funcionarias... Deja ver muchas cosas, como la dilación con la que avanzan estos casos... pareciera  que no les importa la situación personal de las víctimas.

En Oaxaca falta mucho para avanzar en estos temas... por ello, este caso puede ser un parteaguas para que las funcionarias sepan qué camino seguir.

¿Qué busca lograr, si las instancias fallan a su favor?

—Una reparación del daño. Lo que yo quisiera es que no solamente lo diga el juez o el magistrado, que el mismo edil  tenga la valentía de reconocer que se equivocó y que vulneró mis derechos.

¿Es algo común la violencia contra funcionarias?

—En los últimos meses he conocido otros casos en los que otras mujeres han padecido el abuso de autoridad. Estoy convencida de que todas las mujeres que han sido agredidas buscan que el agresor reconozca sus actos, para con ello evitar que se repitan situaciones como ésta. 

El 15 de julio, Graciela Calvo Navarrete fue nombrada directora del IMM. Una semana después, las integrantes del Consejo Consultivo para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres del IMM informaron su renuncia al cargo honorífico, pues no fueron consultadas sobre la destitución de Escamilla Villanueva.