Aprueban dictamen que garantiza paridad de género en magistraturas del Tribunal de Justicia de Oaxaca
Establece que se debe remitir al gobernador de Oaxaca en turno una lista que contenga ocho candidaturas por cada vacante declarada en los términos del artículo 102 de la Constitución local
Oaxaca de Juárez.- Las comisiones permanentes unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Administración Pública de la 64 Legislatura del Congreso de Oaxaca aprobaron reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado para garantizar la paridad de género en las magistraturas.
Una de las modificaciones fue realizada al artículo 52 de la Ley Orgánica para establecer que debe verificarse el cumplimiento de los requisitos de ley de las personas aspirantes a una magistratura en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, adoptar las medidas afirmativas para lograr la paridad de género en las magistraturas y aplicar el examen de oposición para las candidaturas a ocupar los cargos de magistraturas.
Asimismo, establece que se debe remitir al gobernador de Oaxaca en turno una lista que contenga ocho candidaturas por cada vacante declarada en los términos del artículo 102 de la Constitución local.
En el artículo 39 se adiciona que el gobernador mantiene sus facultades en la designación de las magistraturas, pero debe garantizar la paridad de género.
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El dictamen precisa que las reformas pretenden incorporar que se garantice el principio de paridad de género, consagrado en el marco jurídico estatal como un mandato constitucional, en el caso concreto de forma específica dentro de las atribuciones que le son conferidas al pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
“Estas comisiones dictaminadoras comparten la necesidad de incorporar mecanismos como lo es el principio de paridad de género entendida como una acción institucional que propicia la participación equilibrada de hombres y mujeres en los espacios de toma de decisiones en todas las esferas de la vida (políticas, económicas y sociales”.
Además, sostiene que se busca que con ello se refleje mejor la composición de la sociedad y se garanticen los intereses de las mujeres en la elaboración de las políticas públicas y de forma específica en las instituciones de gobierno, “no siendo la excepción en la composición de los órganos jurisdiccionales encargados de impartir justicia”.
